DISCURSO 18-07-06

Hoy… al cumplirse 12 años del atentado en la calle Pasteur, levantamos esta tribuna para denunciar que con el actual gobierno continúan la impunidad y el encubrimiento de los responsables de esta masacre que se cobró la vida de nuestros familiares y amigos en la AMIA. Lo hacemos en circunstancias muy especiales: en estos días se refuerzan las maniobras nacionales e internacionales que ponen al Estado argentino tras las políticas de Bush, Blair y Olmert.


Tenemos el orgullo de poder compartir nuestra tribuna con quienes confrontan día a día las mentiras y la criminalidad del aparato estatal y denuncian una a una las promesas gubernamentales que nunca son satisfechas.

En estos familiares y amigos de las víctimas de muchas otras causas aún impunes, se simbolizan luchas que envuelven y se entrecruzan con la lucha por el esclarecimiento de la masacre de la AMIA. Sus triunfos también son los nuestros, porque, aunque alguna vez parezcan insuficientes, marcan un camino y un método ejemplares en la lucha contra la impunidad en nuestro país.
Con este orgullo y con este acompañamiento, tenemos la obligación de advertir a todo el pueblo argentino que en manos de este gobierno la causa AMIA marcha hacia su prescripción, lo que significará un duro golpe para la causa de todas las luchas por los derechos humanos en nuestro país.
Las circunstancias de este nuevo aniversario son más graves aún que en años anteriores. Las políticas del gobierno de Kirchner y las de sus socios locales e internacionales agravan la impunidad, el encubrimiento y confunden deliberadamente a toda la población.
El actual Ministro de Justicia, el mismo hombre que sirvió a Menem, a Duhalde y a Ruckauf como vice Ministro de Interior, tuvo la osadía de reconocer que la causa AMIA va hacia la prescripción y al mismo tiempo afirmó que hay “avances en la investigación” y que el gobierno es querellante contra los encubridores.
Qué coraje!
¿De qué avances habla Sr. Ministro?
¿Puede alguien creer que los mismos hombres que indultaron a los Videla y Massera, que sostuvieron a Galeano y Anzorreguy, que pagaron a Telleldín por su silencio y que aún ratifican a los jueces de la “servilleta” como Bonadío… puede alguien creer que con esta gente se avanza en algo diferente a ratificar un pacto de impunidad?
¿Puede alguien pensar que satisfaciendo las demandas de DAIA y AMIA, cómplices del Estado en todas sus maniobras nacionales o internacionales, se avanzaría un paso, por pequeño que fuese, en el esclarecimiento y en el quiebre del pacto de impunidad?

A diferencia del pasado, para este aniversario el gobierno Kirchner ni siquiera pudo hacer un anuncio que sembrara alguna ilusión a la medida de lo que llama “un avance”.
A diferencia del pasado, para este aniversario el espacio de los anuncios que no llena el gobierno lo ocupan el embajador de Israel en Argentina y los integrantes del Congreso Judío Mundial que vinieron a Buenos Aires.
Sin aportar ninguna prueba, vinieron directamente a ratificarle al gobierno sus demandas de acusar a Irán, a Siria y a Hezbollah del crimen de AMIA y dar por terminada cualquier investigación de la “conexión local” de los asesinos y de los encubridores que pudiera incriminar al Estado argentino y a sus socios internacionales en este crimen de terrorismo de Estado. Vinieron a exigir un paso más en la estrategia compartida con el gobierno nacional de usar la causa AMIA como excusa para comprometerse en la estrategia mundial contra el llamado “eje del Mal”.
Compartiendo las políticas de Bush, Blair y Olmert, este gobierno que prometió terminar con la vergüenza nacional del encubrimiento de los criminales y con las “irregularidades” de la causa AMIA, entrega en bandeja cualquier posibilidad de investigación, y termina consagrando la impunidad en esta masacre llevado por las necesidades de sus socios que -nacional e internacionalmente- le cubren las espaldas.
Al poner la causa AMIA al servicio de la política del Estado de Israel, el gobierno nacional consolida el mismo camino que abrió Menem, cuando le mandó sus condolencias por esta masacre al Primer Ministro israelí.
Por eso el gobierno no tiene nada para mostrar. Por eso no puede hacer ningún anuncio ni estar siquiera presente en el acto oficial.
Por eso Kirchner mantiene la boca cerrada frente a la magnitud y la criminalidad de las acciones terroristas del Estado de Israel en Gaza y en el Líbano.
Nosotros no estamos de acuerdo en poner la causa AMIA al servicio de esta política de guerra y agresión.
Nosotros nos solidarizamos con las víctimas de tamaña agresión y como víctimas del terrorismo del Estado nacional en AMIA, denunciamos que la política del gobierno argentino permite que la “solución final” de la causa AMIA quede en manos de estos genocidas!

Ahora, el alineamiento internacional con las estrategias de Estados Unidos e Israel le impide al Estado nacional cualquier posibilidad de avanzar en la investigación y esclarecimiento de la masacre de la AMIA.
Aunque en este aniversario la dirección de DAIA/AMIA y del Congreso Judío Mundial parecen confrontar con el gobierno, los acuerdos políticos logrados garantizan la continuidad del mutuo encubrimiento y de las “relaciones carnales” entre los socios.

¡Si estos son los socios internacionales que lo apoyan … Qué clase de “avances” podemos esperar del gobierno de Kirchner?

El último intento que hizo por mostrar algo novedoso fue hace 10 meses, cuando el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones, Alberto Nisman, anunció haber identificado al conductor suicida que se habría inmolado en la AMIA.
El juez Canicoba Corral –a cargo de la causa llamada “AMIA residual”- aprovechó los anuncios para reivindicar abiertamente no sólo a los fiscales y su equipo, sino también al ex juez Galeano. La asociación no fue inocente ni casual…
El fiscal construyó las pruebas como antes lo hacían Galeano y sus socios, jefes del mismísimo Nisman durante el juicio oral que consagró la impunidad.
Nisman jugaba con las palabras presentando sus certezas como “pruebas”, después de reconocer que no pasaban de ser “inferencias” que surgían de la declaración de un hermano del suicida que “nunca había dicho que su hermano participó en el ataque contra la sede de la AMIA”… La estafa no duró ni 24 hs..
Pero hace pocos días, DAIA y AMIA lo alentaron a mantener en secreto sus investigaciones y hoy mismo le reclamaron rapidez y resultados. Después de 12 años y con el apoyo del FBI y el Mossad, el gobierno y el fiscal siguen conspirando en silencio, buscando alguna prueba que señale la participación de alguien que tenga el perfil de un terrorista internacional para incriminarlo en el ataque a la AMIA.
Aún si aceptáramos las conclusiones del fiscal, no avanzaríamos un milímetro en el esclarecimiento del atentado, porque “certificar” el nombre y la culpa del muerto no aclara el carácter de los vínculos entre el Estado nacional y el grupo político al que habría pertenecido el atacante. Nada nos dice acerca de cómo hizo ese joven que no hablaba español para coordinar su acción criminal y el uso de helicópteros, explosivos y vehículos, con la no menos criminal participación de la Policía Federal, de la Bonaerense, de la SIDE, y de los funcionarios de los tres poderes del Estado, tibiamente aludidos en el fallo de los jueces del Tribunal Oral que liberó a Telleldín, a Ribelli, y que lavó la cara de la Policía Bonaerense.
No sólo no avanzaríamos un milímetro en el esclarecimiento: retrocederíamos brutalmente, porque con el “responsable” muerto se cierran las actuaciones y –de paso- el Estado se ahorra tener que declarar la prescripción de la acción penal o reconocer el atentado como un crimen del terrorismo de Estado en nuestro país.
Si el fiscal Nisman creyera en sus propias investigaciones debería inculpar al Estado nacional que necesariamente dio cobertura criminal a la acción terrorista, y que ya reconoció que -al menos- le dio cobertura jurídica, cuando el mismo Nisman era miembro del equipo de fiscales que sostuvo la impunidad. Tampoco aclara si, ahora que conoce la identidad del muerto, el fiscal piensa perseguir la confesada y probada responsabilidad de los funcionarios de Estado.
Así, el gobierno intentó minimizar la participación del Estado argentino, que ya se había reconocido como “encubridor agravado”, y reforzar la conexión internacional a pedido de sus socios encubridores.
El Estado sostiene a Nisman con los mismos argumentos con los cuales hasta ayer sostenía a Galeano: el resultado de las investigaciones sobre la conexión internacional se mantiene en secreto para defender el supuesto éxito de las mismas.
Lo único que logran por este camino, es repetir el fracaso.
Lo hacen para proteger a los encubridores y exculparse a sí mismos de su responsabilidad criminal en el ataque.

Es imprescindible reflexionar alrededor de estas ideas para comprender que la masacre de la AMIA no fue el producto de un solitario hombre-bomba suicida, sino el producto de los intereses y vínculos políticos entre los Estados.

Si el gobierno, la DAIA, la AMIA y Memoria Activa pueden mostrar como avances los mismos métodos del pasado… entonces siguen la impunidad y el encubrimiento!!

En el último año, trataron de mostrarse activos en la persecución de Galeano, presentado como el gran responsable del encubrimiento y de la impunidad. El Consejo de la Magistratura se las arregló para entregar su cabeza y, al mismo tiempo, rechazar el 90% de los cargos en su contra. Galeano fue acusado por el único delito que nunca pudo haber cometido en soledad: el pago de los u$s 400.000 a un imputado hacía imprescindible contar con el apoyo político y material de los tres poderes del Estado.
El pago a Telleldín fue la evidencia del acuerdo entre el Estado nacional y los criminales para que ni los “mandantes” ni los “mandados” sean condenados por nada.
Denunciamos públicamente que el actual Ministro de Justicia, Dr. Iribarne, pretende mostrarse del lado de la persecución a Galeano, cuando en realidad es uno de los responsables ideológicos y materiales del encubrimiento.

Desde 1994, Iribarne conocía el decreto que este gobierno aún mantiene en secreto y que autorizaba ese pago. Lo conocía porque como vice Ministro del Interior de Carlos Menem, fue uno de los responsables ideológicos de ese decreto al que aún hoy sigue considerando legítimo.
Ahora… el ex juez Galeano invoca en su propia defensa la “legalidad” de ese mismo decreto secreto que el Ministro aún defiende y que Kirchner no derogó.
Que Galeano y los fiscales todavía no hayan terminado presos nos permite intuir que la solidaridad de sus ex colegas del Poder Judicial los dejará finalmente en libertad.
Entonces… No persiguen a los criminales ni a los encubridores…Por eso no pueden hacer ningún anuncio.
Los avances del gobierno son contrarios a la verdad y a cualquier investigación seria.


Con los archivos secretos cerrados, el gobierno y sus socios creen tener un motivo para alegrarse. Hablan de “seriedad” y de “progresos” en la “judicialización” de lo producido por la SIDE y por los servicios de inteligencia extranjeros.
Los jueces no pudieron evitar la abrumadora evidencia de la acción delictiva de los tres poderes del Estado y de su Servicio de Inteligencia, aunque se propusieron no sancionarlos. Es parte de los intentos que desde el Poder Judicial se vienen haciendo para rearmar al Estado con una nueva interpretación jurídico-política que, en este caso, legitime los “principios” y acciones ilegales de sus propios servicios de seguridad.
Los encubridores se felicitan porque, de aprobarse las modificaciones a la Ley de Inteligencia, los secretos de Estado se harán aún más restrictivos, incluso para los propios jueces. Esto se cocina en las cuevas del Ministerio de Justicia con el apoyo de Memoria Activa y el CELS, convencidos de que una modificación en la legislación garantizará un cambio en la conducta criminal de los servicios de inteligencia.
Este gobierno que alardea de su inalterable compromiso con “Memoria, Verdad y Justicia” sigue usando los mismos métodos del pasado: el encubrimiento y el secreto.
Por eso el gobierno avanza contra la verdad y el juicio y castigo a los culpables.
El único avance que el gobierno Kirchner concreta es hacia la prescripción. Esto significa que nunca habrá juicio y castigo para todos los culpables y los homicidios de nuestros familiares y amigos quedarán impunes.
Por eso la lucha contra la prescripción de la causa AMIA es parte de la lucha contra la impunidad.
En nombre de la defensa de su legalidad, el Estado consagra la impunidad. El gobierno que dijo venir para reformar la legalidad y ponerla al servicio de la justicia, termina por reforzar la impunidad y es incapaz de garantizar justicia.
Mantiene cerrados los archivos secretos que ocultan la trama entre este ataque y los vínculos del Estado argentino y sus socios internacionales, como Estados Unidos e Israel en, al menos, el encubrimiento de esta masacre. Por eso seguimos exigiendo su inmediata entrega a una Comisión Investigadora Independiente del Estado. Después de 12 años y de la probada responsabilidad de los 3 poderes en el ocultamiento criminal de sus responsabilidades en el atentado, sólo una Comisión Independiente integrada por organizaciones y personalidades de distintos sectores podrá esclarecer las responsabilidades políticas y materiales en este crimen

Nosotros… los que desde hace años sostenemos una lucha inquebrantable y desigual por la verdad y la justicia, no necesitamos que los criminales de Estado vengan a hacernos reconocimientos de ética o que vengan a concedernos el llamado “derecho a la verdad”.
Hace 30 años que nos vienen diciendo que nos asiste el derecho y la verdad… Sin embargo terminan liberando a todos los criminales y a los pocos que condenaron, se los arrancó la movilización popular.
Hacemos un especial llamamiento a todos aquellos que se movilizan y luchan desde hace años contra el terrorismo de Estado del pasado para unificar un reclamo común y luchar por el esclarecimiento de la masacre de la AMIA en el presente.
Nuestra tarea consiste en instalar una agenda de lucha contra la impunidad en nuestro país junto a los ex detenidos desaparecidos, a los familiares de las víctimas de la masacre del Puente Pueyrredón, al pueblo de Río Tercero, a las víctimas del gatillo fácil, y a los familiares y sobrevivientes de Cromañón.

