A 26 años del atentado a la AMIA: ¿Rediseñar la Impunidad?

A 26 años de la masacre de la AMIA, las iniciativas del Gobierno revelan cuál es su interés real por esclarecer el mayor crimen del terrorismo de Estado del período democrático. No se trata de lo que dice, sino de lo que hace.

Este gobierno continúa la orientación de los anteriores: mantiene cerrados los archivos de la SIDE y no responde a lo solicitado por los fiscales hace 3 años, aunque hable de “desclasificación total y absoluta”; en su viaje a Israel reiteró el compromiso de poner la investigación en manos de sus aliados y sostener una acusación internacional sin pruebas, mientras se niega a investigar la responsabilidad criminal de las fuerzas de seguridad locales y ratifica el decreto de Macri y M. Pompeo contra Hezbollah.

Después de varios gobiernos de diferente signo y de tres largos juicios sin un solo sospechado por el crimen, es evidente el esfuerzo del Estado nacional por no investigar ni esclarecer nada, y poner el atentado en el tablero geopolítico internacional para obtener algún beneficio económico o diplomático de su alineamiento y no para su esclarecimiento y castigo a los culpables.

El Poder Judicial es parte de esta estrategia. La Cámara Federal dictó un fallo que le pide al Ejecutivo apelar al Consejo de Seguridad de la ONU para obligar al Líbano, sanciones mediante, a declarar “terrorista internacional” a Hezbollah con base en una Resolución del Consejo que no incrimina a esa organización. Se trata de la Resolución 1373/01, que tampoco fue pensada para aclarar el atentado a la AMIA ni tanto encubrimiento oficial.

Los jueces quieren “determinar … las actividades de los miembros de la organización… en la ‘Triple Frontera’”, lo cual es un objeto de estudio ajeno al atentado y a la causa judicial.

En lo sustancial, lo que les importa es retomar la orientación que Nisman y la SIDE imprimieron a la Fiscalía, bajo la influencia de la dirección judía local, Estados Unidos e Israel.

El Estado nacional entrega su obligación y mandato de investigar para robustecer sus compromisos internacionales. De gobierno en gobierno, el esfuerzo por responsabilizar a los malos del mundo por el atentado hace imposible cualquier investigación. Tenemos intereses diferentes.

Años atrás, la ex Presidenta reconoció su “ingenuidad” por haber impulsado el Memorando para mediar entre las grandes potencias al servicio de un tratado con Irán. Ahora usan la causa AMIA para servir a los intereses de Trump y Netanyahu en el Consejo de Seguridad. 
¿No es este otro intento de poner la causa en un limbo internacional?

Las políticas del Gobierno y el fallo judicial nos alejan de esclarecer el atentado. Los jueces son incapaces de superar los obstáculos del Ejecutivo y la Fiscalía para abrir los archivos secretos, conocer su contenido y orientar la investigación hacia las responsabilidades del Estado ya debatidas en juicios anteriores.  

Se empeñan en mantener la ficción de “justicia”, mientras el Ejecutivo hace planes de rediseño institucional. No esclarecer el atentado a la AMIA habla de la impunidad provocada desde las instituciones. No habrá rediseño que valga si siguen sosteniendo la impunidad. Nosotros luchamos por superarla… no seremos sus cómplices. Para nosotros, esclarecer el atentado no es lo de menos.  

El ataque a la AMIA es un crimen de Lesa Humanidad. El Estado tardó mucho en reconocerlo. Por definición, son los crímenes cometidos por el Estado contra su población y no los que comete un individuo de paso por el país. Para conocer la verdad e impulsar el juicio y castigo a los culpables, hay que estudiar la documentación que sigue secreta incluso para jueces y partes, pese a tanta promesa. Para eso, es necesario aumentar la cantidad de profesionales que la organizan y que les provean las condiciones necesarias para facilitar y agilizar la tarea.

No es el paso del tiempo lo que impide conocer la verdad y esclarecer el crimen… La impunidad y el encubrimiento podremos superarlos. Se trata de cambiar el rumbo. Pensamos en una Comisión Investigadora Independiente con acceso irrestricto a los archivos. La imaginamos integrada por personalidades intachables y representativas de los derechos humanos, la cultura, la política y la sociedad nacional.

Debatir estas ideas y superar los relatos del pasado es el desafío que nos anima. ¿Qué queremos legar a la nueva generación? ¿El rediseño de la impunidad o verdad, juicio y castigo a los culpables?.


Artículo publicado en Clarín on line el 16/07/2020 18:07

El decreto 213/20 dice “DESCLASIFICACIÓN ABSOLUTA” pero los archivos seguirán cerrados

Buenos Aires, 09/03/2020


El gobierno de Alberto Fernández dictó el Decreto 213/20 referido a una supuesta apertura / desclasificación de documentación vinculada al atentado a la AMIA que, en nombre de la transparencia institucional, mantiene la saga de 18 años de decretos de “desclasificación” que ahora presenta como “absoluta” (Art. 3°).

El Decreto 213 se fundamenta en la Ley de Inteligencia 25.520/01 y en sus modificaciones de 2015, en particular en el artículo 16 bis, inciso c), que clasifica toda la información obtenida por la Secretaría de Inteligencia dándole distintos grados de secreto.

En el Art. 1° del Decreto, establece “el carácter de PÚBLICO…a toda aquella información brindada desde el Estado Nacional para los procesos judiciales que ya cuentan con sentencia, relativos al atentado…incluyendo… la totalidad de la información brindada desde el Estado Nacional en las audiencias de los juicios realizados”. O sea que solamente permite el acceso y la difusión de todo el material que haya formado parte como prueba en los juicios relativos al atentado a la AMIA y su encubrimiento, y que hayan tenido sentencia.

Al resto de la información documental no se le da carácter “público”, no se la libera de su condición de secreto, ratificando que no será accesible. Nos referimos a las cajas de documentación que están a disposición de la Fiscalía AMIA, que son parte de la causa que tramita en el juzgado de Canicoba Corral, y que no fueron prueba en ningún juicio hasta el día de hoy. Son los 2 km de cajas que logramos rescatar de la privatización impulsada por el gobierno de Macri, privatización que contaba con apoyo de varios senadores K, hoy en el oficialismo.

Cuando el art. 3 declara “la desclasificación absoluta de la totalidad de la información y documentación relacionada con el atentado… “, lo que hace es confundir al lector desprevenido. La llamada “desclasificación” sólo servirá para impedir el conocimiento público de los archivos secretos.

Por último, y bordeando el absurdo, el Artículo 5° ordena conformar “una mesa de diálogo” en la cual la AFI, el Ministerio de Justicia, el de Seguridad y el de Relaciones Exteriores “dialogarán” junto a la Fiscalía, las víctimas o querellantes “… a fin de procurar transparencia y eficacia en la recolección, tratamiento y difusión de la información estatal…”. Nos proponen dialogar para sortear los “problemas institucionales que impidan el adecuado acceso al derecho a la verdad y a la información”, según se afirma en el texto y no acerca de cómo comenzar una investigación abriendo los archivos.

El Decreto no explicita plazos para su convocatoria ni cuál es la propuesta del gobierno para resolver “lo que luce contradictorio con los alcances del derecho a la verdad en un Estado democrático”, según sus Considerandos.

La “mesa de diálogo” estará integrada por los mismos organismos que debieran ser investigados por el crimen y su encubrimiento. Es una mesa puesta para conciliar el derecho a la verdad con la no apertura de los documentos secretos. Resulta una clara concesión a las presiones de DAIA / AMIA y la Embajada de Israel para mantener el encuadre de la historia oficial e impedir cualquier investigación seria e integral.

Después de prometer un punto final para los “sótanos de la democracia”, en vez de abrir los archivos y entregarlos a una Comisión Investigadora Independiente, el gobierno se encamina a “dar vuelta la página” y poner punto final a cualquier posible investigación, reafirmando su intención de seguir manipulando el tema del atentado para preservar el sistema judicial e institucional. Es el camino contrario a Memoria, Verdad y Justicia con el que Alberto Fernández prometió poner al país de pie durante su discurso ante la Asamblea Legislativa.

El nuevo decreto nada cambió en relación a la apertura de los archivos que reclamamos desde hace décadas y que continúan en secreto. Por ello no constituye un paso en la dirección de nuestro reclamo de apertura de archivos y creación de Una Comisión Investigadora del crimen de la AMIA.

APEMIA

apemia2002@yahoo.com.ar

PARA INVESTIGAR HAY QUE ABRIR LOS ARCHIVOS

En la apertura de las sesiones parlamentarias, el Presidente dijo que necesitaba “que la palabra recupere el valor que alguna vez tuvo entre nosotros.” También reconoció que se instaló “en el imaginario público una realidad que no existe… Gobernar no es mentir ni es ocultarle la verdad al pueblo”.
Es difícil encontrar una introducción más adecuada para hablar de 26 años de impunidad en la masacre de la AMIA.
Su discurso introdujo en la agenda política la necesidad de esclarecer el atentado al que asoció con “los sótanos de la democracia”.
Hasta hoy, el Estado hizo lo indecible para no investigar este crimen de terrorismo de Estado cometido al amparo de su institucionalidad democrática.
El Presidente anunció una nueva desclasificación de testimonios de agentes de inteligencia y documentos secretos. En realidad, esto sucede desde hace 17 años: una decena de decretos presidenciales ya ordenaron la desclasificación de documentación y autorizaron a los ex agentes de la SIDE a declarar libremente en dos juicios orales. Se hizo en nombre de ayudar a investigar y esclarecer el atentado, y se repitió hasta el cansancio. (Cfr. Informe de la Fiscalía, págs. 6 a 26 en https://www.fiscales.gob.ar/wp-content/uploads/2016/10/AMIA-Desclasificaci%C3%B3n.pdf).
Sin embargo, hasta hoy no podemos acceder a esa documentación. Está en poder de la Fiscalía AMIA que tampoco mostró interés en esos archivos, por estar enfocados únicamente en una acusación internacional en la que nadie cree y sólo se sostiene para satisfacer intereses geopolíticos.
Aquello que se presentó como “desclasificación” de los archivos resultó en su opuesto: un bloqueo a su apertura, investigación y conocimiento público. No aportó a la investigación ni al esclarecimiento integral del atentado. ¿Por qué sería distinto ahora?
Repetir las mismas palabras y acciones no será un aporte para esclarecer el más importante crimen de Estado cometido en democracia. Para ello, es imprescindible cambiar el rumbo.
Se trata de comenzar una investigación que, de gobierno en gobierno, se viene negando deliberadamente. O peor aún: se desplaza el objeto de una investigación hacia “el encubrimiento” exclusivamente, como si esto fuera ajeno a los tres Poderes del Estado.
Para no terminar enredados en palabras y comenzar una investigación hay que abrir los archivos y no restringir su acceso manipulando la palabra “desclasificar”, que sólo sirve para impedir su conocimiento. 
Abrir los archivos de AMIA es ponerlos en la misma categoría que el Estado dio a archivos de la dictadura y de la guerra de Malvinas, que ya no son un secreto de Estado.
Las medidas que el Presidente dispuso resultan insuficientes y hasta inconducentes a la hora de transparentar la acción del Estado y abandonar la hipocresía que le reprochó a su dirección política.
Para que la palabra recupere su valor, el Presidente tiene una oportunidad que queremos que considere: la de facilitar la formación de una Comisión Investigadora Independiente, una Comisión de la Verdad, integrada por personalidades de diferentes ámbitos de la vida nacional y familiares de las víctimas, con representación parlamentaria, y con acceso irrestricto a los archivos secretos.
“Sin memoria, verdad y justicia la Argentina no se puede poner realmente de pie”. Para ello, es necesario sacarse las máscaras, dejar de poner el atentado al servicio de la política de los aliados y acreedores internacionales y facilitar que se forme una Comisión Investigadora del crimen de la AMIA.
LAURA GINSBERG
PABLO GITTER

Integrantes de APEMIA
Agrupación Por el Esclarecimiento
de la Masacre Impune de la AMIA

PUBLICADO EN DIARIO CLARIN EL 04/03/2020.

UN DECRETO, LA SEGURIDAD NACIONAL Y 25 AÑOS DE IMPUNIDAD

Buenos Aires, 12/12/2019

La presión de Israel y la dirección judía local para imponerle al nuevo gobierno su rumbo y política, acusar a Hezbollah por la voladura de la AMIA y vetar a quien era candidata a Ministra, no pudo esperar siquiera la asunción de Alberto Fernández. La escalada trepó hasta cancelar el viaje de la delegación oficial israelí prevista para saludar al nuevo presidente.

Tanto la Cancillería de Israel como la DAIA presionaron para mantener un registro contra el “lavado de activos” – conocido como decreto contra Hezbollah- como centro de la preocupación por la seguridad nacional. 

Dijeron que "Es un paso necesario para la lucha contra el terrorismo internacional” (La Nación 05/12) y que “la justicia argentina determinó que (los atentados) fueron ejecutados por Hezbollah, lo que fue corroborado por nuestra Corte Suprema" (Clarín 04/12/19). En el mismo sentido intervino el titular de la UIF, Mariano Federici, al participar del XVI Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad junto al hijo del Presidente de Brasil, Eduardo Bolsonaro.

Invocar como principio de “verdad” la autoridad de la Corte, los jueces o las instituciones del Estado, es una falacia. Además, tampoco es cierto que la Corte haya “corroborado” nada.

Ni el juez de la causa ni la Corte Suprema determinaron que Hezbollah fuera el autor del ataque a la AMIA. La versión que los acusa junto a Irán de ser responsables del atentado la fabricaron Israel y el Estado argentino a pocas horas de ocurrido el crimen, cuando acordaron en riguroso secreto acusar al “terrorismo internacional” y sostener una versión común de los hechos. Lo hicieron mucho antes de que se conocieran las evidencias de la responsabilidad local. De esto sí hay muchas pruebas y no sólo informes acomodados de Inteligencia local y extranjera.

Estas versiones aún se mantienen en pie no por su condición de verdad ni de seriedad, sino gracias al acuerdo político profundo entre ambos Estados, sostenidas también en el lobby local, las operaciones judiciales y mediáticas.

El decreto de Macri contra Hezbollah y el llamado terrorismo internacional -que Israel y los Estados Unidos quieren preservar- es la manifestación tardía de una alianza que, con acuerdos más o menos sólidos, con marchas y contramarchas, se tejió a lo largo de 25 años.

Puso al Estado argentino en línea con las “nuevas amenazas” definidas por el Pentágono y la OTAN y, de paso, lo excusó de cualquier responsabilidad en la comisión del atentado.

Fue, al mismo tiempo, un aporte para estructurar la política internacional del Estado nacional junto a sus socios y el resultado de tantos años de impunidad.

Presentarlo como un aporte a la investigación –como pretende la cancillería de Israel- o como el supuesto resultado de una investigación de los atentados –al decir de la DAIA- es una infamia, un desprecio por la verdad.

Después de casi siete años de debates y dos juicios, el Tribunal Oral que juzgó el encubrimiento concluyó que “el Estado Argentino ha reconocido su responsabilidad por el atentado que tuvo lugar en la sede de la AMIA/DAIA” (Fundamentos de la Sentencia, 03/05/19, págs. 223/4). Quedó probada la responsabilidad de altos funcionarios del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial en una maniobra global de encubrimiento. Aunque parezca un chiste, hay que reiterar que el ex juez, los ex fiscales, los ex jefes de la SIDE y policías no fueron condenados por ser agentes de Irán o Hezbollah. Fueron condenados por el encubrimiento del atentado que organizó el Estado nacional.

Pero hasta hoy, la política de Estado no cambió ni está a la altura de esa condena.

Aún sin referirse en concreto al caso AMIA, el Presidente Fernández prometió que va a combatir las operaciones políticas que involucraron a los Servicios de Inteligencia, a jueces y medios.

¿Lo hará también para facilitar la investigación del atentado a la AMIA? El Poder Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial pasaron casi 26 años haciendo operaciones y maniobras de todo tipo mientras las pruebas que revelan el involucramiento del Estado en el crimen están celosamente protegidas en archivos aún secretos.

La presión de Estados Unidos e Israel sobre el nuevo gobierno para continuar con el “alineamiento internacional” tiene como contracara la impunidad de este crimen de terrorismo de Estado cometido en democracia.

Derogar o no el decreto no es inocente ni inocuo… Es una señal y una definición sobre los límites que el gobierno tendría para terminar con esas “operaciones políticas”.

Investigar el atentado y terminar con la impunidad no es todavía ni una declaración ni un compromiso del nuevo gobierno. Es una deuda que el Estado tiene para con toda la sociedad, no sólo para con los familiares de las víctimas. 

Los antecedentes de tantos años no permiten ser optimistas respecto del futuro de las intenciones del gobierno. Pero si el Presidente Fernández realmente quiere terminar con las “apretadas” y operaciones locales o internacionales, tiene una oportunidad formidable.

Se trata de constituir una Comisión Investigadora Independiente en el Congreso nacional como ya la apoyaron muchos diputados de los distintos bloques. Una Comisión integrada por personalidades intachables del quehacer político, cultural, de derechos humanos, junto a familiares de las víctimas, que con los archivos secretos y pruebas en su poder, pueda comenzar de una vez por todas una investigación integral del crimen de la AMIA.

Una Comisión Investigadora como la propuesta ayudará a consolidar una política nacional independiente. 

NOTA: Publicado en diario Clarín del 12/12/2019 en formato on line. Ver: 
En la edición impresa de Clarín del mismo día, en la página 31, se publicó una versión editada de este artículo. 

Homenaje de lxs trabajadorxs de la Fiscalía a las víctimas del atentado a la AMIA

Buenos Aires, 18 de julio de 2019

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Hoy se cumplen 25 años del atentado más terrible de nuestra historia. En este día especial, nosotros elegimos conmemorar a las víctimas de aquél hecho infame. Por ese motivo, hoy colocamos sus fotos en la Unidad de la Fiscalía que investiga la causa, junto a lxs trabajadores comprometidos con el esclarecimiento y condena de los responsables. 

Hace tiempo, comenzamos una fuerte tarea gremial en el sector con el convencimiento de que no se trata de una tarea sindical más, sino que cada logro laboral -aumento de personal, respeto de los derechos de los trabajadores, condiciones dignas de trabajo- redunda directamente en las posibilidades ciertas de llegar algún día a tener memoria, verdad y justicia para las víctimas y sus familiares.

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25° ANIVERSARIO DEL ATENTADO A LA AMIA

¿VERDAD Y JUSTICIA…O MEMORIA?

Por Laura Ginsberg y Pablo Gitter


Hace dos meses, el Tribunal que juzgó el encubrimiento concluyó: “el Estado Argentino ha reconocido su responsabilidad por el atentado que tuvo lugar en la sede de la AMIA/DAIA” (págs. 223/4, Sentencia 3/5/19).

El gobierno y la oposición ocultan esta conclusión, pretenden ignorar su significado y no hablan de las consecuencias que implica.

Aunque los jueces se limitaron a juzgar delitos de encubrimiento, dejaron en evidencia que la participación del Estado en el atentado excede la fabricación de pruebas y el armado de una investigación y una causa judicial.

Los equipararon a un crimen de Lesa Humanidad pero resolvieron con “una de cal y otra de arena”: condenaron al exjuez, a los exfiscales, a los titulares de la SIDE y de las fuerzas de seguridad, pero liberaron a Menem y a Beraja, su socio político.

La política de Macri va en contra de lo resuelto. En vez de profundizar la investigación en el sentido que expresa la sentencia, organiza una campaña de propaganda internacional junto al Congreso Judío Mundial para decir que el atentado “está esclarecido” echándole la culpa a Irán y/o Hezbollah.

¿Qué nuevas pruebas tienen cuando el juez de la causa, Canicoba Corral, dijo que la pista iraní es sólo una hipótesis?

Asistimos al final de un ciclo y nadie espera que haya Justicia.

Mientras los jueces reconocieron -aún de manera limitada- el compromiso del Estado nacional y sus funcionarios en el atentado, el gobierno se pasea en eventos internacionales reclamando Justicia, pero no se propone esclarecer nada.

Para Avruj, están embarcados en “un camino sustentado en la memoria” (La Nación, 26/6/19).

El concepto de Justicia no se basa en “Memoria”. Es lo opuesto a cualquier investigación judicial, que se basa en pruebas. Así confunden a toda la sociedad.

Con esta nueva política presentada como un logro, se consolidan 25 años de NO investigación. Esa es la política de Estado.

Para investigar es necesario abrir los archivos que aún mantienen cerrados.

Dos años atrás, el gobierno pretendió poner esa documentación que es prueba en la causa AMIA, en manos de empresas pantalla de la CIA y del MOSSAD. Se lo impedimos judicialmente, obligándolos a retroceder.

Ahora quieren direccionar la investigación para “llenar casilleros en blanco”, según uno de los subordinados de Avruj (Clarín 14/7/19). ¿No es esto otro capítulo de la fabricación de pruebas que condenó el Tribunal?

El Procurador Casal y el nuevo Fiscal no se oponen a ello: son responsables del vaciamiento de hecho y hasta ideológico de la Fiscalía. 
En estas condiciones, el gobierno pretende imputar a Irán mediante una Ley de Juicio en Ausencia, con el acuerdo de la DAIA y todos los partidos. La ministra Bullrich explicó sin filtro: “vamos a lograr por lo menos sentir que los pudimos juzgar” (La Nación 6/1/19). Cambiemos, el PJ y el kirchnerismo se alinean en una misma política internacional y exculpan al Estado argentino. 

El decreto para declarar terrorista a Hezbollah es parte de la campaña del gobierno comprometida con Pompeo e Israel.

A contramano de la ONU y la Unión Europea -que no los acusa -, usan el atentado a la AMIA como excusa para disolver la diferencia entre las políticas de Defensa y de Seguridad Interior y presentar al Estado como líder antiterrorista en la región.

Contra esta política de Estado, la necesidad de abrir los archivos secretos y constituir una Comisión Investigadora Independiente es una condición para esclarecer el crimen e impulsar el Juicio y Castigo a todos los culpables. 
Este es el camino de Memoria, Verdad y Justicia para superar la impunidad que sufrimos los argentinos durante tantos años en democracia.


Este texto fue publicado en la versión impresa de Clarín el 17-7-19

DECLARACIÓN ANTE LA SENTENCIA DEL JUICIO POR “ENCUBRIMIENTO”


Buenos Aires, 3 de marzo de 2019 
“Señoras, Señores…. El juicio terminó”

Con la solemnidad de estas palabras, el Presidente del Tribunal Oral dio por finalizado el segundo juicio vinculado al atentado a la AMIA. En realidad, lo que terminó es mucho más que un juicio. Es el final de un ciclo.

Como reflejo de la presión social por lograr condenas en esta causa por irregularidades y delitos varios, hubo más condenas de las que esperábamos aunque con penas muy bajas dada la magnitud de los delitos cometidos.

Este proceso se inició hace veinte años y desde que se elevó a juicio no se incorporaron nuevas pruebas. Ya finalizó y las pruebas que podrían explicar no sólo el encubrimiento sino el papel criminal del Estado en el atentado, siguen ocultas al conocimiento de jueces y partes en los archivos secretos del Estado.

Las condenas resultaron insuficientes, y sólo se explican por el esfuerzo de los jueces para hacer equilibrio entre la demanda social de justicia en la causa AMIA y las presiones del gobierno y AMIA/DAIA por las posibles consecuencias posteriores que veremos en poco tiempo más.

Después de la sentencia, distintos observadores reconocieron que el papel de los familiares de las víctimas fue determinante para alcanzar este resultado. Aún así, la sensación de que no se hizo justicia fue generalizada. Nadie quedó satisfecho.

Pero, por pequeño que fuera este paso, las condenas son un logro indiscutible de la lucha de los familiares y amigos de las víctimas por Verdad y Justicia, prácticamente en solitario.

Fueron condenados el ex titular de la SIDE y su segundo hombre, el ex juez y los dos ex fiscales que fingieron una investigación y el responsable de la Policía Federal a cargo de colaborar con Galeano. Las condenas de las principales figuras políticas del Estado fueron logradas quebrando veinte años de resistencia de los distintos gobiernos, de AMIA y DAIA y hasta de la injerencia de gobiernos extranjeros. La absolución de Menem sólo se explica por este esfuerzo de equilibrismo jurídico y político: el ex presidente no podía desconocer lo que sucedía.

Pese a que los fundamentos aún no se conocen, no hay nada para festejar.

A 25 años del atentado, ya pasamos 7 años enfrentando debates en juicios orales… y la investigación del crimen todavía no comenzó.

La sentencia no terminó con la impunidad como algunos medios de prensa interpretaron. La impunidad que se preserva es la de los autores del atentado. Y aquí apenas se condenó por hechos “menores”, cometidos por altos funcionarios del Estado en la instrucción de la causa AMIA.

El Tribunal se negó a extraer testimonios contra la SIDE y el juez Santa Marina tal como lo solicitamos. Este juez, todavía a cargo del juzgado federal de Lomas de Zamora, se dedicó a armar con la SIDE causas paralelas a la de Galeano.

Los jueces se negaron a impulsar una investigación judicial contra ellos. Tampoco reconocieron la envergadura de las acciones delictivas denunciadas contra la SIDE, a pesar de los testimonios que dieron cuenta de que el atentado fue una operación controlada por el servicio de inteligencia. Sólo lo limitaron al pago a Telleldín y a su participación necesaria en el encubrimiento de la pista Kanoore Edul.

Con su negativa a dar impulso a las denuncias que escucharon en las audiencias, obligan a las víctimas, otra vez, a ponerse al hombro denuncias y sostener futuros juicios, mientras la Unidad Fiscal de Investigaciones AMIA se encuentra en vías de disolución.

De esta manera, los jueces limitaron los alcances de la lucha contra la impunidad al desestimar la denuncia de que estos hechos fueron mucho más que delitos cometidos de manera individual: fueron parte de una “maniobra global”, reconocida hasta por los fiscales en su propio alegato.

A pesar de las condenas, y aunque parezca contradictorio, los jueces del juicio “contra el encubrimiento” quedaron por detrás de lo resuelto hace 15 años en el juicio anterior, cuando aquel Tribunal denunció la existencia de un “complot” que aquí quedó reducido a meros delitos individuales.

Los jueces, evidentemente, no vincularon esas “graves violaciones” con la “maniobra global” denunciada. Lo hicieron así para no acusar al Estado Nacional ni sacar conclusiones que lo comprometieran en un verdadero plan de impunidad.

En este marco, resulta puramente formal el haber reconocido que los delitos cometidos por los principales funcionarios del Estado fueron “graves violaciones a los Derechos Humanos”. Es una declamación. No dictaron ninguna condena ejemplificadora a la altura de ello y sólo lo hicieron para evitar la vergüenza que hubiera significado la eventual prescripción de los delitos cometidos.

En definitiva, se trata de una sentencia contradictoria, ya que las penas resultan insuficientes para un delito de la jerarquía que tienen las “graves violaciones a los Derechos Humanos”. No condenaron a la cabeza del Poder Ejecutivo, pero sí a sus principales funcionarios en el área de Inteligencia y Seguridad. Tampoco ordenaron investigar al Poder Judicial.

Aún cuando condenar a algún acusado era inevitable, la sentencia revela que los jueces no tuvieron la íntima convicción de terminar con la impunidad ni de impulsar nuevas investigaciones para poner fin a la “maniobra global”.

Con la primera línea política del Estado argentino condenada, la primera consecuencia jurídico/política debiera ser dar por superada la campaña del Estado, de la dirección judía y los medios de prensa por responsabilizar exclusivamente a Irán o Siria por la comisión del atentado.

La reacción de las direcciones de AMIA y DAIA fue inmediata. El mismo día de la sentencia, AMIA y DAIA - que entraron a este juicio como querellantes- se pasaron con armas y bagajes a las filas de la defensa de Galeano, Anzorreguy y los Fiscales ante la Casación.

El resultado de este juicio es el final de un ciclo. El Poder Judicial y la Procuración renuncian a impulsar una investigación como declamaron hacerlo hasta ahora y descargan cualquier continuidad en las espaldas de las víctimas, mientras están desarmando a la Unidad Fiscal y niegan su propia responsabilidad por la falta de investigación.

Aún con las cabezas del Estado condenadas y mientras los archivos secretos permanecen cerrados, hay una enorme dificultad general para pensar la hipótesis de la responsabilidad del Estado argentino en la comisión del crimen, y no sólo en el plan de encubrimiento.

Esta dificultad persiste, aún cuando en breve veremos cómo se van a caer las innumerables versiones de la participación internacional. Los opinólogos oficiales y oficiosos contribuyeron a generar la impresión de que el Estado nacional tuvo una responsabilidad menor en la comisión del atentado terrorista. Y al pueblo argentino le cuesta aún creer que, en un régimen democrático, el Estado nacional fue el responsable del atentado terrorista y su encubrimiento posterior.

El crimen de la AMIA es un crimen político, un crimen cometido y encubierto por el Estado y, 25 años después, su investigación todavía no comenzó. El final de ciclo es el cierre de una etapa donde todos los gobiernos prometían una investigación judicial como solución política.

Y esto se terminó. Ahora ni siquiera hay promesas.

Necesitamos otro rumbo… Alentamos una verdadera respuesta política para conocer la Verdad e impulsar Justicia.

Para superar 25 años de impunidad y encubrimiento, la única investigación posible es aquella que impulsen las víctimas superando los obstáculos de una institucionalidad que nos llevó de frustración en frustración. Proponemos constituir una Comisión Investigadora Independiente con acceso irrestricto a los archivos del Estado.

Invitamos a todas las organizaciones populares, de derechos humanos, partidos políticos y a los familiares de las víctimas a debatir estas ideas e impulsar una Comisión Investigadora como la propuesta.

APEMIA

apemia2002@yahoo.com.ar

La renuncia de Zbar y el atentado a la AMIA

Buenos Aires, 04 de febrero de 2019


ALGUNAS REFLEXIONES PARA TERMINAR CON 25 AÑOS DE IMPUNIDAD

En los últimos días, el tema del atentado a la AMIA volvió a desencadenar una crisis política que rápidamente se cobró la cabeza del presidente de la AMIA, uno de los principales aliados de la política del gobierno nacional.

Lejos de haberse superado, su renuncia deja abierto el debate sobre cómo abordar la lucha por el esclarecimiento del atentado.

Una carta dirigida a sus colegas de la DAIA, intimándolos a renunciar a las políticas que ambos compartían hasta ahora de manera pública con el gobierno, desató esta crisis. No es un secreto que las direcciones de AMIA y DAIA estaban discutiendo cómo abandonar el protagonismo judicial, en particular contra CFK y Timerman en el futuro juicio por el Memorando con Irán, que ellos mismos habían presentado como si se tratara de un paso adelante en el camino del esclarecimiento del atentado.

Después de forzar todas las instancias judiciales y hasta lograr que Bonadío impusiera la acusación reaccionaria de “traición a la Patria” que ambos promovieron, se quieren bajar de esta imputación, que se habían propuesto debatir en dos meses.

AMIA y DAIA sostuvieron estas iniciativas político/jurídicas alimentando las políticas del Estado nacional para acusar al gobierno anterior por la firma del Memorando con Irán y presentarlo como responsable de la impunidad y el encubrimiento de 25 años.


De este debate formaron parte autoridades del gobierno nacional y del Estado de Israel, que hasta hace una semana compartían actos con los presidentes de DAIA y AMIA y discutían estas políticas.

La voluntad de AMIA de renunciar a la acusación sostenida de manera común por años y la de DAIA por postergar unos meses su debate trascendió la mera lucha interna y es reveladora de la crisis de la política del Estado para el esclarecimiento del atentado a la AMIA.


RENUNCIAN A ESCLARECER EL ATENTADO

Hasta hace pocos días las direcciones de AMIA y DAIA impulsaban una política de Estado en común y acompañaban la denuncia de Nisman.

El ex presidente de la AMIA, Agustín Zbar, sostuvo públicamente que se “… van abriendo otras vías que esperamos que lleven al eje central, que es esclarecer y castigar a los responsables del atentado” (las negritas son nuestras). Otras vías… que no estaban en manos del Juez Canicoba Corral, a cargo de la causa del atentado.
Zbar pensó que tocaba el cielo con las manos porque Bonadío, hace apenas un año, fue el primer juez que afirmó “que Irán es el principal responsable” de la masacre, mientras Canicoba Corral siempre dijo que no hay prueba suficiente para esa imputación. (Publicado por AMIA el 07/12/2017. Ver en: http://www.amia.org.ar/index.php/news/default/show/news/3648)

Entonces, con la excusa de esclarecer el atentado, la dirección de AMIA se propuso “otras vías”... Y por fin, después de 24 años, encontró a Bonadío para imputar a Irán en otra causa, aunque no tuviera nada que ver con la investigación del atentado a la AMIA.
Y ahora, apenas un año después, abandona esta política y lo hace como “la única manera de preservar la unidad y la paz” de la colectividad judía. Es brutal…

Después de 25 años, la dirección de la colectividad judía reconoce que renuncia al camino que ella misma eligió y alentó, aún sabiendo que nunca aparecieron pruebas para esa imputación mientras decía que ese camino era el único que llevaba a esclarecer el atentado.
Eligió seguir manipulando los hechos, ahora en nombre de la “unidad y paz” de su colectividad y despolitizar el crimen político más importante de las últimas décadas, lo que equivale a sostener conscientemente el encubrimiento y la impunidad.
No hay manera de disfrazarlo ni de ampararse en frases bíblicas… es lo opuesto al reclamo por Verdad y Justicia.

En cada paso que dan, siembran confusión en toda la sociedad para ocultar su propio papel encubridor, tanto a nivel nacional como internacional. Definitivamente, no les interesa el esclarecimiento del atentado y subordinan cualquier resultado a las necesidades políticas del Estado nacional y sus socios internacionales.
Es importante recordar que, de acuerdo a documentos obrantes en Cancillería, desde el mismo momento del atentado el Estado de Israel propuso consensuar una versión común sobre la responsabilidad del atentado. Y desde hace años sostienen a cal y canto ese consenso sobre la supuesta responsabilidad libanesa, siria y/o iraní para preservar y ocultar la responsabilidad que tuvo el Estado nacional en la comisión del atentado y su encubrimiento posterior, evitando así cualquier investigación seria y objetiva.

Al revés de lo sostenido por la AMIA y la DAIA, las únicas pruebas que surgieron en tanto tiempo, implicaban la responsabilidad del Estado nacional en, al menos, el encubrimiento del atentado. Y más recientemente, algunos testimonios brindados en el juicio oral en curso dieron cuenta de que el atentado fue una “operación controlada” por los Servicios de Inteligencia nacionales.

El sincericidio de uno de los principales socios del gobierno de Macri en relación a qué políticas asumir frente al atentado a la AMIA, no hace otra cosa que poner de relieve la crisis que se está incubando en la política del Estado argentino después de 25 años de impunidad. No se trata sólo de una crisis de las “internas” judías.
Es la crisis de las políticas de Estado la que se manifiesta en las direcciones de las organizaciones como AMIA y DAIA que vehiculizan estas orientaciones políticas.


¿EN QUÉ CONTEXTO SE DESENVUELVE ESTA CRISIS? 

En primer lugar, para los próximos 30 días se espera una sentencia en el juicio oral por las irregularidades y el encubrimiento cometidos durante la instrucción judicial, que tiene por acusados a Menem, Galeano, los ex fiscales, Anzorreguy y otros directivos de la SIDE y la Policía Federal, etc., todos ex funcionarios del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial.

Este es el segundo juicio en el tema AMIA y se prolongó en exceso. Lleva más tiempo que el primero, aquél que terminó liberando a los principales acusados de ser la conexión local del atentado.
Lo que nos prometen de diferente en este juicio no debe alentar expectativas. Es un secreto a voces que todos se irán a su casa. Lo único que se puede esperar es una condena para Galeano, que será más del orden moral que de prisión efectiva. Ni hablemos de Anzorreguy… se hace “el loco” y, ya sobre el final del juicio, los jueces todavía no resolvieron su situación como acusado. Es que Anzorreguy pretende ser declarado insano y por tanto inimputable.
Y a los ex fiscales? Los van a condenar? Son conocidas las presiones del gobierno que echaron a la querella del Ministerio de Justicia para así garantizar la defensa de los ex fiscales, que acompañaron las irregularidades y el encubrimiento cometidos por Galeano.

Con la vista puesta en el futuro, un segundo aspecto de la crisis serán las consecuencias que tendrá la sentencia del juicio. Después de 20 años de comenzada la instrucción de la causa, si no hubiera condenas, ya sería motivo suficiente de escándalo. Pero si las hubiera, aunque mezquinas, los principales líderes políticos de entonces y del Poder Judicial serán formalmente culpables de los delitos que cometieron para que no se esclareciera el atentado. Y si el instructor de la causa AMIA es condenado, qué van a inventar para sostener la acusación contra los iraníes?
De una u otra manera, con la próxima sentencia estaremos al borde de un nuevo escándalo institucional que involucrará a los tres poderes del Estado en el encubrimiento.

Y todo ello sin siquiera comenzar a hablar de investigar y esclarecer el atentado y la responsabilidad criminal que le cupo al Estado argentino en su comisión y encubrimiento.

De modo contradictorio, mientras se espera la sentencia judicial, al borde del inicio de un nuevo juicio contra Telleldín y la promesa de trabajar nuevas líneas investigativas, están disolviendo la Unidad Fiscal AMIA, aquélla que debiera impulsar la investigación. Cambiaron a los fiscales que actuaron en los últimos años, nombrando en su lugar a fiscales subrogantes que atienden otras fiscalías y están asignados part-time a ésta.
La disolución se disimula vaciando a la Unidad y sin haber definido una política distinta a la instalada por Nisman, la AMIA y la DAIA.
El Procurador General de la Nación tiene sobre el tema una política inalterable: cambia de Fiscales, pero mantiene cerrado y obstaculiza el acceso de los querellantes a los archivos secretos del Estado, que hemos logrado poner a disposición de la Unidad Fiscal porque son prueba judicial, pero aún no tenemos el acceso a su contenido.

Siguiendo este camino de maniobras jurídico-políticas, con los archivos secretos cerrados y la negativa gubernamental y legislativa para constituir una Comisión Investigadora ¿alguien puede pensar que en el futuro habrá “Verdad y Justicia”?

Por último, en pocos meses más, se cumplirán 25 años del atentado… Y todavía no comenzó la investigación de qué pasó, cómo fue posible este crimen, hasta hoy considerado el crimen antisemita más importante desde de la Segunda Guerra Mundial y, por lejos, entre los crímenes políticos más graves que registra la historia argentina después de los bombardeos a Plaza de Mayo en 1955.

Lo que está en crisis, entonces, es la política del Estado argentino, de gobierno en gobierno, a lo largo de 25 años.

CUÁL ES LA PERSPECTIVA

Pasaron 25 años y aún no se sabe nada… no sabemos qué encubren los encubridores… Ni hablemos de quiénes son los responsables….
Desde Menem para acá, cada gobierno hizo su aporte para que no se investigara nada y siempre lo hicieron en nombre de un supuesto compromiso institucional para “avanzar” en la investigación. La DAIA y la AMIA los acompañaron de maniobra en maniobra, de manipulación en manipulación. La Alianza usó la causa AMIA para mostrar la calidad institucional del Poder Judicial que esperaban alcanzara el cenit con el trabajo de Galeano y la SIDE. Terminó mostrando que era una estafa fabricada para hacer creer que se había esclarecido lo que llamaban “conexión local”.
El gobierno de Kirchner fue el primero en acusar formalmente a Irán de ser la conexión internacional, y usó la causa AMIA para sostener su alineamiento internacional con Estados Unidos e Israel contra el llamado Eje del Mal.
En su segundo mandato, a Cristina Kirchner le tocó cambiar de rumbo y usar la causa AMIA para alentar el acuerdo internacional de Obama y las grandes potencias con Irán. En el terreno local, apuró el juicio “por el verdadero encubrimiento” publicando solicitadas en medios locales e internacionales para hacer “un llamado a la sociedad argentina y a la comunidad internacional” a poner atención sobre el sistema de justicia penal y apoyar el Memorando negociado con Irán.
El gobierno de Macri, que dejó caer el Memorando bajo la presión de Netanyahu y sus socios de AMIA y DAIA, es parte del encubrimiento “histórico” del Estado sin siquiera tener alguna iniciativa para presentarse como interesado en su esclarecimiento. Su única intervención fue para tratar de salvar a los ex fiscales en el juicio del “encubrimiento”. El Parlamento, cuyos principales dirigentes apoyaron la creación de una Comisión Investigadora hace dos años, nunca concretó el debate sobre el tema dejando pasar el encubrimiento del Ejecutivo y del Judicial.

En este contexto, en vísperas del 25° aniversario de la masacre impune, las iniciativas políticas del Estado y sus socios están agotadas. El Estado que hace bandera de la defensa de los derechos humanos en el mundo es incapaz de comenzar una investigación de este atentado terrorista que involucra al Estado en democracia.
La institucionalidad misma queda cuestionada y está agotada después de haber sembrado una ilusión: la de esclarecer un crimen de Estado por la vía jurídica y, encima, ocultando las pruebas durante 25 años.

¿Qué es lo que el pueblo argentino no puede conocer?

En estas condiciones, ¿qué esperanza se puede alentar con futuros juicios que sólo pueden tener un carácter burocrático/administrativo y serán ajenos, por completo, al sentimiento popular y de las víctimas por Verdad y Justicia?

Persistir en el camino de AMIA, DAIA, el Estado argentino y sus socios internacionales, no nos puede llevar a buen destino. No se trata de hacer una interpretación moral del papel encubridor que eligieron AMIA, DAIA y los sucesivos gobiernos para defender sus propios intereses.

Esclarecer el atentado a la AMIA, un crimen de terrorismo de Estado, es una lucha política contra todos ellos.

Es necesario abrir un debate nacional sobre el esclarecimiento del atentado a la AMIA, una verdadera causa nacional y de la lucha por los derechos humanos en nuestro país, que fue manipulada hasta el hartazgo, operaciones políticas y de prensa mediante.

Y ese debate debiera contemplar el reclamo por la apertura inmediata de los archivos secretos, el acceso irrestricto a los mismos por el conjunto de la población argentina y la conformación de una Comisión Investigadora integrada por personalidades de distintos ámbitos de la vida nacional y los familiares de las víctimas en el marco del Congreso Nacional.

Es la oportunidad que nos plantea esta crisis.

El destino de la lucha por Verdad, Juicio y Castigo a los culpables se encuentra junto a las organizaciones populares, los organismos de derechos humanos, agrupaciones estudiantiles y de trabajadorxs, y no en las interpretaciones bíblicas ni en las manipulaciones a las que nos tienen acostumbrados.
                                                                                                                                APEMIA

                                                                                                           apemia2002@yahoo.com.ar

8M en la audiencia del juicio en Comodoro Py por la causa AMIA

Buenos Aires, 8 de Marzo de 2018

Laura Ginsberg y la abogada Bárbara Blarouson 
en un breve receso de la audiencia de los alegatos de las querellas. 
APEMIA alegará en la primera quincena de abril.

Comunicado de APEMIA ante la visita de Netanyahu

Acceder al texto completo del comunicado 

dando Click Aquí

Comunicado de APEMIA del 04/08/2017

EL JUEZ CANICOBA CORRAL RESOLVIÓ ENTREGAR
LOS ARCHIVOS SECRETOS DE LA AMIA AL PODER EJECUTIVO

Publicado en CLARÍN 18/07/2017 - Debate

Un decreto que refuerza la impunidad


Último momento - Comunicado del 18/07/2017

Frenamos la entrega de pruebas y archivos secretos de la causa AMIA al Poder Ejecutivo

Pedimos al Juez que declare inconstitucional el decreto de Macri

El martes 9 de mayo, el juez Dr. Canicoba Corral y los secretarios del Juzgado Federal Nº 6 que tienen a su cargo la investigación del atentado a la AMIA, recibieron a una delegación de APEMIA y a sus representantes legales.

En la entrevista, Laura Ginsberg tuvo la oportunidad de exponer nuestras preocupaciones referidas a la reciente sanción del Decreto 229/2017 y a sus implicancias, tanto para el trabajo de la Unidad Fiscal como para el Grupo Especial de Relevamiento de la documentación aún secreta (GERAD), dependiente de la Fiscalía. Por último, presentó nuestro pedido solicitando al juez dicte una medida de no innovar, ordenando al Poder Ejecutivo se abstenga de ejecutar las disposiciones del Decreto y declare la inconstitucionalidad de varios de sus artículos. 

Fundamentamos nuestro pedido, entre otras consideraciones, en la convicción de que con este Decreto el gobierno vuelve a entregar el control y manejo de los archivos aún secretos de la causa AMIA a la ex SIDE y a otra dependencia del mismo Poder Ejecutivo -la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia que dirige M. Cimadevilla- resultando en una injerencia que afecta directamente el control y el trabajo de la Unidad Fiscal, las tareas del GERAD sobre prueba ya judicializada y a nuestra situación como querellantes. 

Caracterizamos que se trata de una nueva ofensiva política/jurídica integral por parte del gobierno, expresada primero con la presentación del proyecto de Ley de “Juicio en Ausencia” y luego, con la publicación del Decreto. En ambos casos, el gobierno conspira contra cualquier esfuerzo de investigación, apoyándose para ello en el lobby de la DAIA y la Embajada de Israel.

Esperamos que a nuestra presentación y pedido de inconstitucionalidad del Decreto se sumen ahora los Fiscales y las otras querellas.

Para conocer la presentación, hacé click aquí

MESA DEBATE 

"TERRORISMO DE ESTADO 

Y ARCHIVOS SECRETOS 

- EL CASO AMIA"

Transcripción completa (Haga click aquí)


Abrir los archivos de la AMIA

Artículo publicado en el diario La Nación el 24/06/2016

Laura Ginsberg y Pablo Gitter

Acceder a la publicación en lanacion.com






El próximo 18 de julio se cumplirán 22 años de la masacre impune de la AMIA. Un nuevo aniversario sin imputados ni presos ni condenados por el crimen más grave del terrorismo de Estado cometido en nuestro país desde la llegada de la democracia. Es decir, una herencia de impunidad y encubrimiento que nos dejaron los tres poderes del Estado.

Para entonces, Macri habrá pasado sus primeros siete meses de gobierno sin haber tomado ninguna medida concreta para conocer la verdad y, con ella, impulsar el juicio y el castigo para todos los responsables criminales y encubridores.

Montado en las promesas de campaña, dejó caer el memorándum con Irán, pero eso no resultó un aporte para esclarecer nada. Desde entonces, el Gobierno redujo los anuncios públicos, aparece dividido sobre cómo actuar y muestra notorias dificultades para elaborar una política propia.

Una parte de sus funcionarios siguen empeñados en los "juicios contra ausentes" para satisfacer las exigencias de Israel y la DAIA, simular juicios contra supuestos implicados iraníes y exculpar al Estado argentino de su responsabilidad criminal en el atentado. Esta política es parte de un acuerdo no escrito: tanto funcionarios israelíes como argentinos debaten en reuniones oficiales acerca de cómo dar por cerrado el caso al menor costo. Una próxima visita de Netanyahu al país serviría para coronar sin rencores esta construcción de mutuo beneficio y profundizar una alianza política, comercial y de seguridad. La propuesta, con el declarado propósito de simular un juicio y alcanzar la "verdad jurídica" oficial, pondría patas para arriba todo el sistema jurídico nacional.

A lo heredado, entonces, suman su propio aporte para sostener el encubrimiento.

Otro amplio sector de funcionarios y legisladores, tanto oficialistas como opositores, estarían dispuestos a debatir nuestra propuesta para formar una comisión investigadora independiente en el ámbito del Congreso Nacional. Pero eso es contradictorio respecto de la política del Gobierno y de la que algunos de los legisladores defendieron en el pasado. Porque la condición para constituir cualquier comisión investigadora es tener a su disposición los archivos secretos que el Estado sigue ocultando. Y desde que asumió, el Gobierno reforzó aún más el secreto sobre esos archivos. Van algunos ejemplos.

Macri le pidió a Obama abrir archivos vinculados a la dictadura en la Argentina y se felicitó por eso, pero hasta hoy se niega a abrir los archivos secretos propios vinculados al atentado a la AMIA, aun cuando lo venimos reclamando desde hace años y, de manera reciente, fue pedido por los fiscales.

Los archivos del crimen de la AMIA que supuestamente fueron abiertos por gobiernos anteriores son los residuos de esos archivos secretos y, aun así, siguen bajo control físico de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). El equipo de profesionales dependiente de la Procuración encargado de acondicionar esos documentos mal conservados, digitalizarlos y analizarlos podría demorar diez años más en completar su labor en medio de las dificultades diarias que la AFI impone y la negativa para ampliar el número de especialistas indispensables para concretar el trabajo en el corto plazo.

Además, el Gobierno se niega a trasladar la documentación a una dependencia del Archivo de la Memoria acondicionada para conservar material de esa naturaleza. No sólo peligran los archivos en poder de la AFI, sino que también, con su negativa, el Gobierno refuerza el control de los espías sobre los archivos supuestamente abiertos.

El panorama a nivel judicial no es más alentador. La llamada causa AMIA es una de las más de 70 vinculadas al atentado. El juicio que sustancia el TOF N° 2 contra Menem, Galeano y ex funcionarios de la SIDE y de la Policía Federal por las irregularidades y delitos cometidos en la instrucción de la causa AMIA se lleva a cabo con los archivos secretos cerrados. Aun así, muchos de los testigos y buena parte de los acusados apuntaron hacia las responsabilidades que tuvo la ex SIDE en el armado del encubrimiento y las irregularidades.

La defensa del secreto de Estado y de las actividades criminales de los espías se traduce en una mayor protección para los principales imputados en el mal llamado "juicio del encubrimiento". En este punto, la política del gobierno de Cambiemos no fomenta cambio alguno y se convierte en una prolongación de las políticas de impunidad de más de dos décadas. Acaban de reforzar por decreto el secreto sobre las actividades de la AFI y debaten devolverles las escuchas telefónicas a los espías, en momentos en que se vuelve a discutir la necesidad de disolver la AFI.

El Poder Judicial ya se mostró incapaz para terminar con la impunidad. La voluntad de seguir judicializando este crimen político y evitar su investigación resulta un refuerzo en los pilares del encubrimiento.

Si el Gobierno no ordena abrir los archivos secretos del atentado a la AMIA, no habrá verdad ni justicia ni comisión que sean viables.

En los próximos días presentaremos en el Congreso el proyecto de ley para crear una comisión investigadora independiente y abrir los archivos secretos del Estado. Esperamos que el Gobierno impulse su debate y aprobación en ambas cámaras. Sería su mejor aporte.

Los diputados y senadores que acompañen con su firma y su voto el debate empeñarán mucho más que un "juego político" para sostener o mejorar su imagen. Se juega la chance de correr el velo sobre los hechos y la verdad de este crimen de Estado, que permanecen ocultos desde hace tantos años.

Titular y miembro, respectivamente, de la Agrupación 

por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (Apemia)

Mesa Debate Hotel Bauen / ACTIVIDAD SUSPENDIDA / 17/06/2016

Estimada/o 
Como Uds. saben, el gobierno nacional y el Congreso declararon feriado nacional el próximo viernes 17 de junio, fecha en la cual los habíamos invitado a participar de la charla-debate “Terrorismo de Estado y archivos secretos: el caso AMIA” en el hotel Bauen.
 
Frente a ello, hemos considerado conveniente postergar la actividad, que será reprogramada en las próximas semanas. 
Volveremos a invitarlos con la debida anticipación.
 
Cordialmente
 
APEMIA

El gobierno nacional hizo pública su disposición para acompañar el proyecto de APEMIA para crear una Comisión Investigadora del atentado a la AMIA en el Congreso Nacional. 

El ministro Garavano se reunió con APEMIA.

Leer AQUÍ los detalles de la reunión realizada el 27/01/2016.
Entrevista a JULIO GAMBINA Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP