Buenos Aires, 12/12/2019
La presión de Israel y la dirección judía local para imponerle al nuevo gobierno su rumbo y política, acusar a Hezbollah por la voladura de la AMIA y vetar a quien era candidata a Ministra, no pudo esperar siquiera la asunción de Alberto Fernández. La escalada trepó hasta cancelar el viaje de la delegación oficial israelí prevista para saludar al nuevo presidente.
Tanto la Cancillería de Israel como la DAIA presionaron para mantener un registro contra el “lavado de activos” – conocido como decreto contra Hezbollah- como centro de la preocupación por la seguridad nacional.
Dijeron que "Es un paso necesario para la lucha contra el terrorismo internacional” (La Nación 05/12) y que “la justicia argentina determinó que (los atentados) fueron ejecutados por Hezbollah, lo que fue corroborado por nuestra Corte Suprema" (Clarín 04/12/19). En el mismo sentido intervino el titular de la UIF, Mariano Federici, al participar del XVI Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad junto al hijo del Presidente de Brasil, Eduardo Bolsonaro.
Invocar como principio de “verdad” la autoridad de la Corte, los jueces o las instituciones del Estado, es una falacia. Además, tampoco es cierto que la Corte haya “corroborado” nada.
Ni el juez de la causa ni la Corte Suprema determinaron que Hezbollah fuera el autor del ataque a la AMIA. La versión que los acusa junto a Irán de ser responsables del atentado la fabricaron Israel y el Estado argentino a pocas horas de ocurrido el crimen, cuando acordaron en riguroso secreto acusar al “terrorismo internacional” y sostener una versión común de los hechos. Lo hicieron mucho antes de que se conocieran las evidencias de la responsabilidad local. De esto sí hay muchas pruebas y no sólo informes acomodados de Inteligencia local y extranjera.
Estas versiones aún se mantienen en pie no por su condición de verdad ni de seriedad, sino gracias al acuerdo político profundo entre ambos Estados, sostenidas también en el lobby local, las operaciones judiciales y mediáticas.
El decreto de Macri contra Hezbollah y el llamado terrorismo internacional -que Israel y los Estados Unidos quieren preservar- es la manifestación tardía de una alianza que, con acuerdos más o menos sólidos, con marchas y contramarchas, se tejió a lo largo de 25 años.
Puso al Estado argentino en línea con las “nuevas amenazas” definidas por el Pentágono y la OTAN y, de paso, lo excusó de cualquier responsabilidad en la comisión del atentado.
Fue, al mismo tiempo, un aporte para estructurar la política internacional del Estado nacional junto a sus socios y el resultado de tantos años de impunidad.
Presentarlo como un aporte a la investigación –como pretende la cancillería de Israel- o como el supuesto resultado de una investigación de los atentados –al decir de la DAIA- es una infamia, un desprecio por la verdad.
Después de casi siete años de debates y dos juicios, el Tribunal Oral que juzgó el encubrimiento concluyó que “el Estado Argentino ha reconocido su responsabilidad por el atentado que tuvo lugar en la sede de la AMIA/DAIA” (Fundamentos de la Sentencia, 03/05/19, págs. 223/4). Quedó probada la responsabilidad de altos funcionarios del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial en una maniobra global de encubrimiento. Aunque parezca un chiste, hay que reiterar que el ex juez, los ex fiscales, los ex jefes de la SIDE y policías no fueron condenados por ser agentes de Irán o Hezbollah. Fueron condenados por el encubrimiento del atentado que organizó el Estado nacional.
Pero hasta hoy, la política de Estado no cambió ni está a la altura de esa condena.
Aún sin referirse en concreto al caso AMIA, el Presidente Fernández prometió que va a combatir las operaciones políticas que involucraron a los Servicios de Inteligencia, a jueces y medios.
¿Lo hará también para facilitar la investigación del atentado a la AMIA? El Poder Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial pasaron casi 26 años haciendo operaciones y maniobras de todo tipo mientras las pruebas que revelan el involucramiento del Estado en el crimen están celosamente protegidas en archivos aún secretos.
La presión de Estados Unidos e Israel sobre el nuevo gobierno para continuar con el “alineamiento internacional” tiene como contracara la impunidad de este crimen de terrorismo de Estado cometido en democracia.
Derogar o no el decreto no es inocente ni inocuo… Es una señal y una definición sobre los límites que el gobierno tendría para terminar con esas “operaciones políticas”.
Investigar el atentado y terminar con la impunidad no es todavía ni una declaración ni un compromiso del nuevo gobierno. Es una deuda que el Estado tiene para con toda la sociedad, no sólo para con los familiares de las víctimas.
Los antecedentes de tantos años no permiten ser optimistas respecto del futuro de las intenciones del gobierno. Pero si el Presidente Fernández realmente quiere terminar con las “apretadas” y operaciones locales o internacionales, tiene una oportunidad formidable.
Se trata de constituir una Comisión Investigadora Independiente en el Congreso nacional como ya la apoyaron muchos diputados de los distintos bloques. Una Comisión integrada por personalidades intachables del quehacer político, cultural, de derechos humanos, junto a familiares de las víctimas, que con los archivos secretos y pruebas en su poder, pueda comenzar de una vez por todas una investigación integral del crimen de la AMIA.
Una Comisión Investigadora como la propuesta ayudará a consolidar una política nacional independiente.
NOTA: Publicado en diario Clarín del 12/12/2019 en formato on line. Ver:
En la edición impresa de Clarín del mismo día, en la página 31, se publicó una versión editada de este artículo.