Es de esta manera que daremos batalla para que la causa AMIA, una verdadera causa nacional como lo dijimos en años anteriores, no termine entregada por el Estado argentino a las políticas del Estado de Israel como si se tratara de un problema judío o ajeno a nuestra sociedad. Así es como el gobierno de Kirchner defiende lo que llama una “verdadera causa de Estado”.
Es tan grave esta intentona de entrega de la causa AMIA que no sólo será la excusa para acompañar las políticas de invasión en Medio Oriente, sino que además se convertirá en el instrumento para imponer las leyes antiterroristas que Kirchner y Taiana se comprometieron a sancionar ante los representantes del Congreso Judío Mundial.
Sabemos para qué van a usar esas leyes…. Las van a usar para perseguirnos a nosotros, a la sociedad toda, a todos aquellos que enfrentamos al Estado en esta lucha contra la impunidad.
Por eso
A 12 años de la masacre de la AMIA
A 11 años de la masacre de Río Tercero
A 5 años de las jornadas del 19 y 20 de diciembre
A 4 años de la masacre del Puente Pueyrredón
A 18 meses de la masacre de Cromañón
Y cuando día a día se suman más víctimas del gatillo fácil, decimos

Basta de impunidad y de encubrimiento !!!
No a la prescripción de la causa AMIA!!!
Que abran los archivos secretos!!!
Juicio y castigo a todos los culpables!!!

Convocatoria Acto 12º Aniversario de la Masacre

A 12 AÑOS
ACTO EN PASTEUR Y CORRIENTES
18 DE JULIO A LAS 18:30 Hs.

Las organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos abajo firmantes convocamos al pueblo argentino para denunciar la impunidad en la masacre de la AMIA y para advertir a toda la sociedad que la causa marcha hacia su prescripción, lo que será un duro golpe para la causa de todas las luchas por los derechos humanos. Significa que nunca habrá juicio y castigo para todos los culpables y los 84 homicidios quedarán impunes.
Después de 12 años, mientras se avanza hacia la prescripción, estamos en condiciones de afirmar que la investigación de la masacre de la AMIA todavía no empezó: no hay un solo procesado o condenado, ni siquiera después de que el Estado argentino tuvo la audacia de reconocerse como “encubridor agravado”, buscando no ser condenado ni por la acción criminal ni por el encubrimiento.
Kirchner asumió hace 3 años diciendo que venía para terminar con la vergüenza nacional que significa el tema AMIA. Sin embargo, en los hechos, dio continuidad a las políticas de Menem y Duhalde. Mientras intenta mostrar algún “avance”, hizo un verdadero pacto con la impunidad: es el responsable de la liberación de Telleldín y de la bonaerense, no persigue a ninguna “conexión local”, defiende a jueces como Bonadío, encubridores y corruptos de la vieja “servilleta”, impulsa una campaña publicitaria de acusación sobre Galeano y los fiscales del pasado sin mandar a la cárcel a ninguno, evita el esclarecimiento del papel del Estado en el atentado, y usa el tema AMIA para acusar alternativamente a Irán o Siria.
El pago de los 400.000 dólares a Telleldín es la evidencia del acuerdo entre el Estado y los criminales para que ni los “mandantes” ni los “mandados” sean condenados por nada.
Denunciamos que el actual ministro de Justicia Dr. Iribarne conocía los Decretos que aún mantiene en secreto y que facilitaron el pago a Telleldín. Los conocía porque era el vice Ministro del Interior del gobierno Menem y fue uno de los responsables ideológicos de este pago. Hoy es el articulador del cierre mismo de la causa, vía anuncios de juicios que no avanzan y de la prescripción.
En nombre de la defensa de su legalidad, el Estado consagra la impunidad. El gobierno es incapaz de garantizar justicia y mantiene cerrados los archivos secretos que ocultan la trama entre este ataque y los vínculos del Estado argentino con sus socios internacionales, como EEUU e Israel en, al menos, el encubrimiento de esta masacre. Por eso seguimos exigiendo su inmediata entrega a una Comisión Investigadora Independiente del Estado.
El Estado encubridor busca evitar el juicio y castigo a todos los culpables. Promueve juicios como si fuera “acusador”, para evitar mostrarse en su reconocida condición de acusado. Así sucede también con los crímenes de la Fábrica Militar de Río III, en la persecución a los responsables políticos de la masacre del Puente Pueyrredón o más recientemente en Cromañón. Así lo establecen los mismos códigos y las mismas leyes vigentes que sólo buscan exculpar a funcionarios de los tres poderes como Iribarne, Ruckauf, Corach, Menem, Duhalde, De la Rua, Storani, Gil Lavedra, Galeano, los fiscales, etc.. Mientras dice ser el gobierno de los derechos humanos, sigue persiguiendo a los luchadores populares y aplica el sistema de “gatillo fácil” pese a las sucesivas purgas policiales.
La lucha por el esclarecimiento del crimen de la AMIA también es parte de la lucha contra la impunidad. En este nuevo aniversario, denunciamos las maniobras de Kirchner para consagrar una vez más la impunidad en el crimen de la AMIA y convocamos a la sociedad toda a participar de un acto independiente el próximo 18 de julio a las 18:30 hs. en Pasteur y Corrientes bajo las siguientes consignas:

NO A LA PRESCRIPCIÓN DE LA CAUSA AMIA!
BASTA DE IMPUNIDAD Y DE ENKUBRIMIENTO!
JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS CULPABLES!
QUE ABRAN LOS ARCHIVOS SECRETOS!

Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (A.P.E.M.I.A.), Liga Argentina por los Derechos Humanos (L. A. D. H.), Liberpueblo, Articulación de los Grupos de Familiares, Sobrevivientes y Amigos de las Víctimas de Cromañon, Agrupación de Profesionales en Lucha (APEL), Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), Agrupación 11 de Mayo. Partido Comunista (PC), Partido Comunista Revolucionario (PCR), Partido Obrero (PO).

“El presidente Kirchner tiene la palabra…”

Buenos Aires, 10 de mayo de 2006

Información hecha pública por el diario La Nación (8 al 10 de mayo), da cuenta de una pelea entre socios de empresas consultoras y lobbistas americanos con sus ex empleadores de la Secretaría de Inteligencia argentinos.
Las diferencias entre los ex socios -especialistas en operaciones de inteligencia, contraterrorismo y seguridad- se están ventilando públicamente, en un tribunal de los Estados Unidos, poniendo al descubierto documentos que revelan una parte de las actividades delictivas que vinculan a ex funcionarios norteamericanos con dirigentes políticos y del SIDE, y a estos dos Estados con los “servicios” que vendió el Mossad (servicio de inteligencia del Estado de Israel).

La denuncia es de extrema gravedad: desmiente al presidente Kirchner, que todavía dice que no existen documentos secretos referidos a la AMIA, y da cuenta del trabajo sucio y de encubrimiento de estos Estados en la “investigación” de este acto de Terrorismo de Estado.
La noticia se conoce mientras el gobierno no desmiente que en Argentina la causa AMIA está al borde de la prescripción.

Los familiares y amigos de las víctimas organizados en APEMIA seguimos reclamando la apertura de los archivos secretos del Estado y su entrega a una Comisión Independiente, para investigar las responsabilidades criminales del Estado argentino y sus socios internacionales en este ataque. Junto a organizaciones políticas, estudiantiles y de derechos humanos venimos denunciando que “la política oficial contribuye a promover la prescripción de la causa AMIA cuando se cumplan 12 años del ataque, mientras las autoridades se niegan a declararlo imprescriptible”.

El presidente Kirchner tiene la palabra… Después de tantos decretos firmados y promesas de hacer públicos los archivos secretos, debiera remover a los funcionarios que aún los mantienen en secreto.

¡NO A LA PRESCRIPCIÓN DE LA CAUSA AMIA!

La lucha contra la prescripción de la causa AMIA es clave para combatir la impunidad

Ponemos a su disposición el texto de la entrevista realizada a nuestra compañera Laura Ginsberg, publicado por “Nuestra Propuesta” (semanario del Partido Comunista) el 04 de mayo pasado.

Ginsberg desarrolla las posiciones de APEMIA, explicando que “La lucha contra la prescripción de la causa AMIA es clave para combatir la impunidad” de este acto de Terrorismo de Estado.

Asimismo, hace un llamado a debatir este tema y superar el bloqueo informativo que mantiene oculto el hecho de la próxima prescripción y archivo de la causa AMIA.
El gobierno Kirchner, que reconoció ante organismos internacionales que el “encubridor agravado” de este atentado criminal es el mismo Estado nacional, oculta su intención de hacer prescribir la causa en nombre de “la legalidad y del derecho”, para dar un duro golpe a los que luchamos contra la impunidad. Para ello cuenta con la complicidad de otros Estados, de los grandes medios de comunicación, de las direcciones de la colectividad judía y algunos organismos de derechos humanos.

La entrevista es parte de la campaña unitaria que ponemos en marcha desde APEMIA junto a organizaciones políticas, estudiantiles, sociales y de derechos humanos, con la consigna “NO A LA PRESCRIPCIÓN”, para que no quede impune el mayor crimen político que hemos sufrido los argentinos desde el retorno de la democracia.

Lo invitamos a impulsar esta campaña, difundir entre sus amigos el texto adjunto (la entrevista) y sumarse al debate.
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Entrevista a LAURA GINSBERG
A.P.E.M.I.A. (Agrupación Por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA)


- ¿Cómo se llega a la situación actual con la amenaza de que en julio de este año prescriba la causa?

Se llega después de 12 años de impunidad en la masacre de nuestros familiares en la AMIA; impunidad que se fue construyendo desde el mismo día del atentado. Pocas horas después de la explosión, Carlos Ruckauf, por entonces Ministro del Interior, hacía declaraciones en Estados Unidos después de haber mantenido reuniones con el FBI, afirmando que la AMIA había sido volada por una camioneta Traffic y que la responsabilidad era de Irán. Fue el antecedente de la “semiplena prueba iraní” que 24 hs. después sostenía Menem. La directiva venía directamente del FBI. Si a ésto le agregamos el hecho que el Estado argentino sabía que el ataque iba a ocurrir pues había tenido advertencias previas del espía brasileño Wilson Dos Santos y de otros países como, por ejemplo, Chile, y no hizo nada para evitarlo, se puede empezar a comprender el por qué de 12 años de encubrimiento, sin ningún culpable, y con una causa al borde de la prescripción.
Desde APEMIA pensamos que el Estado argentino está implicado, no sólo en el “encubrimiento agravado” del que participaron los tres poderes del Estado –y del que se hicieron responsables ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hace un año-, sino también en el acto criminal mismo.
El Poder Ejecutivo, puso sus fuerzas de seguridad e inteligencia al servicio de la comisión y del posterior encubrimiento del ataque, mientras acusó alternativamente a Irán y/o Siria, incluso hasta hoy en día, sin tener una sola prueba en su contra. Sigue siendo el encargado de articular y perpetrar el encubrimiento, que hoy se refleja en el ocultamiento tanto de los archivos secretos como de la prescripción misma. Por eso decimos que el ataque a la AMIA es un crimen de terrorismo de Estado perpetrado bajo un régimen constitucional.
El Poder Legislativo colaboró con la participación de diputados y senadores en la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Investigaciones de los atentados, con el único fin de preservar al ex juez Galeano en todas las irregularidades y delitos que cometió.
Entretanto, el Poder Judicial cumplió y continúa cumpliendo con las instrucciones del Ejecutivo. Negoció platas con los imputados, ocultó y destruyó pruebas, las hizo aparecer y volver a “desaparecer”, amenazó testigos, limitó las declaraciones de los espías de la SIDE para (explícitamente) no inculpar a servicios secretos extranjeros a lo largo de un juicio oral fraudulento, entre otras cosas. Es más: el mismo fiscal del juicio oral, que también había acompañado a Galeano durante la instrucción, es hoy el titular de la Fiscalía Especial AMIA, Alberto Nisman. Trabaja para imponer la responsabilidad iraní en el ataque. Lo hace a pedido de Kirchner, la DAIA/AMIA y el Comité Judío Americano.
El resultado que explica esta interacción macabra está a la vista: no hay un solo procesado o condenado por la voladura de la AMIA.
Facilitaron la libertad de Telleldín y la exculpación de la maldita policía. Y después de reconocerse como “encubridor agravado”, no hay un solo funcionario de Estado responsable por tamaño encubrimiento, ni procesado ni preso.
En estas condiciones se llega a los 12 años, plazo en el cual prescriben las denominadas “causas complejas”. Y de manera deliberada, el gobierno de Kirchner, la dirección judía local, algunos organismos de derechos humanos y los medios de comunicación masivos hacen un silencio brutal para ocultar la prescripción que se viene. Es la coronación de la “vergüenza nacional” que Kirchner, hace 3 años, prometió combatir.


- ¿Cuál es la actitud de la DAIA y la AMIA? Y qué plantea APEMIA?

Nada de todo ésto hubiera sido posible sin el apoyo internacional de otros Estados, como Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel, y sin la complicidad nacional de la dirección judía local de DAIA/AMIA
Las políticas de las direcciones de DAIA/AMIA y de la Embajada de Israel siempre han acompañado las políticas oficiales, buscando orientarlas en una proyección internacional “antiterrorista” que salvara la participación del Estado nacional en este crimen. Vale decir que son, al menos, co-responsables en el encubrimiento del papel del Estado argentino en el ataque. Su papel no fue menor: negaron que el Estado fuera la conexión local del atentado y facilitaron las maniobras de los tres poderes con Telleldín. O sea, militaron en contra de los reclamos de los familiares. Ahora siguen agitando contra el régimen iraní, esta vez de la mano de Cristina Kirchner.
Después de 12 años de fracasos sistemáticos de aquellos que debían esclarecer el atentado… Kirchner promueve la prescripción de la causa AMIA y estas organizaciones mantienen la boca cerrada. Es la coronación de la impunidad como política de Estado… Y después nos hablan de “vergüenza nacional”. Desde APEMIA nos ocupamos en lanzar una campaña unitaria con las organizaciones políticas, estudiantiles y sociales, con la consigna “NO A LA PRESCRIPCIÓN”, para que no quede impune el mayor crimen político que hemos sufrido los argentinos desde el retorno de la democracia. Creemos que es necesario exigir la apertura de los archivos secretos y su entrega a una Comisión Independiente para que investigue la responsabilidad del Estado en este crimen.

- Con respecto a esta situación, ¿cuál es el mensaje de APEMIA para la sociedad y en primer lugar el movimiento popular, político, de derechos humanos, obrero y estudiantil?

La masacre de la AMIA es un hito de la impunidad nacional y es una causa testigo de la criminalidad política del Estado. El “encubrimiento agravado” no significa otra cosa que el encubrimiento del aparato criminal del Estado, el mismo que secuestró, torturó y desapareció 30.000 estudiantes y trabajadores, que arrebató niños, que reprimió y asesinó luchadores sociales e instauró la era de la criminalidad policíaca.
No es sólo un tema de los judíos, como los distintos gobiernos y la dirección de la comunidad judía quisieron presentarlo. A inicios de la década del ’90, la Argentina se convirtió en un laboratorio de preparación de las políticas de lucha contra el terrorismo internacional implementadas durante todos estos años. Por eso la complicidad de los Estados amigos y la participación directa del Estado argentino en estos crímenes de terrorismo de Estado.
Después de la Embajada y la AMIA, hubieron otros crímenes de terrorismo de Estado: la voladura de la Fábrica Militar de Río III y, a su manera, los muertos del 19 y 20 de diciembre y los asesinatos de Kosteki y Santillán.
La lucha contra la prescripción de la causa AMIA y por el esclarecimiento y el castigo a todos los culpables es clave en la lucha contra la impunidad en la Argentina. Esperamos que las organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y de derechos humanos debatan este tema y se sumen a esta campaña por el “No a la prescripción”. Instalemos el debate sobre este tema y organicemos una Comisión contra la prescripción


CONTINUIDAD Y ENCUBRIMIENTO

- Desde el atentado han pasado varios gobiernos: ¿hubo cambios de uno al otro en cuanto a la causa, sobre todo respecto de Kirchner, que cultiva una imagen de defensor de los derechos humanos?

Pasaron varios gobiernos…. Pese a ello, ha habido una continuidad política y de encubrimiento de las responsabilidades criminales del Estado.
Primero –con Menem- le pagaron a Telleldín. Y con la Alianza sancionaron una ley del arrepentido a la medida de los acusados, para facilitarles la libertad. Hasta los diputados la llamaron “Ley Telleldín”. Llegaron al colmo de firmar un decreto, que luego se transformó en ley, para convertir a los imputados en testigos de “identidad reservada”. A pesar de una orden judicial, Duhalde prohibió a los espías declarar en el juicio oral. Kirchner lo permitió, pero antes negoció con los jueces los límites de esas declaraciones. Entre los dos, firmaron una veintena de decretos que mantienen cerrados los archivos y limitaron a los jueces en sus facultades para interrogar a los espías de la SIDE durante el juicio.
Este es el resultado del “compromiso K” con el tema AMIA.
Kirchner fue el encargado de liquidar el juicio oral liberando a todos (2004), de acordar una “solución amistosa” ante la CIDH para que el Estado no fuera condenado ni siquiera por “encubrimiento agravado” (2005), y ahora impulsa la reforma de la Ley de Inteligencia Nacional para ocultar aún más los secretos de Estado, con la excusa de la causa AMIA (2006). Este gobierno terminó de preparar el terreno sembrado por los gobiernos anteriores buscando, con la prescripción, poner un punto final en la causa AMIA.
A diferencia de los gobiernos anteriores, cuenta con un mayor compromiso de algunos organismos de derechos humanos que, como el CELS, reivindican la “legalidad vigente” de este repodrido estado de derecho, aún cuando con ella facilitan la prescripción.

Las declaraciones del Fiscal Nisman son una estafa

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2005

Las declaraciones del fiscal Nisman son una estafa
¡No a la prescripción de la causa AMIA!

1.- Los fiscales Nisman y Burgos presentaron ante la opinión pública la identidad del supuesto conductor suicida que habría atentado contra la sede de la AMIA.
Lo hicieron pocas horas después de recibir el respaldo del presidente Kirchner y de los representantes del Comité Judío Americano, que anunciaron que "esperan grandes avances" de la tarea del fiscal Nisman y que respaldan la necesidad de insistir con el pedido de captura de los iraníes supuestamente implicados en el ataque.
Los anuncios, presentados como novedosos por su “seriedad” y “progresos” en la investigación del atentado a la AMIA, persiguen “judicializar” lo producido por el SIDE y las afirmaciones de los servicios de inteligencia extranjeros.
Pero esto no tiene nada de novedoso: “judicializar” este crimen político es lo que vienen haciendo desde hace 11 años y es precisamente lo que embarró cualquier posibilidad de esclarecerlo. El esfuerzo por “judicializar” –construir pruebas en base a dichos caprichosos o inferencias de esos dichos, que permitan ajustar la realidad a estas nuevas “evidencias”- tuvo su punto culminante durante el fracasado Juicio Oral, cuando absolvieron al primer eslabón de la cadena de responsabilidades criminales denominada “conexión local”, integrada por policías y funcionarios de los Servicios de Inteligencia.
Ya entonces, los jueces no se atrevieron a condenar –ni pudieron explicar- las probadas responsabilidades de los funcionarios de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y de esos mismos Servicios en tanta “judicialización”, fabricación, ocultamiento y destrucción de pruebas.
“Previsto para poner un punto final… el fallo no pudo evitar la abrumadora evidencia de la acción delictiva del propio Estado, aunque se propone no sancionarla. Es parte de los intentos que desde el Poder Judicial se vienen haciendo para rearmar al Estado con una nueva interpretación jurídico-política que, en este caso, legitime los “principios” y acciones ilegales de sus propios servicios de seguridad”. (Ver Declaración de APEMIA ante el veredicto del TOF 3, 08-11-04).

2.- El juez Canicoba Corral –a cargo de la causa llamada “AMIA residual”- aprovechó los anuncios para reivindicar abiertamente no sólo a los fiscales y su equipo, sino también al ex juez Galeano.
La asociación no fue inocente ni casual…
El fiscal construye las pruebas como antes lo hacían Galeano y sus socios, los fiscales Müllen y Barbaccia (jefes del mismísimo Nisman durante el juicio oral que consagró la impunidad) y las querellas de DAIA, AMIA y Familiares.
Nisman juega con las palabras presentando sus certezas como “pruebas”, después de reconocer que no pasan de ser “inferencias” que surgen de la declaración de un hermano del suicida que “nunca había dicho que su hermano participó en el ataque contra la sede de la AMIA”… (La Nación 10/11/05).
La construcción de la prueba se completa con los especialistas de la Policía Federal que dieron su OK al comparar el identikit realizado hace 11 años con la foto del joven libanés, mientras la testigo que dijo haber visto al atacante no pudo reconocer espontáneamente su foto (Perfil, 13/11/05). Vale la pena señalar que el identikit que se publica ahora no es el que se divulgó hace 11 años ni el que se le mostraba a la testigo en las audiencias del Juicio Oral.
“Todo esto en conjunto nos da la certeza. Si además le sumamos la información de un servicio de inteligencia colateral, es un indicio más para llegar a esta conclusión” (La Nación, 10/11/05).
Las afirmaciones de Nisman y Burgos son extremadamente graves y contrastan con la realidad de los hechos. Presentar como novedoso viejos procedimientos, viejos métodos y viejos objetivos, es una nueva estafa a toda la sociedad.

3.- Lo novedoso de esta campaña no está en la información misma, conocida desde hace varios años. Lo “nuevo” es el uso que el gobierno hace -en el actual contexto internacional- de su declamado compromiso de esclarecer el atentado.
Kirchner se muestra preocupado por lograr “avances” asociado a las organizaciones del lobby judeo-americano y a las autoridades norteamericanas y del FBI, que apenas disimulan sus presiones por alinear al Estado tras las políticas criminales de Bush-Blair y Sharon contra el “Eje del Mal”. Estos socios internacionales van a cobrarse caro su aporte para no inculpar al Estado argentino por este acto de terrorismo de Estado y contribuir para no condenarlo siquiera por su ya reconocida responsabilidad en el encubrimiento agravado y deliberado de este crimen.

4.- Esta estrategia tampoco es nueva, y surgió como necesidad para superar incluso las diferencias entre las partes, ante el evidente fracaso del Juicio Oral que todas ellas apoyaron en setiembre de 2004.
La base la perfiló el American Jewish Commettee (AJC) que, sin vueltas, le hizo saber al gobierno Kirchner que “Si bien es importante descubrir quién fue responsable en Argentina por obstaculizar la investigación… dicho proceso no debería convertirse en una distracción”. Lo más importante es centrarse nuevamente en la conexión internacional, particularmente siguiendo los rastros que involucran a Hezbollah y a los estados que la apoyan, Irán y Siria.” (“En el onceavo aniversario del atentado a la AMIA, el AJC insta a la Argentina a concentrarse en la conexión internacional”. American Jewish Commettee, 14-07-05. Subrayado por APEMIA)
El gobierno Kirchner eligió esta estrategia…
Con su reconocida sensibilidad, el Canciller Bielsa y sus socios locales de DAIA-AMIA, tuvieron “la idea de establecer una nueva estrategia que involucre a la Cancillería, a la Policía y a la Justicia para reponer los exhortos (ya rechazados por INTERPOL contra los iraníes) el año que viene” (Clarín 29-09-05).
Se pretende –de paso- superar las viejas y nuevas disputas (con Bielsa en julio pasado y ante la CIDH en octubre) que afectaron la relación entre autoridades nacionales y sus socios locales de DAIA-AMIA, Familiares y Memoria Activa.
Las declaraciones y promesas de perseguir e inculpar a los responsables locales, de reforma y limpieza judicial, los pedidos de perdón y los papeles firmados reconociendo responsabilidades propias ante la misma Comisión de DD. HH. de la OEA… son una nueva estafa.
Potenciados por estas estrategias, la dirección de la DAIA le reclamó a Kirchner que encabece una campaña internacional contra Irán, que "denuncie y exija sanciones en todos los foros internacionales contra un Estado que ha perpetrado un deleznable crimen masivo en nuestro país" (INFOBAE 12-11-05).
En un acto de cinismo sin par, el mismo grupo que de Menem para acá es cómplice y sostén de la impunidad del Estado, busca ahora salvar las responsabilidades políticas y jurídicas locales, encabezando una campaña mundial contra el Mal: "No puede haber impunidad jurídica para los criminales y sus cómplices ni impunidad política para un Estado terrorista" (INFOBAE 12-11-05).
Así hablan estos provocadores. Sus declaraciones merecen la condena y el repudio de toda la población.

5.- Para exculpar al Estado argentino de sus responsabilidades criminales en este ataque terrorista de Estado, o más modestamente, de sus reconocidas responsabilidades de encubridor, el gobierno cuenta con la firme determinación de Israel y de los Estados Unidos. La próxima visita del canciller israelí (a comienzos de diciembre) se inscribe en esta perspectiva, abonada en el pasado reciente por las visitas de la senadora Cristina Fernández, del ministro Anibal Fernández y del canciller Bielsa a Israel, o las de varios ministros y del Vice Primer Olmert a la Argentina. En los próximos meses será el turno del presidente Kirchner para visitar Israel.
El American Jewish Commettee (AJC) -y otras organizaciones como el Centro Wiesenthal- facilitan estas relaciones y “cuidan” la buena imagen argentina. Así lo confesó el Director del AJC al mostrarse conforme con el informe Nisman: “Él me pidió auxilio. Me dijo que trabajaría para cambiar esa imagen.”(Clarín 12-11-05).

