Artículo publicado en el diario Clarín el 18/07/2023
Los documentos evidencian que, deliberadamente, las instituciones han negado y/o simulado el esclarecimiento del ataque a la AMIA para sostener intereses geopolíticos nacionales e internacionales ajenos a la Verdad y la Justicia.
El ataque sufrido hace 29 años en la AMIA no fue esclarecido por las políticas de Estado ni encontró remedio en las promesas de “Verdad y Justicia” que todos los gobiernos hicieron. Fueron años de lucha contra el encubrimiento oficial. Buscamos el esclarecimiento fundado en el debate de evidencias y archivos oficiales, no en relatos ni fabricación de pruebas. Así logramos pequeños grandes avances.
Aún es difícil admitir como sociedad que padecemos un acuerdo político para no saber, no investigar y mantener en tinieblas la verdad sobre por qué se cometió este crimen de Estado, el más importante desde el comienzo del régimen democrático próximo a cumplir 40 años.
Las alianzas que compiten por llegar al gobierno evitan ser salpicadas por su responsabilidad en este acuerdo para eludir la verdad. Pero ninguna de ellas impulsa una investigación del caso, ni aun sabiendo que la Corte Interamericana condenará en breve al Estado nacional que reconoció su responsabilidad encubridora y la falta de justicia en dos oportunidades (2005y 2022).
Los principales bloques del Congreso, de “derechas” a “izquierdas”, rehúsan formar una Comisión Investigadora, mientras el juez reconoció no tener la fuerza política necesaria para hacerse cargo de realizar una investigación seria que la Unidad Fiscal no logra aparentar. Es el punto final al discurso del Estado que presenta la política de Derechos Humanos como su razón de ser y misión institucional.
También es difícil admitir que los documentos secretos del Estado, desclasificados hace años, revelan la colaboración internacional de Estados Unidos, Israel y otros países de la OTAN, para desviar cualquier responsabilidad local en la comisión del crimen y construir culpables del ataque entre los musulmanes.
Los sucesivos gobiernos imaginaron que esta política colocaba al país a la vanguardia de un nuevo Orden Global que debía ir a la guerra contra el terrorismo para reemplazar la vieja lucha contra el comunismo.
Las instituciones del Estado democrático se comprometieron con este planteo que las vincula al pasado. Sus maniobras de tantos años nos alejaron de la Verdad y dan cuenta de la profundidad de la crisis que sigue arrastrándonos.
Los archivos oficiales también revelan la trama y la evolución de las negociaciones internacionales que explican el ataque y su encubrimiento. Al inicio, se reconoció la existencia de una conexión local enquistada en las filas de Defensa y Seguridad. Más tarde, los Fiscales –desde Nisman para acá- se encargaron de diluirla, convirtiéndola en una conexión de amigos o parientes locales de sospechosos extranjeros.
Por último, el informe de Israel (07/2022) abandonó cualquier reclamo anterior. Ahora no ven responsabilidad alguna del Estado nacional ni de sus ciudadanos: amnistiaron a la conexión local. Mientras tanto, la DAIA sigue de campaña por una ley de “juicio en ausencia” para sellar los acuerdos entre Estados.
Los documentos evidencian que, deliberadamente, las instituciones han negado y/o simulado el esclarecimiento del ataque a la AMIA para sostener intereses geopolíticos nacionales e internacionales ajenos a la Verdad y la Justicia. Fueron las instituciones las que consintieron el ataque y su encubrimiento y se niegan a una investigación real.
Los diputados votaron un proyecto de ley perverso: poner la bandera a media asta en nombre del luto por las víctimas, cuando expresamente defienden las políticas de todos los gobiernos desde hace 29 años y su alineamiento internacional.
Así bajaron las banderas del esclarecimiento, la Verdad y la Justicia. En las actuales condiciones, solo una investigación independiente podrá explicar lo elemental y necesario: qué papel jugó el Estado nacional en el crimen y porqué siguen protegiendo a los responsables.
Asociación Por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA