DISCURSO 18-07-06

Hoy… al cumplirse 12 años del atentado en la calle Pasteur, levantamos esta tribuna para denunciar que con el actual gobierno continúan la impunidad y el encubrimiento de los responsables de esta masacre que se cobró la vida de nuestros familiares y amigos en la AMIA. Lo hacemos en circunstancias muy especiales: en estos días se refuerzan las maniobras nacionales e internacionales que ponen al Estado argentino tras las políticas de Bush, Blair y Olmert.


Tenemos el orgullo de poder compartir nuestra tribuna con quienes confrontan día a día las mentiras y la criminalidad del aparato estatal y denuncian una a una las promesas gubernamentales que nunca son satisfechas.

En estos familiares y amigos de las víctimas de muchas otras causas aún impunes, se simbolizan luchas que envuelven y se entrecruzan con la lucha por el esclarecimiento de la masacre de la AMIA. Sus triunfos también son los nuestros, porque, aunque alguna vez parezcan insuficientes, marcan un camino y un método ejemplares en la lucha contra la impunidad en nuestro país.
Con este orgullo y con este acompañamiento, tenemos la obligación de advertir a todo el pueblo argentino que en manos de este gobierno la causa AMIA marcha hacia su prescripción, lo que significará un duro golpe para la causa de todas las luchas por los derechos humanos en nuestro país.
Las circunstancias de este nuevo aniversario son más graves aún que en años anteriores. Las políticas del gobierno de Kirchner y las de sus socios locales e internacionales agravan la impunidad, el encubrimiento y confunden deliberadamente a toda la población.
El actual Ministro de Justicia, el mismo hombre que sirvió a Menem, a Duhalde y a Ruckauf como vice Ministro de Interior, tuvo la osadía de reconocer que la causa AMIA va hacia la prescripción y al mismo tiempo afirmó que hay “avances en la investigación” y que el gobierno es querellante contra los encubridores.
Qué coraje!
¿De qué avances habla Sr. Ministro?
¿Puede alguien creer que los mismos hombres que indultaron a los Videla y Massera, que sostuvieron a Galeano y Anzorreguy, que pagaron a Telleldín por su silencio y que aún ratifican a los jueces de la “servilleta” como Bonadío… puede alguien creer que con esta gente se avanza en algo diferente a ratificar un pacto de impunidad?
¿Puede alguien pensar que satisfaciendo las demandas de DAIA y AMIA, cómplices del Estado en todas sus maniobras nacionales o internacionales, se avanzaría un paso, por pequeño que fuese, en el esclarecimiento y en el quiebre del pacto de impunidad?

A diferencia del pasado, para este aniversario el gobierno Kirchner ni siquiera pudo hacer un anuncio que sembrara alguna ilusión a la medida de lo que llama “un avance”.
A diferencia del pasado, para este aniversario el espacio de los anuncios que no llena el gobierno lo ocupan el embajador de Israel en Argentina y los integrantes del Congreso Judío Mundial que vinieron a Buenos Aires.
Sin aportar ninguna prueba, vinieron directamente a ratificarle al gobierno sus demandas de acusar a Irán, a Siria y a Hezbollah del crimen de AMIA y dar por terminada cualquier investigación de la “conexión local” de los asesinos y de los encubridores que pudiera incriminar al Estado argentino y a sus socios internacionales en este crimen de terrorismo de Estado. Vinieron a exigir un paso más en la estrategia compartida con el gobierno nacional de usar la causa AMIA como excusa para comprometerse en la estrategia mundial contra el llamado “eje del Mal”.
Compartiendo las políticas de Bush, Blair y Olmert, este gobierno que prometió terminar con la vergüenza nacional del encubrimiento de los criminales y con las “irregularidades” de la causa AMIA, entrega en bandeja cualquier posibilidad de investigación, y termina consagrando la impunidad en esta masacre llevado por las necesidades de sus socios que -nacional e internacionalmente- le cubren las espaldas.
Al poner la causa AMIA al servicio de la política del Estado de Israel, el gobierno nacional consolida el mismo camino que abrió Menem, cuando le mandó sus condolencias por esta masacre al Primer Ministro israelí.
Por eso el gobierno no tiene nada para mostrar. Por eso no puede hacer ningún anuncio ni estar siquiera presente en el acto oficial.
Por eso Kirchner mantiene la boca cerrada frente a la magnitud y la criminalidad de las acciones terroristas del Estado de Israel en Gaza y en el Líbano.
Nosotros no estamos de acuerdo en poner la causa AMIA al servicio de esta política de guerra y agresión.
Nosotros nos solidarizamos con las víctimas de tamaña agresión y como víctimas del terrorismo del Estado nacional en AMIA, denunciamos que la política del gobierno argentino permite que la “solución final” de la causa AMIA quede en manos de estos genocidas!

Ahora, el alineamiento internacional con las estrategias de Estados Unidos e Israel le impide al Estado nacional cualquier posibilidad de avanzar en la investigación y esclarecimiento de la masacre de la AMIA.
Aunque en este aniversario la dirección de DAIA/AMIA y del Congreso Judío Mundial parecen confrontar con el gobierno, los acuerdos políticos logrados garantizan la continuidad del mutuo encubrimiento y de las “relaciones carnales” entre los socios.

¡Si estos son los socios internacionales que lo apoyan … Qué clase de “avances” podemos esperar del gobierno de Kirchner?

El último intento que hizo por mostrar algo novedoso fue hace 10 meses, cuando el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones, Alberto Nisman, anunció haber identificado al conductor suicida que se habría inmolado en la AMIA.
El juez Canicoba Corral –a cargo de la causa llamada “AMIA residual”- aprovechó los anuncios para reivindicar abiertamente no sólo a los fiscales y su equipo, sino también al ex juez Galeano. La asociación no fue inocente ni casual…
El fiscal construyó las pruebas como antes lo hacían Galeano y sus socios, jefes del mismísimo Nisman durante el juicio oral que consagró la impunidad.
Nisman jugaba con las palabras presentando sus certezas como “pruebas”, después de reconocer que no pasaban de ser “inferencias” que surgían de la declaración de un hermano del suicida que “nunca había dicho que su hermano participó en el ataque contra la sede de la AMIA”… La estafa no duró ni 24 hs..
Pero hace pocos días, DAIA y AMIA lo alentaron a mantener en secreto sus investigaciones y hoy mismo le reclamaron rapidez y resultados. Después de 12 años y con el apoyo del FBI y el Mossad, el gobierno y el fiscal siguen conspirando en silencio, buscando alguna prueba que señale la participación de alguien que tenga el perfil de un terrorista internacional para incriminarlo en el ataque a la AMIA.
Aún si aceptáramos las conclusiones del fiscal, no avanzaríamos un milímetro en el esclarecimiento del atentado, porque “certificar” el nombre y la culpa del muerto no aclara el carácter de los vínculos entre el Estado nacional y el grupo político al que habría pertenecido el atacante. Nada nos dice acerca de cómo hizo ese joven que no hablaba español para coordinar su acción criminal y el uso de helicópteros, explosivos y vehículos, con la no menos criminal participación de la Policía Federal, de la Bonaerense, de la SIDE, y de los funcionarios de los tres poderes del Estado, tibiamente aludidos en el fallo de los jueces del Tribunal Oral que liberó a Telleldín, a Ribelli, y que lavó la cara de la Policía Bonaerense.
No sólo no avanzaríamos un milímetro en el esclarecimiento: retrocederíamos brutalmente, porque con el “responsable” muerto se cierran las actuaciones y –de paso- el Estado se ahorra tener que declarar la prescripción de la acción penal o reconocer el atentado como un crimen del terrorismo de Estado en nuestro país.
Si el fiscal Nisman creyera en sus propias investigaciones debería inculpar al Estado nacional que necesariamente dio cobertura criminal a la acción terrorista, y que ya reconoció que -al menos- le dio cobertura jurídica, cuando el mismo Nisman era miembro del equipo de fiscales que sostuvo la impunidad. Tampoco aclara si, ahora que conoce la identidad del muerto, el fiscal piensa perseguir la confesada y probada responsabilidad de los funcionarios de Estado.
Así, el gobierno intentó minimizar la participación del Estado argentino, que ya se había reconocido como “encubridor agravado”, y reforzar la conexión internacional a pedido de sus socios encubridores.
El Estado sostiene a Nisman con los mismos argumentos con los cuales hasta ayer sostenía a Galeano: el resultado de las investigaciones sobre la conexión internacional se mantiene en secreto para defender el supuesto éxito de las mismas.
Lo único que logran por este camino, es repetir el fracaso.
Lo hacen para proteger a los encubridores y exculparse a sí mismos de su responsabilidad criminal en el ataque.

Es imprescindible reflexionar alrededor de estas ideas para comprender que la masacre de la AMIA no fue el producto de un solitario hombre-bomba suicida, sino el producto de los intereses y vínculos políticos entre los Estados.

Si el gobierno, la DAIA, la AMIA y Memoria Activa pueden mostrar como avances los mismos métodos del pasado… entonces siguen la impunidad y el encubrimiento!!

En el último año, trataron de mostrarse activos en la persecución de Galeano, presentado como el gran responsable del encubrimiento y de la impunidad. El Consejo de la Magistratura se las arregló para entregar su cabeza y, al mismo tiempo, rechazar el 90% de los cargos en su contra. Galeano fue acusado por el único delito que nunca pudo haber cometido en soledad: el pago de los u$s 400.000 a un imputado hacía imprescindible contar con el apoyo político y material de los tres poderes del Estado.
El pago a Telleldín fue la evidencia del acuerdo entre el Estado nacional y los criminales para que ni los “mandantes” ni los “mandados” sean condenados por nada.
Denunciamos públicamente que el actual Ministro de Justicia, Dr. Iribarne, pretende mostrarse del lado de la persecución a Galeano, cuando en realidad es uno de los responsables ideológicos y materiales del encubrimiento.

Desde 1994, Iribarne conocía el decreto que este gobierno aún mantiene en secreto y que autorizaba ese pago. Lo conocía porque como vice Ministro del Interior de Carlos Menem, fue uno de los responsables ideológicos de ese decreto al que aún hoy sigue considerando legítimo.
Ahora… el ex juez Galeano invoca en su propia defensa la “legalidad” de ese mismo decreto secreto que el Ministro aún defiende y que Kirchner no derogó.
Que Galeano y los fiscales todavía no hayan terminado presos nos permite intuir que la solidaridad de sus ex colegas del Poder Judicial los dejará finalmente en libertad.
Entonces… No persiguen a los criminales ni a los encubridores…Por eso no pueden hacer ningún anuncio.
Los avances del gobierno son contrarios a la verdad y a cualquier investigación seria.


Con los archivos secretos cerrados, el gobierno y sus socios creen tener un motivo para alegrarse. Hablan de “seriedad” y de “progresos” en la “judicialización” de lo producido por la SIDE y por los servicios de inteligencia extranjeros.
Los jueces no pudieron evitar la abrumadora evidencia de la acción delictiva de los tres poderes del Estado y de su Servicio de Inteligencia, aunque se propusieron no sancionarlos. Es parte de los intentos que desde el Poder Judicial se vienen haciendo para rearmar al Estado con una nueva interpretación jurídico-política que, en este caso, legitime los “principios” y acciones ilegales de sus propios servicios de seguridad.
Los encubridores se felicitan porque, de aprobarse las modificaciones a la Ley de Inteligencia, los secretos de Estado se harán aún más restrictivos, incluso para los propios jueces. Esto se cocina en las cuevas del Ministerio de Justicia con el apoyo de Memoria Activa y el CELS, convencidos de que una modificación en la legislación garantizará un cambio en la conducta criminal de los servicios de inteligencia.
Este gobierno que alardea de su inalterable compromiso con “Memoria, Verdad y Justicia” sigue usando los mismos métodos del pasado: el encubrimiento y el secreto.
Por eso el gobierno avanza contra la verdad y el juicio y castigo a los culpables.
El único avance que el gobierno Kirchner concreta es hacia la prescripción. Esto significa que nunca habrá juicio y castigo para todos los culpables y los homicidios de nuestros familiares y amigos quedarán impunes.
Por eso la lucha contra la prescripción de la causa AMIA es parte de la lucha contra la impunidad.
En nombre de la defensa de su legalidad, el Estado consagra la impunidad. El gobierno que dijo venir para reformar la legalidad y ponerla al servicio de la justicia, termina por reforzar la impunidad y es incapaz de garantizar justicia.
Mantiene cerrados los archivos secretos que ocultan la trama entre este ataque y los vínculos del Estado argentino y sus socios internacionales, como Estados Unidos e Israel en, al menos, el encubrimiento de esta masacre. Por eso seguimos exigiendo su inmediata entrega a una Comisión Investigadora Independiente del Estado. Después de 12 años y de la probada responsabilidad de los 3 poderes en el ocultamiento criminal de sus responsabilidades en el atentado, sólo una Comisión Independiente integrada por organizaciones y personalidades de distintos sectores podrá esclarecer las responsabilidades políticas y materiales en este crimen

Nosotros… los que desde hace años sostenemos una lucha inquebrantable y desigual por la verdad y la justicia, no necesitamos que los criminales de Estado vengan a hacernos reconocimientos de ética o que vengan a concedernos el llamado “derecho a la verdad”.
Hace 30 años que nos vienen diciendo que nos asiste el derecho y la verdad… Sin embargo terminan liberando a todos los criminales y a los pocos que condenaron, se los arrancó la movilización popular.
Hacemos un especial llamamiento a todos aquellos que se movilizan y luchan desde hace años contra el terrorismo de Estado del pasado para unificar un reclamo común y luchar por el esclarecimiento de la masacre de la AMIA en el presente.
Nuestra tarea consiste en instalar una agenda de lucha contra la impunidad en nuestro país junto a los ex detenidos desaparecidos, a los familiares de las víctimas de la masacre del Puente Pueyrredón, al pueblo de Río Tercero, a las víctimas del gatillo fácil, y a los familiares y sobrevivientes de Cromañón.

Es de esta manera que daremos batalla para que la causa AMIA, una verdadera causa nacional como lo dijimos en años anteriores, no termine entregada por el Estado argentino a las políticas del Estado de Israel como si se tratara de un problema judío o ajeno a nuestra sociedad. Así es como el gobierno de Kirchner defiende lo que llama una “verdadera causa de Estado”.
Es tan grave esta intentona de entrega de la causa AMIA que no sólo será la excusa para acompañar las políticas de invasión en Medio Oriente, sino que además se convertirá en el instrumento para imponer las leyes antiterroristas que Kirchner y Taiana se comprometieron a sancionar ante los representantes del Congreso Judío Mundial.
Sabemos para qué van a usar esas leyes…. Las van a usar para perseguirnos a nosotros, a la sociedad toda, a todos aquellos que enfrentamos al Estado en esta lucha contra la impunidad.
Por eso
A 12 años de la masacre de la AMIA
A 11 años de la masacre de Río Tercero
A 5 años de las jornadas del 19 y 20 de diciembre
A 4 años de la masacre del Puente Pueyrredón
A 18 meses de la masacre de Cromañón
Y cuando día a día se suman más víctimas del gatillo fácil, decimos

Basta de impunidad y de encubrimiento !!!
No a la prescripción de la causa AMIA!!!
Que abran los archivos secretos!!!
Juicio y castigo a todos los culpables!!!