(Opinión publicada en CLARIN el 21/06/2024)
La sentencia de la Corte Interamericana que condenó a Argentina por
diferentes delitos cometidos en el manejo del caso AMIA era esperada desde 2022,
cuando el Estado se declaró culpable.
El resumen oficial de la sentencia dice que “el Estado utilizó su propia
capacidad e institucionalidad para desviar la investigación a través
de una serie de irregularidades… y el abandono deliberado de algunas
líneas de investigación”. Por ello “todavía no se tiene claridad sobre lo
acontecido, sus responsables, ni las razones por las cuales el Estado
utilizó su aparato judicial para encubrir y obstaculizar la investigación. (…) Las
múltiples falencias del Estado en la determinación de la verdad
histórica sobre el atentado y su responsabilidad directa en
las maniobras de encubrimiento han quedado establecidas…”.
Reconocieron 30 años de impunidad por la responsabilidad y acción
deliberada del Poder Ejecutivo, el Judicial y la Fiscalía. El Estado
puso toda su capacidad para obstaculizar y encubrir “la verdad histórica sobre
el atentado”. Nada de ello podría haberse hecho sin la colaboración del
Congreso nacional, y la complicidad de sus socios de DAIA/AMIA y de otros
Estados (Israel, USA, etc.).
Si Argentina actuó así, ¿cómo no pensar que la acusación
internacional es una Historia Oficial, una construcción falaz para
ocultar la responsabilidad criminal local, tal como se comprueba en los
archivos secretos de la SIDE a disposición del juez?
La sentencia evidencia que el pueblo argentino es víctima de un pacto de
impunidad que lleva 30 años. Aunque la Corte ordena remover obstáculos, para
el Estado no es vinculante. Aun así les será difícil levantar la lápida.
Las reacciones contra la condena que se avecinaba empezaron antes de conocerla.
En abril, Casación negó la responsabilidad del Estado en el
encubrimiento del atentado y acusó a Irán de su autoría. Con esta orientación, exculparon a
Galeano, los exFiscales, la dirección de SIDE y de la Policía Federal por el
encubrimiento al que habían sido condenados.
En paralelo, la Fiscalía reconoció en un informe también secreto, que
la SIDE fue alertada por agencias amigas y sabía que el atentado se iba a
cometer.
Ahora, el ex jefe de la SIDE Miguel A. Toma, que ocupó distintos cargos
ejecutivos y legislativos siempre vinculados a los “sótanos” del sistema, se
atrevió a defender la Historia Oficial. Reivindicó su viejo informe
-secreto hasta hace días- atribuyéndole un cambio del encuadre jurídico del
atentado para sacarlo del análisis de la responsabilidad local y ponerlo en la
órbita del supuesto terrorismo mundial.
Es exactamente lo que la Corte criticó: el abandono deliberado de
pistas… Para colmo, Toma defendió que las pruebas de su informe siguieran
siendo secretas.
La reacción del gobierno permanece oculta, pero está en la misma frecuencia.
Horas antes de conocerse la sentencia, la AFI apeló lo resuelto por el
juez Lijo tratando de evitar el acceso de los Fiscales a información de los
archivos secretos en poder del organismo.
La Corte IDH puso de relieve la necesidad de acceder a los archivos
secretos. La restricción para conocerlos es una política deliberada del
Estado argentino para obstaculizar la búsqueda de la verdad. Los
archivos oficiales son prueba irrefutable de lo acontecido y permitirán develar
la verdad de tamaño crimen.
Vemos difícil que el Estado nacional remueva realmente los obstáculos que
pone, cuando amenaza con sanciones penales o nos niega cualquier
investigación independiente para conocer la verdad.
Desde APEMIA nos proponemos entregar de manera pública las primeras
conclusiones del análisis de los documentos oficiales. El trabajo realizado en
los últimos 2 años respalda la hipótesis sobre la responsabilidad del Estado
argentino en la masacre de nuestros familiares y amigos en la AMIA, y muestra
la construcción de una Historia Oficial contra la Verdad en este crimen de
terrorismo de Estado en democracia.
Abrir los archivos secretos es la condición para terminar con este pacto de
impunidad.
APEMIA