En
la apertura de las sesiones parlamentarias, el Presidente dijo que necesitaba
“que la palabra recupere el valor que alguna vez tuvo entre nosotros.” También
reconoció que se instaló “en el imaginario público una realidad que no existe…
Gobernar no es mentir ni es ocultarle la verdad al pueblo”.
Es
difícil encontrar una introducción más adecuada para hablar de 26 años de
impunidad en la masacre de la AMIA.
Su
discurso introdujo en la agenda política la necesidad de esclarecer el atentado
al que asoció con “los sótanos de la democracia”.
Hasta hoy, el
Estado hizo lo indecible para no investigar este crimen de terrorismo de Estado
cometido al amparo de su institucionalidad democrática.
El
Presidente anunció una nueva desclasificación de testimonios de agentes de
inteligencia y documentos secretos. En realidad, esto sucede desde hace 17
años: una decena de decretos presidenciales ya ordenaron la desclasificación de
documentación y autorizaron a los ex agentes de la SIDE a declarar libremente
en dos juicios orales. Se hizo en nombre de ayudar a investigar y
esclarecer el atentado, y se repitió hasta el cansancio. (Cfr. Informe de la
Fiscalía, págs. 6 a 26 en https://www.fiscales.gob.ar/wp-content/uploads/2016/10/AMIA-Desclasificaci%C3%B3n.pdf).
Sin
embargo, hasta hoy no podemos acceder a esa documentación. Está en
poder de la Fiscalía AMIA que tampoco mostró interés en esos archivos, por estar
enfocados únicamente en una acusación internacional en la que nadie cree y sólo
se sostiene para satisfacer intereses geopolíticos.
Aquello
que se presentó como “desclasificación” de los archivos resultó en su opuesto:
un bloqueo a su apertura, investigación y conocimiento público. No aportó a la
investigación ni al esclarecimiento integral del atentado. ¿Por qué sería
distinto ahora?
Repetir
las mismas palabras y acciones no será un aporte para esclarecer el más importante
crimen de Estado cometido en democracia. Para ello, es imprescindible cambiar el rumbo.
Se
trata de comenzar una investigación que, de gobierno en gobierno, se viene
negando deliberadamente. O peor aún: se desplaza el objeto de una investigación
hacia “el encubrimiento” exclusivamente, como si esto fuera ajeno a los tres
Poderes del Estado.
Para no terminar enredados en palabras y comenzar
una investigación hay que abrir los archivos y no restringir su
acceso manipulando la palabra “desclasificar”, que sólo sirve
para impedir su conocimiento.
Abrir
los archivos de AMIA es ponerlos en la misma categoría que el Estado dio a
archivos de la dictadura y de la guerra de Malvinas, que ya no son un secreto
de Estado.
Las
medidas que el Presidente dispuso resultan insuficientes y hasta
inconducentes a la hora de transparentar la acción del Estado y abandonar
la hipocresía que le reprochó a su dirección política.
Para que la palabra
recupere su valor, el Presidente tiene una oportunidad que queremos que considere:
la de facilitar la formación de una Comisión Investigadora Independiente, una
Comisión de la Verdad, integrada por personalidades de diferentes ámbitos de la
vida nacional y familiares de las víctimas, con representación parlamentaria, y
con acceso irrestricto a los archivos
secretos.
“Sin memoria,
verdad y justicia la Argentina no se puede poner realmente de pie”. Para ello,
es necesario sacarse las máscaras, dejar de poner el atentado al servicio de la
política de los aliados y acreedores internacionales y facilitar que se forme
una Comisión Investigadora del crimen de la AMIA.
LAURA GINSBERG
PABLO GITTER
Integrantes de APEMIA
Agrupación Por el Esclarecimiento
de la Masacre Impune de la AMIA
Agrupación Por el Esclarecimiento
de la Masacre Impune de la AMIA
PUBLICADO EN DIARIO CLARIN EL 04/03/2020.