6.- La declaración de los fiscales tiene un contenido político inequívoco y cuenta con el respaldo de sus mentores. Lo menos importante del anuncio es del orden de lo jurídico.
Aún así, en el caso de dar por probada la afirmación de Nisman, no avanzaríamos un milímetro en el esclarecimiento del atentado porque -salvo para el espíritu del burócrata- “certificar” el nombre y la culpa del muerto no aclara el carácter de los vínculos entre el Estado nacional y su grupo político de pertenencia, en este caso el Hezbollah. Nada dice acerca de cómo hizo ese joven que no hablaba español (o su grupo) para coordinar su acción criminal y el uso de helicópteros, explosivos y vehículos, con la no menos criminal participación de la Policía Federal, de la Bonaerense, del SIDE, y de los funcionarios de los tres poderes del Estado tibiamente aludidos por el fallo del Tribunal Oral Nº 3.
No sólo no avanzaríamos un milímetro en el esclarecimiento: retrocederíamos infinitamente, porque con el “responsable” muerto se cierran las actuaciones y –de paso- el Estado se ahorra tener que declarar la prescripción de la acción penal o reconocer el atentado como de “Lesa Humanidad”.
Si Nisman creyera en sus propias investigaciones debería inculpar al Estado nacional que necesariamente dio cobertura criminal a la acción terrorista, y que ya reconoció que -al menos- le dio cobertura jurídica cuando el mismísimo Nisman era miembro del equipo de fiscales que sostuvo la impunidad.
Tampoco aclara si ahora que conoce la identidad del muerto, el fiscal-burócrata piensa al fin perseguir la confesada (y probada!) responsabilidad de los funcionarios de Estado.
Es imprescindible reflexionar alrededor de estas ideas para comprender que la masacre de la AMIA no fue el producto de un solitario hombre-bomba suicida, sino el producto de los intereses y vínculos políticos entre los Estados que hace pocos días se pusieron de relieve en la Cumbre de las Américas y en la reiterada vocación del presidente Kirchner de acompañar las políticas terroristas de Bush, la OTAN y Sharon.

7.- Mientras declama su preocupación por el esclarecimiento, la estrategia del gobierno de Kirchner es dejar que la causa AMIA prescriba en pocos meses más, el próximo 18 de julio.
Para entonces, el gobierno se declarará impedido de perseguir -incluso formalmente- cualquier responsabilidad criminal así como cualquier otra falta correccional vinculada al atentado a la AMIA.
La afirmación hecha por el Director del AJC de que “Kirchner asumió el compromiso de evitar que puedan prescribir las investigaciones relacionadas con la causa AMIA, pues son consideradas como delitos de lesa humanidad” (La Nación, 12-11-05), carece de todo sustento y es ajena a las preocupaciones de los fiscales. Por su parte, el Poder Ejecutivo ya adelantó que esto sería cuestionable. El Poder Legislativo no tomó siquiera alguna medida declarativa.

Los familiares y amigos de las víctimas nucleados en APEMIA repudiamos la estafa de Nisman, las maniobras del gobierno de Kirchner, del Comité Judío Americano (AJC) y del Departamento de Estado, y exigimos la inmediata renuncia de los hombres de la SIDE en la justicia: Alberto Nisman y Alejandro Rúa, la apertura de los archivos secretos del Estado y su entrega a una Comisión Independiente. Hacemos un llamado especial para que nos acompañen, difundan y se sumen a organizar una campaña masiva, aportando vuestras ideas y reclamando


JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS CULPABLES
¡No a la prescripción de la causa AMIA!

Aniversarios 2002 a 2005 y Acto de Repudio en Sep/04

ACTO DE APEMIA - LUNES 18 DE JULIO DE 2005

DISCURSO DE LAURA GINSBERG

Hoy, 11 años después de la voladura de la AMIA, volvemos a esta misma calle, al igual que cuando repudiamos el veredicto infame de los jueces del tribunal oral, para denunciar que siguen y se profundizan la impunidad y el encubrimiento de la masacre de nuestros familiares y amigos en la AMIA. Estamos otra vez aquí para explicar y compartir con todos uds. nuestras reflexiones sobre las maniobras y mentiras del Estado argentino, responsable de tanta muerte impune.

En esta oportunidad, tenemos el orgullo de compartir nuestra tribuna con quienes han sido y son luchadores incansables, familiares de víctimas, que confrontan una y otra vez con las mentiras y la criminalidad del aparato estatal, sin importarles quién es el gerente de turno, y sin sucumbir al canto de las sirenas que genera ilusiones y entona promesas que nunca son satisfechas.
Junto a ellos, somos algunos de los testimonios vivos de la denuncia permanente de crímenes que vienen ocurriendo en democracia desde hace muchos años como las miles de víctimas del gatillo fácil, como la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero, como la planeada represión y el asesinato de dos jóvenes piqueteros en el Puente Pueyrredón, y el más reciente, cuando el humo y las llamas se cobraron la vida de 200 de nuestros jóvenes en Cromañón, producto de la desidia y la corrupción del gobierno de Ibarra.
En ninguno de todos estos casos se juzga a NINGUNO de los responsables políticos de semejantes barbaries, y ni siquiera a TODOS los responsables materiales.

Como viene sucediendo desde la época de Menem, para cada nuevo aniversario del atentado a la AMIA el gobierno de turno da a conocer algún anuncio de alto impacto mediático, alguna nueva maniobra. Este año no se vinieron con pequeñeces. Se aprestan a echar al juez Galeano y firman nuevos decretos.

¿Qué importancia tiene hoy juzgar y voltear a un “cadáver político” como lo es el juez Galeano? Es una política de Estado que comenzó con Duhalde: presentar a Galeano como único responsable de la impunidad y de las “irregularidades” del pasado. Su destitución sería un primer paso para superar el “deterioro institucional” a través de la limpieza del podrido aparato de los jueces federales.
¿Y por qué ahora? Porque el gobierno de Kirchner oculta que ya abandonó sus planes de “reforma” judicial y de eliminación del fuero federal, convalidando al resto de los jueces de la servilleta menemista. La salida de Galeano -entonces- no sólo no resuelve el “deterioro institucional” del Estado, sino que tampoco resolverá aquello que dicen que vienen a resolver: la impunidad de la investigación del atentado. Finalmente, Galeano no es más que un operador jurídico del encubrimiento que debería haber estado preso hace muchos años. La decisión política de sacrificarlo ahora es para mostrar que “hacen justicia”, y sirve para seguir ocultando el padrinazgo político sobre estos operadores.

La otra maniobra del gobierno fue poner en un decreto aquéllo que reconoció hace 4 meses ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que viene negociando desde antes de conocerse los fundamentos del veredicto infame de los jueces del tribunal oral. Reconoció la “responsabilidad del Estado nacional… por encubrimiento grave y deliberado” y por haber denegado justicia en la masacre de la AMIA.
El gobierno de Kirchner que ahora reconoce que el Estado es encubridor y que negó justicia, es el mismo que primero impulsó la libertad de Telleldín, Ribelli y Cia. -todos ellos vinculados al aparato del Estado, a las policías y al Servicio de Inteligencia- y ahora busca que el Estado sea absuelto a nivel internacional.
Este gobierno que hasta hoy machaca con orgullo con que el juicio oral que liberó a los acusados fue un “juicio histórico”, “un juicio justo y valiente”, tiene que reconocer que lo único que lograron es negar justicia… lo único que lograron es consagrar la impunidad reinante.
Entonces ya no quedan dudas: se trataba de un juicio fraudulento.
Es el mismo gobierno de Kirchner el que hace apenas un año, para el 10º aniversario, publicó otro decreto que presentaba al Estado mismo como la víctima de un, textual, “ataque a la soberanía de la Nación”.
Apenas un año después, es el mismo gobierno el que reconoce que este Estado es el encubridor deliberado del ataque, o sea… reconoce ser el verdadero socio y cómplice criminal. Y todavía tienen la pretensión de darnos cátedra sobre seguridad, defensa de la soberanía y derechos humanos.

El acuerdo alcanzado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es muy grave. En las últimas horas, escuchamos decir que se trata de un gesto positivo, pero que no alcanza. Que es políticamente correcto… pero inoportuno, porque buscan anuncios espectaculares cerca del nuevo aniversario.
Nosotros tenemos otra visión…. Para nosotros es mucho más grave que apenas un gesto…
El gobierno nacional hizo este reconocimiento con la condición de que el Estado no fuera condenado por nada…ni siquiera por lo que resulta obvio y vino a reconocer: la denegación de justicia. Es, entonces, el nuevo decreto de consagración de la impunidad.
Este acuerdo sin condenas ni conexión local se acerca más a una “solución final” para cerrar el caso, que al comienzo de una investigación real. Es la solución final que exigen los socios internacionales del Estado y sus servicios de inteligencia. Es la solución final que también exigen el Comité Judío Americano, la embajada de Israel y la DAIA/AMIA: subirse al carro de las políticas antiterroristas de Bush, Blair y Sharon, para ir contra Irán y/o Siria después de 11 años de no haber podido endilgarles responsabilidad alguna.
Por “amistoso” que parezca, este acuerdo significa aceptar mucho menos de lo que se hizo público y manifiesto durante el juicio oral: el Estado sabía que el atentado se iba a producir y sus tres poderes encubrieron la participación de sus propias fuerzas de seguridad y de inteligencia en la masacre. La responsabilidad terrorista del Estado no se va a salvar con promesas de “investigación” de la responsabilidad de algún funcionario, como si se tratara de un vulgar hecho de corrupción que, por otra parte, tampoco se condena.

A 11 años de la voladura de la AMIA venimos a denunciar que el gobierno no se comprometió a nada nuevo. El mezquino decreto de ‘mea culpa’ confunde a la opinión pública de manera deliberada: no contiene ni una sola medida concreta de investigación y las pocas promesas que hace van en sentido contrario al esclarecimiento. Sólo buscan fortalecer el papel de los mismos funcionarios que hasta ayer trabajaron en el sostenimiento del juez encubridor y que ahora prometen “garantizar la investigación del atentado y del encubrimiento, y las sanciones a los responsables”.
Esta es la perfidia del gobierno y de sus socios políticos.
Si de gestos se tratara -como suponen otros familiares- bastaría con echar a todos los funcionarios encubridores que el mismo decreto promete fortalecer. Entre ellos a los de la Secretaría de Inteligencia... son los mismos que vienen desde Menem-Duhalde y que Kirchner ascendió.
Entonces… en manos de esta gente, las acciones propuestas contribuyen a profundizar el encubrimiento del atentado y no su esclarecimiento.

Bajo la presión de Kirchner y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Memoria Activa -un grupo de familiares y amigos de las víctimas cooptado por el gobierno- aceptó esta “solución amistosa” a cambio de nada.
A diferencia de los gobiernos anteriores, éste ha sido el logro del gobierno de Kirchner en el tema AMIA: presentar propuestas que PARECEN distintas a las de gobiernos anteriores, cuando en realidad son, en esencia, la continuidad de una política de Estado basada en el ocultamiento de su acción criminal.
Es la misma política que atraviesa todos los crímenes aquí denunciados: AMIA, Río III, Puente Pueyrredón, gatillo fácil, Cromañón, y que se apoya en el ocultamiento de los archivos secretos para resguardar al Estado mismo.
En momentos en que las políticas de las grandes potencias a las cuales el gobierno argentino reverencia están dirigidas a cercenar las libertades y derechos fundamentales de sus ciudadanos en nombre de la lucha contra el terrorismo, nuestra lucha por la apertura de los archivos secretos del Estado no solamente ayuda a esclarecer estas masacres, sino también a desnudar la complicidad y responsabilidad criminal del Estado y sus socios internacionales en estas acciones terroristas.

Han transcurrido 11 años, y nuestra exigencia de apertura inmediata de los archivos secretos sigue vigente y, aún más, se agrava. Hace dos meses atrás, Kirchner firmó otro decreto que giró a todos los organismos oficiales para que no destruyan los archivos de la AMIA. Hace apenas semanas atrás, Galeano quiso mostrarse ajeno a los decretos secretos de Menem que convalidaban los pagos “ilegales” a Telleldín, mientras los abogados de la Magistratura y del Ministerio de Justicia justificaron la legalidad de estos decretos secretos que conocían desde el año 2000.
¿Acaso no son estas más evidencias de que los archivos secretos existen y están cerrados, y de que constituyen el instrumento a través del cual el Estado oculta sus políticas criminales? ¿De qué investigación y de qué futuros “juicios justos” hablan mientras los archivos continúan cerrados y ocultos? Y si se abren ¿los van a estudiar los mismos fiscales que defendieron a Galeano hasta aquí? Por eso es necesaria la conformación de una Comisión Investigadora Independiente del Estado.
El Presidente Kirchner se opone a que se conozcan los secretos de Estado y se niega a recibirnos: no acepta que le entreguemos el petitorio que impulsamos desde hace un año y que cuenta con miles de firmas, en el cual exigimos la inmediata apertura de los archivos secretos y su entrega a una Comisión Independiente. Su Ministro de Justicia también se niega a recibirnos, cuando sabe que, desde hace un año, quien les habla y un grupo de compañeros de APEMIA, somos víctimas de la amenaza de querella por parte de la SIDE por tomar notas y hablar de los archivos supuestamente abiertos. Peor aún, está a punto de firmar una resolución que absuelve a funcionarios de la Unidad Especial de Investigaciones AMIA de su Ministerio, que participaron de esas amenazas. Es la misma Unidad que quieren fortalecer con el decreto de reconocimiento de la responsabilidad del Estado. Este gesto, ¿acaso no muestra cuál es el sentido del fortalecimiento?

Entonces, encontramos en el reclamo de la apertura de los archivos secretos un punto en común de lucha contra la impunidad. No es por casualidad que estemos todos juntos aquí, compartiendo esta tribuna.
Acompañamos el reclamo de Ana y otros familiares de la fábrica de Río III para que el gobierno cumpla de una buena vez con sus promesas: que abran los archivos secretos!
Acompañamos el reclamo de Vanina y Alberto, que ya padecieron las promesas y mentiras de Kirchner: que abran los archivos secretos!
Acompañamos a todas las víctimas que acaban de brindar su testimonio y se solidarizan permanentemente con nosotros en el reclamo compartido de castigo para TODOS LOS CULPABLES y, especialmente, para TODOS LOS RESPONSABLES POLÍTICOS DE TAMAÑA IMPUNIDAD.
Hoy más que nunca, cuando el gobierno sigue maniobrando, trata de mostrarse superador de las políticas del pasado, y por boca del Ministro Rossatti proclama que “Hay un antes y un después en la actitud del gobierno argentino frente al caso AMIA”, nosotros decimos: ESTE GOBIERNO QUE SE PRESENTA COMO DISTINTO ES PARTE DEL ANTES… de nosotros mismos depende construir el después!!!
Para superar las maniobras, la confusión deliberada, las promesas impotentes y condenar al Estado argentino por todos los crímenes impunes, nuestro desafío es fortalecer esta experiencia de lucha común con todas las víctimas de la criminalidad del Estado.

A 11 años de la masacre de la AMIA
A 10 años de la voladura de la fábrica militar de Río III
A 3 años de la masacre del Puente Pueyrredón
A 6 meses de la masacre de Cromañón
Después de años y años de represión y violencia policial e institucional, decimos

BASTA DE IMPUNIDAD!!!
ABRAN LOS ARCHIVOS SECRETOS!!!
JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS CULPABLES!!!

apemia2002@yahoo.com.ar

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EN EL ACTO DEL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2004
REPUDIAMOS LA CONSAGRACIÓN DE LA IMPUNIDAD





















DISCURSO ACTO DE REPUDIO DEL 3-9-04

Hoy, 10 años después de la masacre de nuestros familiares y amigos en esta misma calle, y a pocas horas de finalizado el juicio oral, estamos aquí para repudiar un veredicto infame, producto de un juicio fraudulento, que acaba de poner en libertad a los pocos acusados por la masacre impune de la AMIA, todos ellos vinculados a la Policía Federal, a la Bonaerense y al Servicio de Inteligencia del Estado.

Compartimos con ustedes el dolor y la tristeza que nos produce tanta infamia.
Durante años advertimos que el conjunto de los poderes del Estado y hasta las querellas que supuestamente nos defendían, nos arrastraban a este desenlace. Durante años, apenas un puñado de familiares y amigos denunciamos y nos opusimos con todas nuestras fuerzas a cada una de las maniobras que desde la Presidencia de la Nación, las embajadas extranjeras, el Poder Legislativo y el mismo Poder Judicial, realizaban contra nosotros en nombre de la “verdad” y de la “justicia”.
Aquí estamos de pie.
Vinimos a denunciar tanta miseria, tanta infamia, y a responder al desafío de cambiar el rumbo para terminar con la impunidad.
Alguna vez tuvimos que escuchar, incluso de boca de Duhalde o de algunos diputados arropados de progresistas que pretendían ser intérpretes de nuestros sentimientos, que había que “disculpar” o “perdonar” a los familiares de las víctimas.
Cada vez que acusábamos al Estado por sus responsabilidades criminales, nos decían: “pobrecitos... dicen pavadas porque están dolidos”.
Ahora... que el juicio terminó garantizando la impunidad de los criminales y del Estado mismo.
Ahora... que los hechos nos han dado la razón.
Ahora... cuando ya pasaron 24 hs. y el Presidente Kirchner mantiene la boca cerrada, mientras los abogados de todas las querellas salieron como bomberos a defender el fracaso de un juicio al que siguen considerando “justo”.
Ahora... los que venían a hablar en nuestro nombre y prometían superar la “vergüenza nacional” de la investigación, mantienen cerrado el pico y son incapaces de explicar qué pasó, cómo se pudo llegar hasta aquí, y cuál es su propia responsabilidad en esta trama de impunidad.

Entonces somos nosotros, otra vez, los que superando tanto manoseo y el dolor en el que pretenden hundirnos, venimos a compartir con ustedes nuestras reflexiones y dar respuesta a tantos interrogantes. Por eso levantamos esta tribuna. Por eso ellos no están aquí: se callan la boca y se solidarizan con la impunidad!

Al igual que el 18 de julio pasado en Plaza de Mayo, nos sentimos muy bien acompañados aquí. Aquí estamos junto a otros familiares y amigos de las víctimas del ataque a la AMIA, junto a las organizaciones sociales, estudiantiles y de derechos humanos, que enfrentan el accionar criminal del Estado y la impunidad. Aquí estamos, apoyados en una conciencia de lucha por la búsqueda de la verdad, en contra del Estado que la oculta.

La primer pregunta que nos formulamos y que hay que responder es la siguiente:
Con este fallo... estamos un paso más cerca de la “justicia” o de reforzar la impunidad en nombre de la defensa del “estado de derecho”?.

El juicio oral, calificado de “histórico” por la querella unificada de AMIA/DAIA y de “justo” por Memoria Activa, acaba de terminar la tarea para la cual fue pergeñado. Desde el principio, todo se armó buscando salvar las dificultades que tuvieron para liberar a este puñado de acusados de integrar la llamada “conexión local”, vinculados a la Policía bonaerense y a los servicios de inteligencia del Estado. Jueces, fiscales, espías, torturadores y enviados gubernamentales negociaron con ellos desde el comienzo, con el objetivo de preservar la responsabilidad criminal del Estado mismo en este ataque terrorista.
Los mismos jueces que anularon la causa brigadas, que anularon el allanamiento a la casa de Telleldín, que absolvieron a Telleldín hasta del delito de adulteración de documento público y a Ribelli del de extorsión, no anularon todo el juicio para cubrirse sus propias espaldas y las del Estado encubridor.
Estos mismos jueces que hoy se arrogan la acreditación del pago de $400.000 a Telleldín, ocultan que ese pago está acreditado desde hace dos años en la causa que Bonadío deliberadamente cajoneó para no atentar contra la sustanciación del juicio.
Los mismos jueces que durante los tres años de juicio se negaron a exigirle al Poder Ejecutivo de turno la entrega de los archivos secretos del Estado referidos al atentado donde se esconden las pruebas de su accionar criminal, y que negociaron con Duhalde y Kirchner mantenerlos en secreto, terminaron su trabajo poniendo en la calle a los acusados... por “falta de pruebas”.
Entonces... Qué tiene este jucio de “histórico” o de “justo”?
¡Con la libertad de los acusados en la masacre de la AMIA, se agrava la impunidad!.
Pero aunque parezca increíble, los abogados y las instituciones que pretenden representarnos dicen lo contrario... Ellos comparten los mismos argumentos con Telleldín, Ribelli y compañía.
El llamado “juicio histórico y justo” resultó ser un verdadero fraude y liquidó cualquier esperanza de obtener justicia de la mano de instituciones y funcionarios que se esforzaron por “judicializar” este verdadero acto de terrorismo de Estado en democracia.
Ahora que esta farsa judicial se terminó, estamos en presencia de un hecho único en el mundo: los acusadores y los defensores se pusieron de acuerdo en reivindicar este fallo infame, porque -dicen- se trata de jueces independientes que van a puntualizar las irregularidades cometidas durante el proceso.
Pretenden confundirnos una vez más.
Nosotros decimos: estos jueces no son independientes ni lo podrían ser.
Hace ya varios días, en un artículo publicado por el diario La Nación, un ministro de máxima confianza del Presidente se atrevió a reconocer bajo condición de anonimato que -textual- “sería peor para la imagen internacional de la Argentina que hubiera condenas. ‘Eso sí hablaría mal del Gobierno’”, dijo el ministro.
Por eso no hubo condenas... Respondieron a las órdenes de la Presidencia de la Nación y a la presión de los mismos Estados aliados que durante 10 años encubrieron su propia criminalidad, enviaron a sus propios servicios secretos a investigar el atentado a la AMIA, se negaron a revelar sus conclusiones y aún hoy presionan por mantener los archivos secretos argentinos bien cerrados.
Cuando un ministro de la máxima confianza del Presidente hace este brutal reconocimiento y envía la señal esperada por los jueces, tiene que esconderse en el anonimato. Conspiran en silencio... Por eso prefieren mantener la boca cerrada.
Y después nos vienen a prometer futuras investigaciones.
Ahora... para mostrarse “ecuánimes”, los jueces prometen armar decenas de nuevas causas por las irregularidades y delitos cometidos por funcionarios públicos y hasta por los mismos recién absueltos de culpa y cargo.
En estas condiciones, alguien puede creer que los nuevos pedidos de investigación pueden tener un destino mejor que las 75 causas conexas que ya se están tramitando?
Qué criterios de independencia o de ecuanimidad pueden tener estos jueces que después de mostrarse críticos con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo y con el mismo Poder Judicial, que después de anular las pruebas más evidentes de la participación de los policías y agentes de la SIDE son incapaces de hacer una acusación formal contra el Estado al que ellos mismos protegieron con su fallo?

La respuesta no deja lugar a dudas... El Estado termina armando cientos de causas para exculparse a sí mismo de sus responsabilidades criminales.
Ni los jueces ni el juicio son sinónimos de independencia o ecuanimidad. Son lo opuesto al reclamo de justicia.
Durante 10 años, cada uno de los Ejecutivos, cada uno de los Legislativos y todas las instancias del Poder Judicial, concretaron la decisión política de votar leyes y firmar más de una docena de decretos para favorecer a los ahora liberados y para encauzar el tema AMIA hacia la impunidad. Es más: los mismos funcionarios de inteligencia que, desde Menem para acá, están cuestionados por su directa participación en el encubrimiento, son los mismos que custodian la documentación que, a pesar de las promesas de apertura que hizo Kirchner, sigue siendo secreta. Son los mismos funcionarios de inteligencia y del Ministerio de Justicia los encargados de concretar la política del Estado de incriminar al “terrorismo internacional” desvinculando de cualquier responsabilidad al Estado argentino mismo.
Son las querellas que dicen hablar en nuestro nombre las que deliberadamente minimizan la gravedad que tiene la libertad de los criminales y el reforzamiento de la impunidad de las políticas de Estado. Lo hacen para justificar el fracaso de los jueces y el de ellos mismos en su esfuerzo por avalar las políticas encubridoras del Estado.
Bajo la dirección de las ya fracasadas querellas de DAIA/AMIA y de Memoria Activa, bajo la dirección de la ya fracasada Unidad Especial de Investigaciones AMIA del Ministerio de Justicia y la de sus socios de la SIDE, no hay nuevas esperanzas, ni nuevas causas ni salida alguna contra la impunidad.
Ahora...quienes desde la prensa oficial acompañaron toda esta construcción político-jurídica de la impunidad de las instituciones del Estado durante los últimos 10 años, hoy rescatan la “valentía” de estos jueces miserables, con la esperanza que sean ellos mismos los que conduzcan la renovación del repodrido sistema judicial y de su “estado de derecho”.
No cuenten con nosotros!
No nos vamos a sumar a nuevas maniobras ni a nuevos manoseos! Quienes depositen su confianza en estos manipuladores profesionales, volverán a terminar en la desesperanza, en el sentimiento de traición y frustración, y con la sensación de que nada vale la pena.
Ni los escribas oficiales, ni los funcionarios del gobierno, ni las instituciones que suponen tener alguna representación nos van a desviar de nuestros reclamos, de nuestras denuncias y de nuestras exigencias.
Todos ellos, repetimos, ya fracasaron.

Pero entonces... qué hacer? Hay alguna alternativa?
NOSOTROS DECIMOS QUE SÍ!
La responsabilidad por nuestro futuro la empezamos a construir nosotros mismos.
Por ello creemos necesario cambiar el rumbo y no seguir dependiendo de las políticas y maniobras de todos estos fracasados.
Creyeron que con este fallo miserable iban a poner punto final a nuestros reclamos, que no podríamos salirnos del lamento.
Se equivocan!!!. Este NO es el último acto que realizaremos en conjunto para sostener nuestra voluntad y compromiso de lucha. Es el primero, y es un éxito!
Con distintas excusas, hace años nos dividieron para facilitar las políticas de encubrimiento. Desde APEMIA les reiteramos nuestra propuesta del 18 de julio pasado a todos los familiares de las víctimas de la masacre de la AMIA: vayamos juntos, nuevamente, llevando nuestros reclamos comunes. Les proponemos luchar por la apertura de los archivos secretos del Estado. Abrirlos es una tarea imperiosa. Piensen que la única decisión que tomó el Tribunal antes de largar a los acusados fue preservar los secretos de Estado que negociaron con Duhalde y Kirchner. Nosotros presentamos una alternativa política... a las políticas de impunidad del Estado y de sus socios locales.
En este esfuerzo común no vamos a estar solos.
Los familiares de las víctimas del gatillo fácil, de los desaparecidos, de la violencia institucional, los familiares de las víctimas del Puente Pueyrredón, de Río III o de los crímenes más recientes, ya pueden ver su propia imagen en el espejo de la AMIA: la impunidad de las políticas de Estado pulveriza toda ilusión de justicia.
Por eso, abrir los archivos secretos es una causa común. La apertura de los archivos secretos es un golpe en el corazón de la política terrorista de Estado.
Desde APEMIA iniciamos una campaña nacional reclamando la apertura de los archivos secretos. Adhieran con su firma al petitorio que estamos haciendo circular. Les pedimos que lo hagan propio y que lo difundan. En poco tiempo más, este petitorio será entregado a las autoridades nacionales junto a todas las organizaciones y personalidades que nos acompañan.
Los familiares de las víctimas presentes en este acto saben de lo que estamos hablando. Ellos también han sufrido el maltrato y las intimidaciones de la SIDE, han pedido documentación adicional que nunca les fue entregada, han pedido los informes de los servicios extranjeros de terceros países que, como por arte de magia, pareciera que no existen, al igual que los cassettes.
Nuestro reclamo para que “abran los archivos secretos” está íntimamente vinculado a la necesaria formación de una Comisión Investigadora Independiente del Estado para que los analice. Porque dejar los archivos en manos de quienes ocultaron las responsabilidades criminales del Estado, y ahora, después del juicio fraudulento, nos vienen con segundas partes de juicios igualmente impotentes, sería un verdadero despropósito.
¿Alguien puede imaginarse a un diputado o senador, a algún juez o fiscal, a algún abogado de la segunda línea del Estado analizando esa información, sin deformarla u ocultarla?
En un país que enfrenta la descomposición de los aparatos judicial, legislativo y de seguridad, no se puede confiar en las segundas partes que ofrece el Estado, no se debe confiar en la promesa de una versión 2 de los juicios cuando la versión 1 acaba de liberar a los asesinos, ni siquiera se puede creer en un reclamo de “investigación de la investigación mal hecha” en manos del mismo aparato del Estado que maquilla sus políticas encubridoras designando a algún funcionario probo.
Para que el árbol no nos tape el bosque, se trata de enfrentar al conjunto del aparato del Estado y no sólo a sus funcionarios corruptos.
Por eso hay que cambiar el rumbo.
Hay una salida contra la impunidad y es enfrentar al Estado que la organiza y nos la impone. Lo enfrentaremos junto a todas las organizaciones que nos acompañan en este que, pretendemos, sea un reclamo nacional.
Queridos amigos:
Antes dijimos que el gobierno Kirchner mantiene la boca cerrada. Durante los 15 meses de su gobierno firmó una decena de decretos. Con los primeros, reforzaba a Galeano.... con los siguientes preparaba el camino para la absolución de todos los inculpados. Y cuando se cumplían 10 años del atentado, el gobierno Kirchner que prometió abrir lo que sigue manteniendo cerrado -los archivos secretos- hizo desaparecer nuevamente las pruebas de los cassettes. De este modo, Kirchner se puso a la altura del encubrimiento que primero organizaron Menem, De la Rúa, Rodríguez Saá y Duhalde.
Queremos advertir a toda la sociedad que en las oficinas de la Presidencia de la Nación, donde creen que lo mejor que pueden hacer es mantenerse en silencio, se preparan para hacer nuevos anuncios. El gobierno, que abandonó la persecución de la conexión local y jamás denunció la complicidad de sus socios internacionales en tanto encubrimiento, se prepara para anunciar la formación de una “CONADEP” de la AMIA. Advertimos que se trata de una nueva maniobra. Hace 20 años, con el informe “CONADEP” en la mano, se armaron los juicios que terminaron en la condena a los comandantes. Hoy es al revés: con un juicio oral terminado y fracasado, sustanciado con pruebas que se guardan en archivos secretos cerrados ¿para qué serviría una “comisión NO investigadora” integrada por funcionarios del mismo Estado que se dedicó a encubrir sus responsabilidades criminales durante estos 10 años?.
Por eso, sólo a través de la integración de una Comisión Investigadora Independiente del Estado podremos analizar los contenidos de los archivos secretos, conocer toda la verdad y juzgar y castigar las responsabilidades criminales del Estado.
A 10 años de la masacre de la AMIA
A 9 años de la masacre de Río Tercero
A 3 años de las jornadas del 19 y 20 de diciembre
A 2 años de la masacre del Puente Pueyrredón
A pocos días de la brutal represión en Plaza de Mayo
Y cuando día a día se suman más víctimas del gatillo fácil, decimos

Basta de impunidad!!!
Abran los archivos secretos!!!
Por una Comisión Independiente del Estado!!!
Castigo a todos los culpables!!!
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ACTO por el 10º aniversario de la masacre
Discurso del 18/07/04
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Hoy,....a diez años del ataque terrorista en la AMIA, volvemos a esta Plaza de Mayo para denunciar una década de impunidad y para enfrentar la criminalidad del Estado argentino, responsable de la masacre de nuestros familiares y amigos en la AMIA.
A lo largo de estos 10 años, el Estado preparó anuncios de alto impacto mediático para cada aniversario. La detención de los policías bonaerenses, el allanamiento a Campo de Mayo, el hallazgo de espías arrepentidos, el “informe final” de inteligencia de Toma y Duhalde, y la construcción de un “juicio histórico” para encauzar los reclamos de los familiares de las víctimas, son algunos ejemplos.

Diez años después, cuando la impunidad domina la escena y queda claro que el Estado encubre a todos y cada uno de los asesinos de la AMIA, este año, al gobierno que venía a superar la “vergüenza nacional” parecía que se le agotaban hasta los anuncios. Kirchner no dice “vamos a liberar a los policías bonaerenses” que es lo que ocurrirá en pocos días más con el veredicto de un juicio fraudulento. Tampoco dice “vamos a perseguir la conexión local del atentado”, que es lo que el gobierno ya abandonó de manera pública. Ya ni siquiera promete “vamos a profundizar la investigación hasta sus últimas consecuencias”, porque sabe que en manos del nuevo juez y de los nuevos fiscales lo que queda de esa investigación son restos, que ellos mismos denominan “AMIA residual”.

Hoy, a 10 años del atentado a la AMIA, cuando la mayoría de los acusados quedará en libertad y lo único “histórico” del juicio oral es su fracaso, a Kirchner se le ocurrió conceder, a pedido de DAIA y AMIA, un día de duelo y de recordación de las víctimas.
El Presidente sabe que el duelo terminó.... Hace tiempo pudimos superarlo. Lo hicimos con la ayuda de nuestras familias y amigos, de organizaciones sociales y de derechos humanos, y nos apoyamos en una conciencia de lucha por la búsqueda de la verdad, en contra del Estado que la oculta.
Con su nueva promesa, el gobierno pareciera decirnos “los acompañamos en el sentimiento”. Pensando en todas las víctimas de la impunidad, nosotros no compartimos nuestros sentimientos por las víctimas con el Estado que durante 10 años protegió y aún protege a los asesinos. Nos sentimos muy bien acompañados aquí. Aquí están los que no se entregan a la desesperanza ni claudican ante la primera frustración. Aquí están quienes elegimos un camino de lucha, de exigencia, de denuncia, de independencia del Estado, para cambiar el rumbo y superar el desastre al que nos están arrastrando. Aquí, rodeados de todos aquellos que luchan contra la impunidad de los crímenes perpetrados por las políticas de terror de Estado, rechazamos el renovado intento de bastardear nuestros sentimientos tratando de poner un punto final a nuestra lucha por verdad y justicia.
Y ésto es, precisamente, lo que vinieron a hacer.
Cuando parecía que nos acercaban sus condolencias, terminaron por firmar un decreto que, en nombre de la recordación de las víctimas, presenta al Estado mismo como la víctima de un, textual, “ataque a la soberanía de la Nación”, y no como lo que es: cómplice y victimario de nuestros familiares y amigos.
Entonces, después de este manoseo de la verdad en nombre de nuestro dolor, el Estado termina por homenajearse a sí mismo!
Un “ataque a la soberanía nacional”, dice el Presidente....Es una afirmación de extrema gravedad. No es un dato menor y merece una breve explicación.
Ahora... cuando el Estado se apresta a liberar a los pocos imputados que aún quedan detenidos y que nunca fueron acusados de atacar la soberanía nacional. Ahora... cuando el Estado busca desvincular formalmente a sus “instituciones” de cualquier responsabilidad criminal. Ahora... que abandonaron formalmente la persecución de una “conexión local” después de haber fracasado por incriminar a Irán o Siria, el gobierno que manda tropas invasoras a Haití, pretende presentarse como el agredido e involucrarnos en el apoyo a la guerra del Medio Oriente con la excusa de buscar una “conexión internacional” que no pudieron probar durante 10 años!!!.

Con este decreto Kirchner consolida 10 años de políticas de Estado que comenzaron el mismo 18 de julio, cuando presentaron el ataque a la AMIA como el rebote en nuestro país del conflicto en Medio Oriente. Menem lo hizo como resultado de la presión directa de los enviados de EE. UU. e Israel, y con el apoyo de sus aliados locales DAIA y AMIA. Desde entonces, de gobierno en gobierno, el Estado argentino viene sosteniendo esta posición, encubriendo tanto a los responsables locales como a los internacionales de la masacre.
Kirchner va más allá: pretende comprometer a todo el país a sumarse a la lucha contra el “Eje del Mal” que proclaman Bush, Blair y Sharon, y satisfacer las mismas exigencias de los mismos aliados locales e internacionales de hace 10 años, hoy aquí en Buenos Aires, en un nuevo escenario mundial: el del rescate de los Estados y sus ejércitos empantanados en la guerra en Irak, el de la guerra de agresión y conquista. Y después...nos habla de soberanía nacional....
Repudiamos la iniciativa del gobierno de involucrar a todo el país detrás de estas políticas de entrega en nombre de la voladura de la AMIA.

¿Cómo se atreven a considerar el ataque a la AMIA como una agresión “externa” a la soberanía nacional, siendo que hasta en el mismo juicio oral fracasado se comprobó que el Estado sabía desde mucho tiempo antes que el ataque se iba a producir, que puso todas sus fuerzas de seguridad e inteligencia al servicio de su comisión, y que se encargó de encubrir su propia responsabilidad criminal durante 10 años?
¿Cómo se atreven????.... Se atreven porque están respondiendo nuevamente, como hace 10 años, a la presión directa y a la política de sus socios internacionales. Los mismos que se oponen a la apertura de los archivos secretos donde se oculta la verdad !!!
Mañana, cuando el Presidente reciba a los enviados de las organizaciones internacionales presentes en Buenos Aires, escuchará una vez más los reclamos para hacer “justicia” en el caso AMIA de quienes ofrecerán la intervención del gobierno de Bush y la O.E.A, exigiendo un más firme alineamiento con sus políticas de agresión internacional. Es lo que el presidente de la AMIA proclamó como la necesidad de avanzar contra Irán. Pero, desde el principio, todos los servicios secretos de occidente, los de Estados Unidos, los de Francia e Inglaterra, España, Israel y Brasil trabajaron en Argentina ocultando no sólo las responsabilidades criminales del Estado nacional sino también la de sus Estados mandantes, verdaderos cómplices de la “conexión internacional”.

No hay manera de enfrentar la llamada “conexión internacional” defendiendo al Estado argentino, verdadera “conexión local” del atentado.

Durante 10 años, cada uno de los Ejecutivos, cada uno de los Legislativos y todas las instancias del Poder Judicial, concretaron la decisión política de votar leyes y firmar más de una docena de decretos para encauzar el tema AMIA en la vía jurídica, y manipular la voluntad de juicio y castigo a los culpables exigida por los familiares de las víctimas. Todos los esfuerzos encubridores se concentraron en “judicializar”este crimen político y sostener una ficción de investigación. Mientras desde el Poder Ejecutivo y el Judicial se negociaba directamente con el acusado Telleldín, el Poder Legislativo tardó varios años en conformar una Comisión Bicameral que respaldó la tarea del Poder Judicial y del Ejecutivo. Ahora que resulta contundente el fracaso de los tres poderes, el Presidente Kirchner insiste con el único propósito de reciclar viejas ilusiones: quiere resucitar a la Comisión Bicameral, en tanto que el nuevo Procurador de la Nación Esteban Righi, ex defensor de Anzorreguy, es el encargado de constituir una Comisión de Fiscales Antiterroristas encabezada por el ya fracasado fiscal Nisman, para investigar futuros atentados.

Mientras tanto, siguen confundiendo a la opinión pública de la mano de AMIA/DAIA/Familiares y Memoria Activa, diciendo que abrieron los archivos de la causa AMIA.
No habían pasado 30 días después de firmados los decretos de la supuesta apertura, cuando los funcionarios de la SIDE y del Ministerio de Justicia que co-dirigen la Unidad Especial de Investigaciones elaboraron un plan ... para mantenerlos cerrados. Es más, los mismos funcionarios de inteligencia que, desde Menem para acá, están cuestionados por su directa participación en el encubrimiento, son quienes custodian la documentación y son los responsables de concretar esta política del Estado para incriminar al terrorismo transnacional, desvinculando de cualquier responsabilidad al Estado argentino mismo. La Secretaría de Inteligencia se negó y aún se niega a presentar un índice de toda la documentación obrante en la SIDE. Cuando finalmente obtuvimos un supuesto índice, que no está ordenado ni temática ni alfabéticamente, nos encontramos con el hecho que de 1.747 títulos informados, el 80% corresponde a información pública que pasó por los tribunales federales. Del 20% restante, nadie se animó a señalar un título que pudiera considerarse “secreto” o abierto por efecto de los decretos. Ni los documentos públicos pudimos revisar! El 20 de mayo pasado fuimos intimidados en dependencias de la SIDE por funcionarios que no se identificaron y, a pesar de nuestro reclamo, hasta hoy el Ministro de Justicia se niega a tomar medida alguna contra ellos y se niega a recibirnos. Más tarde, las amenazas de bomba volvieron a escucharse en los teléfonos del programa de radio “El Reloj”, que nos entrevistaba mientras hacíamos esta denuncia.
Hasta hoy, el juez Ballesteros no se preocupó por averigüar el origen de estas intimidaciones. Los dirigentes de DAIA y AMIA que hacen del reclamo de justicia una rutina, rápidos como son a la hora de negar su complicidad con las políticas de Estado ahora y en el pasado, cierran la boca y son incapaces de expresar solidaridad alguna con quienes fuimos atropellados por los funcionarios de este gobierno.
Mientras el gobierno presenta información pública como si fuera secreta, cuando vamos por ella, somos censurados e intimidados por los funcionarios de la Secretaría de Inteligencia.

La consigna de “apertura inmediata de los archivos” atraviesa los reclamos de verdad y justicia de muchos crímenes que hoy permanecen impunes. La exigencia por la apertura de los archivos de la dictadura de las madres e hijos de los desaparecidos, de los archivos secretos de Río Tercero, de los archivos de la masacre del Puente Pueyrredón, de los archivos de la represión del 19 y 20 de diciembre no es distinta a la de la apertura de los archivos secretos de la AMIA.
¿Por qué? Porque sabemos que allí se ocultan las responsabilidades criminales del Estado. Preservar el secreto de Estado es un principio de autodefensa para ocultar las prácticas de terrorismo de Estado aquí y en el mundo entero.
Nuestros reclamos se cruzan con los de otras víctimas de la impunidad porque somos víctimas del mismo Estado y de la misma política de terror funcional a los intereses políticos y económicos que hunden en la miseria al 40% de los argentinos. Y son ellos quienes nos vienen a hablar de defender la soberanía nacional!!.
Porque nuestros reclamos se cruzan, la lucha por el esclarecimiento de la masacre de la AMIA es una causa nacional.
Nuestros reclamos se cruzan incluso porque, de gobierno en gobierno, los responsables del encubrimiento son los mismos funcionarios: los Soria, los Alvarez, los Rodríguez, los Cruchaga, los Stiusso...

La impunidad es el resultado de esta política de Estado. Por ello mantienen los archivos cerrados. Abrirlos es una tarea imperiosa. El juicio oral ya terminó y la única decisión que tomó el Tribunal antes de que larguen a los acusados fue preservar los secretos de Estado, que negociaron con Duhalde y Kirchner.
Los familiares de las víctimas del gatillo fácil, de los desaparecidos, de la violencia institucional, los familiares de las víctimas del Puente Pueyrredón, de Río III o de los más recientes crímenes de Lucena y Cisneros, pueden ver su propia imagen en el espejo de la AMIA: la impunidad de las políticas de Estado pulveriza toda ilusión de justicia.
Por eso, abrir los archivos secretos es una causa común. La apertura de los archivos secretos es un golpe en el corazón de la política terrorista de Estado.
Desde APEMIA nos hemos propuesto iniciar una campaña nacional reclamando la apertura de los archivos secretos y les pedimos que difundan y adhieran con su firma al petitorio que estamos haciendo circular.
En poco tiempo más, este petitorio será entregado a las autoridades nacionales junto a todas las organizaciones y personalidades que nos acompañan.
Este reclamo para que “abran los archivos secretos” está íntimamente vinculado a la necesaria formación de una Comisión Independiente del Estado para que los analice. Porque dejar los archivos en manos de quienes ocultaron las responsabilidades criminales del Estado, construyeron una “historia oficial” en un juicio oral fraudulento y pretenden imponer ahora una “verdad histórica” ajena a cualquier condena a los culpables, es un verdadero despropósito.
¿Alguien puede imaginarse a un diputado, a algún juez o fiscal, a algún abogado de la segunda línea del Estado analizando esa información, sin deformarla u ocultarla?.

En un país que enfrenta la descomposición de los aparatos judicial, legislativo y de seguridad, no se puede confiar en las segundas partes que ofrece el Estado, no se debe confiar en la promesa de una versión 2 de los juicios cuando la versión 1 ya fracasó, ni siquiera se puede creer en un reclamo de “investigación de la investigación mal hecha” en manos del mismo aparato del Estado que maquilla sus políticas encubridoras designando algún funcionario probo. Para que el árbol no nos tape el bosque, se trata de enfrentar al conjunto del aparato del Estado y no sólo a sus funcionarios corruptos.
Quienes depositan su confianza en estos manipuladores profesionales terminan invariablemente en la desazón, en la desesperanza, en el sentimiento de traición y frustración, y con la sensación de que nada vale la pena.
Por eso hay que cambiar el rumbo. Hay una salida contra la impunidad y es enfrentar al Estado que la organiza y nos la impone. Por eso, sólo a través de la integración de una Comisión Independiente del Estado podremos analizar los contenidos de los archivos secretos, conocer toda la verdad y juzgar y castigar las responsabilidades criminales del Estado.
A 10 años de la masacre de la AMIA
A 9 años de la masacre de Río Tercero
A 3 años de las jornadas del 19 y 20 de diciembre
A 2 años de la masacre del Puente Pueyrredón
Y cuando día a día se suman más víctimas del gatillo fácil, decimos

Basta de impunidad!!!
Abran los archivos secretos!!!
Por una Comisión Independiente del Estado!!
Castigo a todos los culpables!!
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ACTO por el 9º aniversario de la masacre
Discurso del 18/07/03
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Ya pasaron nueve años ...... pero no para quedar en el baúl de los recuerdos.
Al momento de comenzar este discurso, tengo presente que en los últimos años, tal como lo manifestó María del Carmen, se ha incrementado la cantidad de víctimas asesinadas por la Bonaerense y la Federal, que el Estado le arrancó a sus familias en nombre de la seguridad. No puedo dejar de retomar las palabras de los compañeros del Bloque Piquetero, que en los últimos 2 años se han puesto de pie para defender lo más elemental de la vida, y las vidas mismas, que se cargaron los gendarmes en el Pte Pueyrredón, como antes en Corrientes y en las jornadas históricas del 19 y 20 de diciembre. Tengo presente a las Madres de esta Plaza, a las Madres del dolor de Santiago del Estero, a la lucha de las Madres del Ingenio Ledesma, a los familiares de las víctimas de la Fábrica Militar que volaron en Río Tercero, a los trabajadores que ponen en marcha las fábricas abandonadas o quebradas por sus empresarios, a los amigos que desde el interior y desde países muy lejanos nos acercan su solidaridad.

Vayan estas primeras palabras para hacer una puntualización que creemos necesaria. No somos cultores de la memoria. Estos recuerdos nuestros nos alientan a profundizar la lucha que compartimos con todas las organizaciones que hoy nos acompañan, en defensa de las libertades y en contra del terrorismo de Estado en Argentina.
El Estado argentino se ha ocupado de destruir una a una cada una de las expectativas y esperanzas de verdad y justicia que albergamos durante años.
Por eso, no venimos a avalar a quienes ponen en marcha viejas ilusiones y pretenden explotar renovados anhelos.
Venimos a denunciar las maniobras del nuevo gobierno y al Juicio Oral que sostiene nueve años de encubrimiento del crimen de nuestros familiares y amigos.

Nueve años ya pasaron desde el ataque genocida de la calle Pasteur, y ninguno tan duro como el último.
Hace un año atrás, en esta misma Plaza, denunciamos que la “investigación” de la masacre de la AMIA aún no había comenzado, y que ya entonces trabajaban para cerrarla. En el Juicio Oral “más importante de la historia” se empeñaron en no incriminar ni sentar en el banquillo de los acusados a los verdaderos responsables y a sus cómplices internacionales, mientras ponían en libertad a la mayoría de los policías procesados. Sin embargo, este esfuerzo por poner punto final a la investigación a través de un trabajoso acuerdo entre el Gobierno, los jueces del Tribunal Oral y todas las partes, entraba en crisis.
Entonces no nos equivocamos. No había nada para aplaudir.
Mientras AMIA, DAIA y Memoria Activa alimentaron durante casi dos años la ilusión de que el juicio oral era una oportunidad única y última para conocer la verdad, ahora declaran que el juicio es “justo” y que “quedará la sensación de que se avanzó” (Página 12 13/7/03).en el esclarecimiento del crimen.

Cuanta infamia! No se avanzó ni un centímetro y pusieron en libertad a la mayoría de los acusados. Es una infamia llamar “justo” a este verdadero montaje! Un Tribunal miserable que defiende los secretos de Estado, y que no sólo no trajo ninguna verdad, sino que trabaja para ocultarla de la mano de los viejos y nuevos decretos presidenciales!!

Es por esto que ya nadie se sorprende cuando denunciamos el fracaso del Juicio Oral y del Estado mismo en su esfuerzo por judicializar este verdadero crimen político. Nadie se sorprende porque todos sabemos que no es el camino para lograr verdad y justicia.
La magnitud de este fracaso jurídico se multiplica, si tenemos en cuenta el fuerte apoyo internacional recibido de Estados y personalidades, que hoy mismo están en Buenos Aires para garantizar su solidaridad con el nuevo gobierno y reforzar las ilusiones de “transparencia” que pretenden instalar.

Estamos frente a una verdadera campaña que, en nombre de la “transparencia” y de la “justicia” viene a proteger nuevamente los más oscuros secretos de Estado. El objetivo es influir en la conciencia ciudadana para ocultar que el genocidio en la AMIA y su posterior encubrimiento son actos de terrorismo del Estado argentino.

La verdad de los hechos desmiente cualquier ilusión de “transparencia”. Hace ya 40 días que el Presidente prometió la apertura de los archivos de la SIDE. Al día de hoy, tras haber firmado el Decreto 146, quien quiera conocer qué contiene el sumario interno de la SIDE deberá conformarse con la lectura de los restos que resulten de ese sumario, tras el tachado previo de los nombres y el modo de operar de sus agentes. Otro tanto ocurre con el ex jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy, que será interrogado en audiencia secreta sobre aquellos secretos que todavía pueda contar después que él mismo evalúe si aquello que se le pregunta no viola alguno de los nuevos y puntillosos secretos que fijan los Decretos 249 y 291, que ni Duhalde/Toma se atrevieron a firmar.
Todo esto puede ser aún más escandaloso: el Tribunal Oral estaría estudiando la posibilidad de que Anzorreguy declare por escrito, como si tuviera fueros para ello. Entretanto, el jefe de los espías Sergio Acevedo y los Jueces del Tribunal Oral siguen buscando un acuerdo para poder interrogar -sin comprometer- a otros 13 espías cuya declaración se espera desde hace ya 2 años. Los decretos firmados por Kirchner permitirán a los espías impulsar la libertad de Ribelli.
La perfidia de estas maniobras es tal, que mientras dicen “revelaremos los secretos de Estado”, actúan firmando 4 decretos para reforzar el ocultamiento y los secretos mismos. Y cuando ya parece que el reclamo para que declaren libremente los espías de la SIDE va a concretarse, el nuevo gobierno decreta nuevas restricciones y el punto final de las audiencias públicas. Todo esto mientras dicen que abrirán los archivos de la Federal, la Bonaerense y hasta de la Prefectura!!! Y aún si se abrieran los archivos...Quién los va a evaluar? Quiénes van a entrecruzar la información? Serán los mismos funcionarios encargados de sembrar pistas falsas, capacitados para perder las agendas de Telleldín pero incapaces para realizar los entrecruzamientos telefónicos?
Las preguntas no son retóricas. El gobernador Solá es el jefe de la Bonaerense y tiene toda la autoridad para abrir los archivos de su policía sin necesidad de decreto alguno de Presidencia de la Nación. Para el caso de que los abriese, quién los va evaluar? Su Secretario de Seguridad, el mismo que presidiera la Comisión Bicameral formada para la Investigación de los Atentados? Comisión Bicameral que a lo único que se dedicó fue a sostener y defender la tarea del juez Galeano.
Toda esta gente colaboró en el encubrimiento. Si a ellos les tocara evaluar un archivo secreto, ya sabemos en qué terminará.

Entonces, cuáles son los nuevos hechos que debieran alimentar nuestras viejas ilusiones? Qué acciones de gobierno nos invitan a aplaudir desde la tribuna de DAIA y AMIA?
La verdad de los hechos es abrumadora: después de 9 años, la lucha por verdad y justicia es contraria a tantos secretos, maniobras de jueces y camarillas, y a la política encubridora del Estado Nacional. Ninguno de ellos puede brindarnos Justicia.

Tanta voluntad de transparencia no le alcanzó al gobierno Kirchner, como antes al de Duhalde, para terminar con el intento de entregar la causa AMIA al servicio de la guerra contra Irak y, de paso, sancionar una nueva ley antiterrorista exigida por el lobby de la DAIA y la SIDE y reclamada por la AMIA de “consenso” con algunos organismos de Derechos Humanos. Este es el sentido del informe secreto promocionado por la Secretaría de Inteligencia del Estado, pergeñado en las oficinas de la CIA y el MOSSAD y calificado por ellos mismos como “profesional y punzante”.
La vigencia de estos intentos de llevarnos a una guerra genocida en Irak o en Irán, en nombre de la lucha contra el terrorismo en Argentina, y de los ataques que ya sufrimos, fue comentario obligado por los diarios de esta mañana. El cierre de la causa AMIA con una acusación formal a Irán era el precio que el gobierno de Duhalde tenía que pagar para satisfacer las demandas del imperialismo y entregar la causa AMIA al servicio de la guerra. El informe de Toma venía a cumplir este objetivo.
Cuando el próximo miércoles, Bush le manifieste su apoyo a Kirchner y le exija el envío de nuestros soldados como condición de un compromiso de ayuda económica, el presidente argentino debe tener muy clara nuestra oposición. NO EN NUESTRO NOMBRE!
Nosotros somos solidarios con los pueblos agredidos por la guerra anglo norteamericana y no con los agresores.
Esta posición no es nueva. La definimos hace meses cuando el ex Presidente Duhalde manifestaba su apoyo a la invasión aunque no mandara tropas de nuestro país. Explicamos entonces la embestida de los Decretos de Duhalde/Toma para preservar a los espías locales e imponer su Informe Secreto con la pretensión de deslindar la responsabilidad terrorista del Estado argentino e imputar toda la responsabilidad a una conexión internacional ajena al Estado argentino mismo.
Con nuestros escasos recursos organizamos una campaña nacional e internacional por la derogación de estos decretos y logramos la adhesión de cientos de amigos en nuestro país y en los lugares más distantes, desde Europa a Israel, desde Moscú a Japón y los Estados Unidos, que fueron entregadas en Balcarce 50.
Comprenderán ustedes nuestra preocupación. Sabemos que si el pasado fue un año muy duro, el que hoy comienza será más dificil aún, con nuevos enfrentamientos contra la voluntad del Estado de cerrar la causa AMIA, poner a los policías en la calle y frustrar una vez más las ilusiones y el reclamo de justicia.
La preocupación que tenemos no es exclusivamente nuestra. Incluso aquellos familiares que cifran esperanzas en esta gestión gubernamental, hicieron hoy una pausa en el apoyo brindado al Presidente Kirchner para advertirle que, aún con ilusiones, no esperarán un año más sin respuestas antes de insultarlo con un nuevo apellido.

Desde APEMIA, el desafío más importante que tenemos por delante es estrechar los vínculos con las organizaciones de lucha aquí presentes que nos acompañan desde siempre, integrándonos a sus actividades y reclamos, que también son los nuestros, para juntos enfrentar las políticas de Estado que hemos denunciado.
Vamos a esforzarnos aún más por estrechar los vínculos con las organizaciones internacionales solidarias para denunciar sistemáticamente la responsabilidad terrorista del Estado argentino y de sus socios internacionales en la masacre de nuestros familiares y amigos en la AMIA.
Nos preguntamos: Qué podemos hacer para superar el fracaso de la investigación y del juicio? Cuál es la salida? Vamos a transitar durante un año más el camino que nos condujo de frustración en frustración?
Cómo podemos cambiar un rumbo que nos imponen como si fuera el único?
Concientes de que la lucha por verdad y justicia es incompatible con las maniobras de jueces y camarillas y con las políticas encubridoras del Estado, nosotros proponemos que sea la sociedad misma quien tome en sus manos la resolución del tema.
Nuestra propuesta es formar una Comisión Independiente del Estado integrada por personalidades y organizaciones nacionales e internacionales, que recoja la evidencia acumulada y exija la entrega inmediata de toda la información clasificada para su análisis. Una Comisión Independiente podrá juzgar y castigar la responsabilidad criminal del Estado argentino y sus socios internacionales, en la comisión y el encubrimiento de la masacre de nuestros familiares y amigos.
Sabemos que ésta no es una posición sencilla, pero, a juzgar por los hechos, es el único camino viable para llegar a la verdad y obtener la justicia que nos vienen negando desde aquel 18 de Julio.

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ACTO por el 8º aniversario de la masacre
Discurso del 18/07/02
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Hoy, 18 de julio, hace 8 años atrás, a esta misma hora, cientos de nosotros buscábamos con desesperación a nuestros familiares y amigos. Los buscábamos en las calles, en las comisarías y en los hospitales, y esperábamos, manteniendo la ilusión de encontrarlos con vida.
Hoy, hace 8 años atrás, no estábamos en condiciones de imaginar que íbamos a recorrer un largo camino de lucha para llegar a esta Plaza.
A 8 años de la masacre de la AMIA, venimos a manifestar nuestra verdad en esta Plaza, símbolo de las luchas y de la confrontación con el poder.
Estamos en esta Plaza, la Plaza de las Madres, la Plaza de los estudiantes, la Plaza de los piqueteros, la Plaza de las cacerolas, junto a las Madres y a la CORREPI, junto a los estudiantes, a los piqueteros y a las asambleas para gritar en las barbas del poder que el Estado argentino es el responsable del ataque terrorista que le costó la vida a nuestros familiares y amigos en la AMIA.
Vale la pena, entonces, compartir con ustedes algunos momentos de esta experiencia que nos ayudaron a sacar algunas conclusiones.
Hoy, hace 8 años atrás, cuando todavía estábamos inmersos en un profundo dolor, miles y miles de argentinos entendieron que el atentado había sido un ataque contra toda la población y no sólo contra una colectividad victimizada, y colmaron la Plaza del Congreso y otras del interior del país para repudiarlo. En medio de una convocatoria que el Estado pretendió hacer propia y ante una masiva chiflatina, el ex Presidente Menem no pudo hablar; sólo pudieron hablar sus cómplices de la DAIA y de la Embajada de Israel.
Desde entonces, la política de Estado en torno a la masacre de la AMIA consistió en la construcción de una “historia oficial” con dos objetivos principales: deshacerse de cualquier responsabilidad propia, echando culpas contra supuestos terroristas internacionales ajenos al Estado mismo, y separar a los familiares y amigos de las víctimas del conjunto de la población afectada, para considerar lo sucedido como un problema propio de la colectividad judía.
Pocos años más tarde, en 1997, denunciamos sin contemplaciones la responsabilidad de los gobiernos de Menem y Duhalde por encubrir a los asesinos de nuestros familiares. El repudio generalizado contra los Corach, Anzorreguy, Di Tella y Antonietti, alcanzó también a la DAIA, que no encontró más tribunas tranquilas para seguir encubriendo el papel del Estado argentino.
Mientras la dirección de la comunidad judía atravesó esta misma plaza para pedir “disculpas”, manifestar su solidaridad con el Estado y sellar una vez más los acuerdos de silencio y complicidad con el gobierno menemista, un número importante de familiares y amigos, con el desesperado objetivo de buscar “verdad y justicia”, comenzamos a recorrer un camino opuesto, independiente del Estado y de sus gerentes, de sus socios, y de los partidos políticos que aún lo sostienen manipulando ilusiones y esperanzas. Ya íbamos camino de sacarnos de encima un salvavidas de plomo.
Llegamos aquí en medio de este difícil proceso. Y estamos orgullosos de volver a estar acompañados ahora por las mejores expresiones de lucha del pueblo argentino.
No es por casualidad que llegamos junto a estas organizaciones hermanadas en el mismo esfuerzo de terminar con los planes que empezaron con el terror y que se continúan con la muerte de muchos jóvenes a manos del “gatillo fácil”, para intentar imponernos después el hambre, la miseria y la confiscación general que nos afecta a todos.
Los muertos de la AMIA asesinados hoy, hace 8 años, son víctimas de los negocios de Estado y entre Estados y son víctimas de una política terrorista del Estado argentino, que sabía del atentado con antelación, que no hizo nada por impedirlo, que participó con sus fuerzas de seguridad en el crimen y con todos los estamentos del poder en la preservación del secreto y en el encubrimiento, e instaló el miedo en el conjunto de la población.
No se trata de excesos, ni de errores, ni de resabios de elementos mafiosos enquistados en el aparato estatal como si se tratara de una enfermedad infecciosa para la que siempre podemos encontrar un remedio. Sabemos reconocer en el Estado argentino al artífice de estos planes. Sabemos reconocer a nuestros enemigos.
QUE SE VAYAN TODOS! QUE SE VAYAN TODOS LOS RESPONSABLES DEL TERROR, LA MUERTE Y EL HAMBRE!

En 1999, cambiando el tono pero no el contenido, vinieron por más.
Los progresistas del gobierno de la Alianza fueron mucho más lejos: buscaron cerrar la causa montando el juicio oral y público como la culminación de los esfuerzos del menemismo por impedir cualquier tarea seria de investigación para esclarecer el crimen de la AMIA. El cierre de esta causa judicial constituye una cuestión de Estado que trasciende a los administradores de turno.
Para garantizar el éxito del juicio sancionaron la ley del arrepentido, elaboraron decretos para proteger a los imputados y a los espías extranjeros, ya habían pagado salarios y comprado testimonios de los acusados con dineros públicos y, como si todo esto no fuera suficiente, apelan una y otra vez a los secretos de Estado para justificar la masacre de 84 personas.
Desde hace 10 meses, se montó un juicio oral que nadie cuestiona, con buen nivel doctoral para debatir incluso los temas más intrascendentes. Abogados, jueces y camaristas, ministros, legisladores y miembros de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Investigación saben que este juicio ni siquiera se refiere a lo ocurrido precisamente el 18 de julio. Apoyados en una investigación completamente irregular, este montaje sólo juzga elementos policiales y asociados a los servicios de inteligencia que tuvieron una participación necesaria, pero que están vinculados a hechos que ocurrieron hasta una semana antes del atentado.

Hoy, 8 años después, quién puede creer que de esta parodia judicial se va a saber la verdad?
Quién puede tener hoy el coraje de seguir alimentando la ilusión de justicia apoyándose en la supuesta rectitud de los jueces de un Tribunal o esperando, 8 años después, el milagro de alguna confesión espontánea?
El tema es que la investigación de la masacre de la calle Pasteur aún no comenzó, trabajan para cerrarla y por eso en el llamado “juicio oral” ponen todo el empeño para no incriminar ni sentar en el banquillo a los verdaderos responsables y a sus cómplices internacionales: los Menem, De la Rúa, Rodríguez Saá y Duhalde, de la mano de estados como Brasil, Estados Unidos e Israel, entre otros, que intervinieron a través de sus servicios secretos y nunca aportaron ninguna información para esclarecer el ataque a la AMIA. Por las dudas, el actual Presidente Duhalde ha limitado mediante decreto los futuros testimonios de los espías nacionales en el juicio, prohibiéndoles hablar de las tareas realizadas por sus pares extranjeros.
No creemos en la “historia oficial”. No nos alcanza con que entreguen la cabeza del mentiroso de Telleldin o, como pretenden después de la masacre de los piqueteros, la del “loquito” Franchiotti.
Y por eso, ahora vamos por los responsables políticos de tamaña criminalidad y de tanta “cacería atroz”: el Estado argentino, que es la conexión local de la masacre de nuestros familiares en la AMIA.
Porque repudiamos el juicio oral y condenamos el accionar de los tres poderes del Estado, llamamos a construir una solidaridad nacional e internacional, para que este repudio y condena se multipliquen en el interior del país y en otras ciudades del mundo tal como se ha multiplicado el reclamo de nuestras Madres, tal como ahora se multiplican las cacerolas.

QUE SE VAYAN TODOS DE LA INVESTIGACION Y DEL JUICIO!
Y QUE VAYAN TODOS PRESOS!
Juicio y castigo a TODOS los culpables!
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