La guerra, el crimen de la AMIA y la impunidad
Asociar la política de guerra contra Irán con una supuesta obligación moral por vengar el ataque a la AMIA, es parte de la barbarie.
20/04/2026 11:34
El nuevo viaje del presidente a Israel compromete al país con declaraciones y actividades a favor de la agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán, Líbano y Gaza. Lo hizo en el pasado desde Jerusalén al alentar una guerra pocas horas antes de iniciarse la de los 12 días.
Hoy, casi 2 meses después de los ataques que tienen en vilo al mundo, con miles de muertos mediante, es el único “amigo personal” y fiel seguidor que Netanyahu puede exhibir para celebrar el día de Israel.
Esta vez, Argentina extrema su pretensión de intervenir en el escenario internacional. Milei considera que nuestro país debe ser parte de una guerra de Occidente contra Irán, el Líbano y aún más allá, en nombre de combatir a un supuesto terrorismo internacional que nos habría tenido como blanco de dos atentados. Peor aún, su Comunicado Oficial afirma que se debe apoyar la agresión bélica en nombre de las víctimas: “El Presidente J. Milei espera que esta decisión salde una deuda histórica de más de 30 años con los familiares de las víctimas”, dice.
Asociar la política de guerra contra Irán con una supuesta obligación moral por vengar el ataque a la AMIA es parte de la barbarie. Degrada la política hasta el medioevo regido por la religión y se burla de la Memoria popular que asoció ese ataque con el poder que conservaban los resabios de la dictadura militar en el gobierno democrático.
El esfuerzo por colgarse del escenario mundial en nombre de las víctimas tampoco es nuevo. Tergiversa los hechos con diatribas belicistas para distraer la atención del papel que sus propias fuerzas de seguridad e Inteligencia jugaron en la comisión del atentado.
Con los años, los tres poderes del Estado ajustaron una Historia Oficial para que encaje en este modelo internacional sin aportar pruebas, y terminaron por provocar un deterioro institucional notable. Así fue que el Estado nacional fue condenado por la Corte Interamericana por su responsabilidad al encubrir el atentado (2024). El Tribunal dijo que Argentina “utilizó su propia capacidad e institucionalidad para desviar la investigación”. Por ello “todavía no se tiene claridad sobre lo acontecido, sus responsables, ni las razones por las cuales el Estado utilizó su aparato judicial para encubrir y obstaculizar la investigación. (…). Las múltiples falencias del Estado en la determinación de la verdad histórica […] han quedado establecidas…”.
Desde entonces, poco se progresó. El Poder Judicial aún no hizo efectivas las condenas de prisión por encubrimiento dictadas hace 7 años contra el ex juez Galeano, los ex Fiscales y funcionarios de Inteligencia. Prepara un nuevo juicio –el cuarto- esta vez para condenar a supuestos responsables intelectuales en un Juicio en Ausencia sin la presencia de imputados ni de pruebas. Un escenario para consagrar el relato de una construcción falaz.
No debe sorprendernos que sean los Fiscales quienes aterrizan las políticas del Estado y las presiones del lobby de Israel y la DAIA. Actúan con apoyo del Servicio de Inteligencia de Francia (y de la SIDE) para obtener testimonios de disidentes iraníes en París que declaren contra figuras del régimen iraní, mientras niegan el valor de los archivos de la Inteligencia nacional que son prueba en la causa AMIA y vinculan al Estado argentino en la comisión del crimen y su encubrimiento. Aunque resulte irónico, el trabajo de la Fiscalía es esencial para no conocer la verdad y sostener la impunidad.
En esta situación, nos amenazan con posibles sanciones penales para el caso de difundir “secretos de Estado” a quienes trabajamos con una parte de los documentos de inteligencia. Nos aplican la Ley Mordaza.
Recientemente el juez Rafecas reconoció que las partes y la sociedad sufren una “afectación sustancial” de derechos, entre ellos, el de acceder a la Verdad. Advirtió “incertidumbre” sobre “las normas que rigen la publicidad…” de la documentación desclasificada. Sin embargo, solo declaró públicos cuatro informes producidos por la Fiscalía –hasta ahora secretos– previa consulta a la propia Fiscalía y a la SIDE para que digan qué objeción tendrían para su publicidad. También pidió al Poder Ejecutivo saber qué medidas adoptará para hacer efectivo el acceso y la publicidad de la documentación desclasificada. Después de 32 años de una política de impunidad del Estado, sabe a poco…
En su condena la Corte Interamericana ordenó hacer públicos los archivos secretos. Pero la resistencia institucional para cumplir con lo ordenado es muy fuerte. A su regreso, Milei deberá tomar cartas en el asunto como lo hizo recientemente con los archivos de la dictadura.
Son esos documentos los que demuestran que el Estado argentino participó en la preparación, consumación y encubrimiento del ataque y no actuó en soledad. Por eso le reclamamos al presidente Milei abrir los archivos al conocimiento público, permitir su análisis independiente y facilitar su debate para aportar a la construcción de la verdad histórica de este caso de terrorismo de Estado que es parte de nuestra historia reciente.
Laura Ginsberg y Pablo Gitter son integrantes de APEMIA,
Asociación Por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA
