REPUDIAMOS LA ABSOLUCIÓN DE TELLELDÍN

QUEREMOS UNA COMISIÓN INVESTIGADORA INDEPENDIENTE

La Agrupación Por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA) repudia el fallo de los jueces del TOF N° 3 Basso, Ríos y Canero que absolvieron de culpa y cargo al imputado Carlos Telleldín como partícipe necesario del crimen de nuestros familiares y amigos en la AMIA.

Casi 27 años después del atentado, después de 3 juicios y 8 años de audiencias llegamos a este resultado porque no hubo ni hay una investigación para esclarecer el crimen y encontrar a todos los responsables. El fracaso de esta búsqueda es no sólo el fracaso del Poder Judicial sino también del Estado argentino todo, que pretendió y aún pretende resolver un verdadero crimen político por la vía judicial. Por eso no se esclarece: están involucrados todos los órganos del poder.

Esta es la razón por la cual el gobierno nacional y los partidos de la oposición se niegan a abrir los archivos secretos e impulsar una investigación seria: se trata de un crimen imputable al Terrorismo de Estado en democracia. En este derrotero cuenta con el apoyo formidable de sus relaciones internacionales, en particular de Israel y Estados Unidos.

Los archivos que el gobierno de Fernández mantiene cerrados son la prueba de los acuerdos políticos profundos de los distintos gobiernos que, desde 1994 hasta hoy, construyeron la impunidad que garantizó la absolución de Telleldín, el primer eslabón de la cadena de las responsabilidades criminales del ataque a la AMIA.

Sólo una Comisión Investigadora puede investigar la responsabilidad que le cupo a los tres poderes del Estado argentino en la producción del ataque y su encubrimiento posterior.

Con tanto fracaso institucional deliberado y tanta impunidad acumulada, nos dirigimos a la sociedad toda, a sus organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles, de derechos humanos, a los grupos de familiares de las víctimas, para que de una buena vez conformemos una Comisión Investigadora Independiente con acceso irrestricto a los archivos secretos.

El Estado argentino es el principal responsable de la masacre impune de la AMIA!

Apertura inmediata de los archivos secretos y entrega a una Comisión Investigadora Independiente!

Juicio y castigo a todos los culpables!

APEMIA


Buenos Aires, 23 de diciembre de 2020

A 26 años del atentado a la AMIA: ¿Rediseñar la Impunidad?

A 26 años de la masacre de la AMIA, las iniciativas del Gobierno revelan cuál es su interés real por esclarecer el mayor crimen del terrorismo de Estado del período democrático. No se trata de lo que dice, sino de lo que hace.

Este gobierno continúa la orientación de los anteriores: mantiene cerrados los archivos de la SIDE y no responde a lo solicitado por los fiscales hace 3 años, aunque hable de “desclasificación total y absoluta”; en su viaje a Israel reiteró el compromiso de poner la investigación en manos de sus aliados y sostener una acusación internacional sin pruebas, mientras se niega a investigar la responsabilidad criminal de las fuerzas de seguridad locales y ratifica el decreto de Macri y M. Pompeo contra Hezbollah.

Después de varios gobiernos de diferente signo y de tres largos juicios sin un solo sospechado por el crimen, es evidente el esfuerzo del Estado nacional por no investigar ni esclarecer nada, y poner el atentado en el tablero geopolítico internacional para obtener algún beneficio económico o diplomático de su alineamiento y no para su esclarecimiento y castigo a los culpables.

El Poder Judicial es parte de esta estrategia. La Cámara Federal dictó un fallo que le pide al Ejecutivo apelar al Consejo de Seguridad de la ONU para obligar al Líbano, sanciones mediante, a declarar “terrorista internacional” a Hezbollah con base en una Resolución del Consejo que no incrimina a esa organización. Se trata de la Resolución 1373/01, que tampoco fue pensada para aclarar el atentado a la AMIA ni tanto encubrimiento oficial.

Los jueces quieren “determinar … las actividades de los miembros de la organización… en la ‘Triple Frontera’”, lo cual es un objeto de estudio ajeno al atentado y a la causa judicial.

En lo sustancial, lo que les importa es retomar la orientación que Nisman y la SIDE imprimieron a la Fiscalía, bajo la influencia de la dirección judía local, Estados Unidos e Israel.

El Estado nacional entrega su obligación y mandato de investigar para robustecer sus compromisos internacionales. De gobierno en gobierno, el esfuerzo por responsabilizar a los malos del mundo por el atentado hace imposible cualquier investigación. Tenemos intereses diferentes.

Años atrás, la ex Presidenta reconoció su “ingenuidad” por haber impulsado el Memorando para mediar entre las grandes potencias al servicio de un tratado con Irán. Ahora usan la causa AMIA para servir a los intereses de Trump y Netanyahu en el Consejo de Seguridad. 
¿No es este otro intento de poner la causa en un limbo internacional?

Las políticas del Gobierno y el fallo judicial nos alejan de esclarecer el atentado. Los jueces son incapaces de superar los obstáculos del Ejecutivo y la Fiscalía para abrir los archivos secretos, conocer su contenido y orientar la investigación hacia las responsabilidades del Estado ya debatidas en juicios anteriores.  

Se empeñan en mantener la ficción de “justicia”, mientras el Ejecutivo hace planes de rediseño institucional. No esclarecer el atentado a la AMIA habla de la impunidad provocada desde las instituciones. No habrá rediseño que valga si siguen sosteniendo la impunidad. Nosotros luchamos por superarla… no seremos sus cómplices. Para nosotros, esclarecer el atentado no es lo de menos.  

El ataque a la AMIA es un crimen de Lesa Humanidad. El Estado tardó mucho en reconocerlo. Por definición, son los crímenes cometidos por el Estado contra su población y no los que comete un individuo de paso por el país. Para conocer la verdad e impulsar el juicio y castigo a los culpables, hay que estudiar la documentación que sigue secreta incluso para jueces y partes, pese a tanta promesa. Para eso, es necesario aumentar la cantidad de profesionales que la organizan y que les provean las condiciones necesarias para facilitar y agilizar la tarea.

No es el paso del tiempo lo que impide conocer la verdad y esclarecer el crimen… La impunidad y el encubrimiento podremos superarlos. Se trata de cambiar el rumbo. Pensamos en una Comisión Investigadora Independiente con acceso irrestricto a los archivos. La imaginamos integrada por personalidades intachables y representativas de los derechos humanos, la cultura, la política y la sociedad nacional.

Debatir estas ideas y superar los relatos del pasado es el desafío que nos anima. ¿Qué queremos legar a la nueva generación? ¿El rediseño de la impunidad o verdad, juicio y castigo a los culpables?.


Artículo publicado en Clarín on line el 16/07/2020 18:07

El decreto 213/20 dice “DESCLASIFICACIÓN ABSOLUTA” pero los archivos seguirán cerrados

Buenos Aires, 09/03/2020
El gobierno de Alberto Fernández dictó el Decreto 213/20 referido a una supuesta apertura / desclasificación de documentación vinculada al atentado a la AMIA que, en nombre de la transparencia institucional, mantiene la saga de 18 años de decretos de “desclasificación” que ahora presenta como “absoluta” (Art. 3°).

El Decreto 213 se fundamenta en la Ley de Inteligencia 25.520/01 y en sus modificaciones de 2015, en particular en el artículo 16 bis, inciso c), que clasifica toda la información obtenida por la Secretaría de Inteligencia dándole distintos grados de secreto.

En el Art. 1° del Decreto, establece “el carácter de PÚBLICO…a toda aquella información brindada desde el Estado Nacional para los procesos judiciales que ya cuentan con sentencia, relativos al atentado…incluyendo… la totalidad de la información brindada desde el Estado Nacional en las audiencias de los juicios realizados”. O sea que solamente permite el acceso y la difusión de todo el material que haya formado parte como prueba en los juicios relativos al atentado a la AMIA y su encubrimiento, y que hayan tenido sentencia.

Al resto de la información documental no se le da carácter “público”, no se la libera de su condición de secreto, ratificando que no será accesible. Nos referimos a las cajas de documentación que están a disposición de la Fiscalía AMIA, que son parte de la causa que tramita en el juzgado de Canicoba Corral, y que no fueron prueba en ningún juicio hasta el día de hoy. Son los 2 km de cajas que logramos rescatar de la privatización impulsada por el gobierno de Macri, privatización que contaba con apoyo de varios senadores K, hoy en el oficialismo.

Cuando el art. 3 declara “la desclasificación absoluta de la totalidad de la información y documentación relacionada con el atentado… “, lo que hace es confundir al lector desprevenido. La llamada “desclasificación” sólo servirá para impedir el conocimiento público de los archivos secretos.

Por último, y bordeando el absurdo, el Artículo 5° ordena conformar “una mesa de diálogo” en la cual la AFI, el Ministerio de Justicia, el de Seguridad y el de Relaciones Exteriores “dialogarán” junto a la Fiscalía, las víctimas o querellantes “… a fin de procurar transparencia y eficacia en la recolección, tratamiento y difusión de la información estatal…”. Nos proponen dialogar para sortear los “problemas institucionales que impidan el adecuado acceso al derecho a la verdad y a la información”, según se afirma en el texto y no acerca de cómo comenzar una investigación abriendo los archivos.

El Decreto no explicita plazos para su convocatoria ni cuál es la propuesta del gobierno para resolver “lo que luce contradictorio con los alcances del derecho a la verdad en un Estado democrático”, según sus Considerandos.

La “mesa de diálogo” estará integrada por los mismos organismos que debieran ser investigados por el crimen y su encubrimiento. Es una mesa puesta para conciliar el derecho a la verdad con la no apertura de los documentos secretos. Resulta una clara concesión a las presiones de DAIA / AMIA y la Embajada de Israel para mantener el encuadre de la historia oficial e impedir cualquier investigación seria e integral.

Después de prometer un punto final para los “sótanos de la democracia”, en vez de abrir los archivos y entregarlos a una Comisión Investigadora Independiente, el gobierno se encamina a “dar vuelta la página” y poner punto final a cualquier posible investigación, reafirmando su intención de seguir manipulando el tema del atentado para preservar el sistema judicial e institucional. Es el camino contrario a Memoria, Verdad y Justicia con el que Alberto Fernández prometió poner al país de pie durante su discurso ante la Asamblea Legislativa.

El nuevo decreto nada cambió en relación a la apertura de los archivos que reclamamos desde hace décadas y que continúan en secreto. Por ello no constituye un paso en la dirección de nuestro reclamo de apertura de archivos y creación de Una Comisión Investigadora del crimen de la AMIA.

APEMIA

apemia2002@yahoo.com.ar

PARA INVESTIGAR HAY QUE ABRIR LOS ARCHIVOS

En la apertura de las sesiones parlamentarias, el Presidente dijo que necesitaba “que la palabra recupere el valor que alguna vez tuvo entre nosotros.” También reconoció que se instaló “en el imaginario público una realidad que no existe… Gobernar no es mentir ni es ocultarle la verdad al pueblo”.
Es difícil encontrar una introducción más adecuada para hablar de 26 años de impunidad en la masacre de la AMIA.
Su discurso introdujo en la agenda política la necesidad de esclarecer el atentado al que asoció con “los sótanos de la democracia”.
Hasta hoy, el Estado hizo lo indecible para no investigar este crimen de terrorismo de Estado cometido al amparo de su institucionalidad democrática.
El Presidente anunció una nueva desclasificación de testimonios de agentes de inteligencia y documentos secretos. En realidad, esto sucede desde hace 17 años: una decena de decretos presidenciales ya ordenaron la desclasificación de documentación y autorizaron a los ex agentes de la SIDE a declarar libremente en dos juicios orales. Se hizo en nombre de ayudar a investigar y esclarecer el atentado, y se repitió hasta el cansancio. (Cfr. Informe de la Fiscalía, págs. 6 a 26 en https://www.fiscales.gob.ar/wp-content/uploads/2016/10/AMIA-Desclasificaci%C3%B3n.pdf).
Sin embargo, hasta hoy no podemos acceder a esa documentación. Está en poder de la Fiscalía AMIA que tampoco mostró interés en esos archivos, por estar enfocados únicamente en una acusación internacional en la que nadie cree y sólo se sostiene para satisfacer intereses geopolíticos.
Aquello que se presentó como “desclasificación” de los archivos resultó en su opuesto: un bloqueo a su apertura, investigación y conocimiento público. No aportó a la investigación ni al esclarecimiento integral del atentado. ¿Por qué sería distinto ahora?
Repetir las mismas palabras y acciones no será un aporte para esclarecer el más importante crimen de Estado cometido en democracia. Para ello, es imprescindible cambiar el rumbo.
Se trata de comenzar una investigación que, de gobierno en gobierno, se viene negando deliberadamente. O peor aún: se desplaza el objeto de una investigación hacia “el encubrimiento” exclusivamente, como si esto fuera ajeno a los tres Poderes del Estado.
Para no terminar enredados en palabras y comenzar una investigación hay que abrir los archivos y no restringir su acceso manipulando la palabra “desclasificar”, que sólo sirve para impedir su conocimiento. 
Abrir los archivos de AMIA es ponerlos en la misma categoría que el Estado dio a archivos de la dictadura y de la guerra de Malvinas, que ya no son un secreto de Estado.
Las medidas que el Presidente dispuso resultan insuficientes y hasta inconducentes a la hora de transparentar la acción del Estado y abandonar la hipocresía que le reprochó a su dirección política.
Para que la palabra recupere su valor, el Presidente tiene una oportunidad que queremos que considere: la de facilitar la formación de una Comisión Investigadora Independiente, una Comisión de la Verdad, integrada por personalidades de diferentes ámbitos de la vida nacional y familiares de las víctimas, con representación parlamentaria, y con acceso irrestricto a los archivos secretos.
“Sin memoria, verdad y justicia la Argentina no se puede poner realmente de pie”. Para ello, es necesario sacarse las máscaras, dejar de poner el atentado al servicio de la política de los aliados y acreedores internacionales y facilitar que se forme una Comisión Investigadora del crimen de la AMIA.
LAURA GINSBERG
PABLO GITTER

Integrantes de APEMIA
Agrupación Por el Esclarecimiento
de la Masacre Impune de la AMIA

PUBLICADO EN DIARIO CLARIN EL 04/03/2020.
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