Buenos Aires, 2 de Julio de 2022
El Dr. Rafecas, a cargo de la causa AMIA, dictó una resolución que merece ser destacada.
No sólo reconoció nuestro derecho de acceder a la prueba documental oficial que tiene la Fiscalía, sino también de acceder de manera directa y sin mediación, al grupo de profesionales designado para analizarla.
Se trata de las toneladas de documentación oficial que el Estado puso a disposición de esa Fiscalía, originada en varios Ministerios y en la ex SIDE. Hasta hoy, la Unidad Fiscal retaceó o negó el acceso a esa documentación y a su análisis.
Tan importante como lo anterior, el juez también le indicó a la Fiscalía que de esa documentación oficial y de su análisis debe surgir “con claridad” qué elementos de convicción relevantes tiene para apoyar la hipótesis que acusa a terceros países de la responsabilidad criminal del atentado, tanto como los motivos que pudiera tener para descartar otras hipótesis. Se trata de una clara alusión a la hipótesis que sostenemos en disidencia con la versión oficial y que acusa al Estado por su responsabilidad criminal y encubridora.
Por último, el Dr. Rafecas exhortó al Ministerio de Justicia y al Ministerio Público Fiscal a cumplir el compromiso previo y suministrar “los recursos humanos, tecnológicos, materiales” para preservar la documentación y digitalizarla.
Este pedido del juez, hecho con toda delicadeza, aparece en medio de una noticia que nos conmueve: el Ministro de Justicia oculta que como producto del irresponsable trabajo de refacciones edilicias que ordenaron, se expuso el ambiente de trabajo y la documentación allí preservada a la contaminación y acción corrosiva del polvo de asbesto, imposibilitando cualquier trabajo humano sin el debido equipamiento especial. La situación exige ahora tomar medidas serias para superar la emergencia que compromete el trabajo futuro con esa documentación. De esto son conscientes tanto el Ministro de Justicia como el Procurador General de la Nación que hasta hoy ocultan, niegan y se muestran incapaces para resolver de modo serio como urgente lo expuesto.
A pocos días antes de cumplirse 28 años del atentado a la AMIA, la resolución del Juez evidencia el estado de situación, la falta de pruebas de la raquítica acusación Fiscal después del intento Fiscal por desprocesar a los acusados de ser la “conexión local” del atentado, y hasta el agotamiento mismo del proceso judicial.
A esta situación se ha llegado después de muchos años de un esfuerzo deliberado de los poderes del Estado para no esclarecer el crimen impune de la AMIA. Para superar el “relato” oficial, nos comprometemos a trabajar en el análisis de la documentación probatoria.
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