Hoy,
cuando se cumplen 19 años de la masacre impune de la AMIA, nos proponemos
compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la situación actual de este
tema.
Sin
duda alguna, este ha sido un año de decisiones importantes en relación a la
causa AMIA. El Estado argentino se propuso poner “punto final” a la persecución
de una conexión internacional que el propio gobierno de los Kirchner promovió durante
los últimos diez años.
Si
tenemos en cuenta que el Memorando firmado con Irán no termina por satisfacer
ni siquiera a aquellos que lo apoyan, podemos entender la confusión y hasta el desánimo generalizados que afectan
a los familiares y amigos de las víctimas y a toda la ciudadanía que acompaña
el reclamo de verdad y justicia en este nuevo aniversario.
¿Y
cómo podría ser de otra manera? Después de diez años de articular todas las maniobras
que presentó como “avances” en la búsqueda de la verdad y la justicia, el
gobierno no puede mostrar ningún éxito. Fueron diez años de maniobras en los
que primero abandonaron la persecución de cualquier conexión local del
atentado, y ahora, tras el acuerdo firmado con Irán, se preparan para abandonar
lo único que armaron en este tiempo: la persecución de una supuesta conexión
internacional, sin haber mostrado prueba alguna. Por eso el gobierno prefiere
no abrir la boca en este nuevo aniversario.
El resultado final es una
“década ganada” para la impunidad de los asesinos y encubridores de la masacre de
la AMIA.
Durante
esta década el gobierno nacional prometió terminar con la “vergüenza nacional”
de la investigación del atentado, prometió juzgar a los responsables del
encubrimiento, prometió futuros juicios
después del juicio oral fraudulento, prometió una solución jurídica basada en
los términos de la legislación nacional y hasta prometió que la Argentina no
iba a ser “una pieza de ajedrez del tablero geopolítico de las grandes
potencias”. No cumplió con nada. Y si durante esta década pudo sostener y
renovar todas estas promesas incumplidas, fue gracias al apoyo militante de
AMIA y DAIA y de algunos familiares de las víctimas, también artífices de la
confusión reinante.
Los
últimos dos aportes para tanta confusión deliberada, lo constituyen el
Memorando firmado con Irán y el más reciente Dictamen del fiscal Nisman,
defendidos por el gobierno y las direcciones de DAIA y AMIA, respectivamente.
Es necesario que volvamos sobre ellos para analizarlos una vez más y poder
explicar en qué se parecen, en qué se diferencian y cómo se complementan para
sostener el encubrimiento y la impunidad vigentes.
En
enero pasado, en el debate sobre el Memorando, el gobierno reconoció que
llevaba por lo menos dos años negociando cómo terminar con el tema AMIA.
Primero lo hizo en secreto bajo el amparo y patrocinio de las principales
potencias mundiales y, después, en el marco de las Naciones Unidas, con el
único objeto de lograr un acuerdo político con Irán que, en nombre del esclarecimiento
del atentado, fuera a superar lo que la Presidenta calificó como la “farsa” de
las políticas del Estado nacional en los últimos años.
Como
si fuera ajena a esa farsa, la Presidenta nos impuso una Ley que no destrabó
ninguna causa judicial en trámite y que no presenta ninguna ventaja para
conocer la verdad.
¿Por
qué? Porque el Memorando no obliga a las partes a nada. Las partes se pondrían
de acuerdo en designar a notables que evaluarán lo que se presente ante ellos y
emitirán una opinión que, sin duda, será vinculante “de hecho”, si no “de
derecho”, para ambos Estados. No es cierto que el acuerdo garantice el derecho
de debido proceso legal, como afirmó la Presidenta, ya que no se designarán
jueces, y aún discuten si habrá indagatorias. La Comisión de notables no tiene
facultades ni para investigar ni para juzgar pero, curiosamente, tendrá acceso
reservado a las pruebas y a la documentación que las respalden.
En
este punto, tanto el gobierno de Cristina Kirchner como el fiscal Nisman están
en un todo de acuerdo: se empeñan en ocultar los archivos secretos a los
familiares de las víctimas mientras se los entregan en bandeja a un grupo de
“notables” que dirimirán, también en secreto, sus acuerdos y sus diferencias a
miles de kilómetros de distancia de donde pusieron la bomba.
De esta manera el gobierno que por decreto, en nombre del Estado, se
reconoció encubridor del atentado a la AMIA (Decreto 812/2005), no sólo seguirá
ocultando la participación criminal del Estado argentino, sino que tampoco
esclarecerá el hipotético involucramiento del Estado iraní o el de sus
funcionarios.
Para ambas cosas, necesitan garantizar la
continuidad de los secretos de Estado.
Por todo ésto, el Memorando es el instrumento del gobierno de Cristina Kirchner para levantar la acusación contra Irán después
de diez años de haberlo incriminado.
El gobierno argentino es consciente de los
límites insalvables de esta ley para avanzar hacia la verdad y el
esclarecimiento. Pero cuando dice que si el acuerdo no resulta, todo queda como
está, miente una vez más.
No es cierto que todo vaya a quedar como está,
como sostienen Timerman y Burstein. Será peor. Porque se la van a pasar años discutiendo
la constitucionalidad o no de una ley que no sirve para avanzar en nada ni para
castigar a nadie, mientras el Estado renuncia formalmente a su obligación de
ejercer la persecución penal de los responsables.
Mientras nos martillan la conciencia con
promesas de futuras reformas del aparato judicial sin sacar ninguna conclusión
de la impunidad de estos diez años, del fracaso de sus intentos previos de
reformas judiciales y de la actuación de los “jueces probos” que designaron,
van a garantizar una década más de impunidad.
Y a este resultado se llegó después de
haber puesto la causa AMIA al servicio de los intereses de las grandes
potencias e Israel en Medio Oriente. Hasta ayer, el Estado argentino aportó la
causa AMIA al servicio de la guerra contra Irán y contra el “Eje del Mal”. Y
desde la firma del Memorando, al servicio de una negociación que las mismas potencias
tienen con Irán para planificar los destinos políticos y económicos del
planeta.
Hay que tener presente que ni Estados
Unidos ni Europa acusan al régimen iraní del atentado a la AMIA a la hora de
amenazar o de negociar con Teherán
Para completar el cuadro actual, hay
que decir que otro aporte a la confusión lo
hizo el fiscal Nisman con su dictamen.
El dictamen fue exigido como un
ultimátum por las direcciones de AMIA y DAIA que hicieron de este informe el
eje de su diferenciación política del gobierno, amenazándolo con llevar
adelante una batalla judicial (nacional e internacional) para trabar su acción
política.
Se mostraron desilusionados cuando el
acuerdo firmado con Irán no fue de su entera satisfacción ni de la embajada
israelí, pese a haber acompañado al gobierno en la preparación del mismo.
El
dictamen no se destaca por ser un análisis jurídico. Para el fiscal, se trata
de una “resignificación” de sus valoraciones anteriores sobre Irán y de un autoelogio
por los trabajos realizados durante los últimos nueve años, donde ratifica que
todos los aspectos materiales e intelectuales del atentado están resueltos con
la única intención de mostrar que nunca hubo conexión local y que no hay
impunidad.
Sus
500 fojas son un conjunto de inferencias y suposiciones forzadas, basadas en
informes jurídicos y de inteligencia del gobierno de Obama, que no demuestran
nada que pudiera tener alguna relación con la voladura de la AMIA.
Por
otra parte, hay dos temas para destacar. El primero es que Nisman reconoce la existencia de más de 1700 carpetas con información
recogida por la entonces Secretaría de Inteligencia de Estado que hasta el
día de hoy las mantiene en secreto. Este es un dato para que tomen nota quienes
todavía se atreven a afirmar que los archivos están abiertos o en algún
complejo proceso de desclasificación.
El
segundo aspecto es que, aunque no se lo haya propuesto, Nisman presenta a Irán
de manera banal. Pareciera que lo hubiese afectado el descubrir que el sentido
mismo de cualquier embajada es albergar servicios de inteligencia extranjeros
en el país huésped. Su presentación sobre el supuesto trabajo de servicios
iraníes en la región y en la Argentina sólo sirve para exculpar a los servicios
internacionales y argentinos en, al menos, el encubrimiento del atentado. Basta
con recordar que los principales servicios de inteligencia regionales e
internacionales estuvieron presentes en nuestro país inmediatamente después del
atentado. Ninguno de ellos acusó a Irán por la comisión del crimen. Pero lo que
es aún peor, todos ellos se cuidaron de formular alguna acusación sobre la
responsabilidad de los servicios de inteligencia locales, facilitando así el
ingreso de Argentina en su nueva condición de “aliado extra OTAN”, después de
haberse cometido los atentados terroristas contra la Embajada de Israel, la
AMIA y la Fábrica Militar de Río Tercero.
Una
consideración final: el
fiscal tuvo un desafortunado sentido de la oportunidad. Presentó su trabajo
justo un par de semanas antes de que Snowden provocara un escándalo
internacional al denunciar la ilegalidad del espionaje norteamericano en todo
el mundo. Y a Nisman se le ocurrió fundamentar su dictamen y darle carácter de
“prueba jurídica”, a esos informes de inteligencia que los espías de la CIA, el
FBI y la NSA hicieron en América Latina durante los últimos años!
A
nivel local, en estos días, tanto el acuerdo con Irán como el informe
de Nisman han adquirido una relevancia política impensada. Según informaciones
de prensa, serían el origen de las recientes disputas entre la SIDE y el
gobierno nacional. Toda una demostración de que siguen manipulando el tema AMIA
y los archivos que aún mantienen en secreto, al servicio de cualquier propósito
ajeno al esclarecimiento de la masacre y el castigo a los responsables.
Definitivamente,
esta fue una década perdida para conocer la verdad y para el castigo a los
culpables.
En
este contexto, las consignas convocantes de los actos de este 18 de julio están
vaciadas de contenido y, por ende, no colaboran para tratar de superar la
confusión impuesta por el gobierno y alimentada por la dirección judía y
algunos familiares de las víctimas.
AMIA
y DAIA apelan al marketing o a sus interpretaciones sobre materias de ética y moral,
para decir que “la herida sigue abierta”. Ninguno de ellos denuncia que es la
impunidad de las políticas que ellos acompañaron y aún promueven, la que está
en el origen de las heridas, y que es eso lo que nos hiere. No confrontan con
las políticas del Estado; las complementan.
19
años después, es la impunidad en la
masacre de la AMIA la que sigue abierta y atraviesa a todo el pueblo argentino.
Porque es parte de la impunidad de hoy, como son los crímenes políticos
irresueltos de la desaparición de Jorge Julio López y el asesinato de Silvia
Suppo. Es parte de la impunidad de hoy, que ya se cobró las vidas de tantos
jóvenes luchadores, como Maximiliano Kosteki, Darío Santillán, Carlos Fuentealba
y Mariano Ferreyra, entre otros. Es parte de la impunidad de hoy, cuando los
negocios y la corrupción matan en Cromañón y en Once.
19
años tampoco significan “19 atentados a la justicia”, como propagandizó Memoria
Activa. Con las experiencias vividas por nuestro pueblo y lo que llevamos
dicho, todo el mundo sabe que es el Poder Judicial el que conspira contra la
justicia, contra la verdad y contra todos nosotros. Por eso hay impunidad.
El
gobierno nos ha colocado en una situación muy difícil. De mantenerse esta
dirección, no sólo no avanzaremos un paso sino que se puede consagrar otra década
de impunidad en el crimen de nuestros familiares y amigos en la AMIA.
Alimentando
tanta confusión, el gobierno de Kirchner pone en duda hasta la posibilidad
misma de que algún día se pueda satisfacer el reclamo de verdad y justicia.
Sin
ofrecer una propuesta diferente y superadora, estaremos incapacitados para
producir hechos diferentes.
Para
alcanzar la verdad y hacer justicia, tenemos que cambiar de rumbo. Tenemos que
cambiar de política.
Si
de verdad se quiere esclarecer el atentado y perseguir a todos los responsables,
es indispensable la apertura inmediata de los archivos secretos en poder del
Estado, que siguen cerrados como el mismo fiscal reconoció, pese a las mentiras
oficiales que dicen haberlos abierto.
La
exigencia de apertura de los archivos secretos y su entrega a una Comisión
Investigadora Independiente es un reclamo que apunta al corazón del aparato del
Estado como punto de partida para conocer toda la verdad de los crímenes
políticos que el mismo Estado comete y encubre.
Es
indispensable constituir una Comisión Investigadora Independiente, una Comisión
que investigue la verdad de las responsabilidades criminales y encubridoras del
Estado nacional y de sus socios internacionales.
Una
Comisión Investigadora Independiente del Estado, constituida por reconocidas
figuras nacionales e internacionales, con las más amplias representaciones
políticas, parlamentarias, sociales, académicas y de los organismos de derechos
humanos.
Imaginamos
una Comisión que tenga acceso irrestricto a esos archivos secretos para su
estudio, como única salida para conocer la verdad e impulsar el juicio y castigo
a todos los culpables. Con sus aportes y resultados, podremos promover
una acción penal legítima para condenar a todos los culpables, desarmar el
aparato criminal del Estado, y no generar nuevas maniobras de encubrimiento.
Esta
propuesta no es improvisada. Se basa en las mejores tradiciones nacionales e internacionales.
Es el reclamo de las organizaciones de víctimas del Terrorismo de Estado, de los
organismos del Encuentro Memoria Verdad y Justicia, de los familiares de las
víctimas de la masacre del Puente Pueyrredón, de los familiares de las víctimas
de la masacre de Río Tercero, que reclamamos desde hace años la apertura de los
archivos secretos de la dictadura, tanto como los del Servicio de Inteligencia del
Estado durante la democracia. El reclamo
adquiere hoy una nueva dimensión.
De
que podamos lograrlo colectivamente, depende que podamos avanzar, que hagamos y
disfrutemos de la Justicia, superando en la realidad lo que hoy es el reclamo
generalizado de “verdad y justicia”. O que prolonguemos la letanía cual canción
que es, a la espera de que el tono y la letra del reclamo otros prometan
realizarlo en nuestro nombre.
Cuando
empezamos a transitar los 20 años de impunidad, los invitamos a todos ustedes a
discutir estas ideas, a hacer vuestros propios aportes para dar cumplimiento a
nuestros mejores anhelos compartidos: Verdad, Justicia y Castigo para todos los
culpables de la masacre impune de la AMIA.
No al “punto final”
en la masacre de la AMIA!
El Estado Argentino
es el responsable del encubrimiento y la impunidad!
Inmediata apertura
de los archivos secretos de la SIDE y de todas las fuerzas de seguridad!
Por una Comisión
Investigadora Independiente