Conferencia en el Centro de Estudios Históricos
de los Trabajadores y las Izquierdas (CEHTI)
ABRIR LOS ARCHIVOS DEL ESTADO, TERMINAR CON EL PACTO DE IMPUNIDAD Y LA HISTORIA OFICIAL
En el 30º aniversario de la Masacre Impune de la AMIA, APEMIA presentó las primeras conclusiones de un trabajo de investigación sobre los archivos secretos del Estado.
Gracias a los compañeros de LA RETAGUARDIA y CANAL ABIERTO que estuvieron presentes con sus equipos para realizar el video de esa actividad, podemos compartir aquí el link al mismo: https://youtube.com/live/IPoa5CdOsWw
El día anterior a la realizaciónn de esta actividad, el diario Clarín publicó la opinión de Laura Ginsberg y Pablo Gitter, que puede leerse en el siguiente link:
https://diariodeljuicioamia.blogspot.com/2010/07/opinon-de-laura-ginsberg-y-pablo-gitter.html
Y también en Página 12 se publicó la siguiente entrevista a Laura:
https://www.pagina12.com.ar/753312-los-archivos-desclasificados-del-estado-y-el-pacto-de-impuni
En Radio con Vos, el mismo 18/07/2024, Alejandro Bercovich, en su programa "Pasaron Cosas", tuvo el siguiente diálogo con Laura:
Opinión de LAURA GINSBERG Y PABLO GITTER publicada en Clarín en vísperas del 30º aniversario del 18/07/1994.
Atentado a la AMIA: Un pacto de impunidad contra la verdad
El nuevo aniversario de la masacre impune de AMIA es una oportunidad para hacer una valoración especial, una reflexión para entender lo particular de este momento.
Hace un mes la Corte Interamericana de DD. HH. (Corte IDH) condenó a la Argentina. Consideró que el Estado puso su institucionalidad al servicio del encubrimiento y deliberadamente no esclareció el crimen. En su sentencia también reconoció que se obstaculizó el acceso real a pruebas y archivos secretos. Dijo que el Estado nacional es responsable de la situación de impunidad que padecemos.
Por 30 años, el gobierno y la oposición hicieron lo indecible para negar la verdad del crimen y su encubrimiento. Nuestra oposición a convalidar la Historia Oficial de una acusación a libro cerrado, a pesar del sostenido esfuerzo del arco político, contribuyó para que no cerraran el caso.
Los gobiernos se turnaron para repetir maniobras y fraudes presentados como si fueran avances de alguna investigación. Inventaron pruebas y juicios que terminaron en farsas. Y cuando después de años de debate, un juicio oral condenó al ex juez, a los fiscales y a la dirección de la SIDE por encubrimiento, la Casación los exculpó, redujo las penas y -otra vez- mandó acusar a Irán. Tras la condena, los tres poderes insisten en su estrategia de negar cualquier responsabilidad propia en la comisión del crimen y en su encubrimiento.
Milei volvió a negar a los fiscales el acceso a la base de datos de la AFI, mientras los ministros de Justicia y Seguridad declaran “Principios Rectores Sagrados” para distraer con un nuevo proyecto de “Juicio en Ausencia”.
Cuando se trata de conocer la verdad no se necesitan nuevas leyes así fueran constitucionales, ni decretos para incluir a Hamas en un listado local que confunde y orienta a la población hacia el conflicto en Medio Oriente. No tiene nada que ver con el ataque a la AMIA y su esclarecimiento.
A fuerza de decretos presidenciales, preservaron los secretos de los espías en el caso AMIA con un guiño protector del Congreso y de los jueces.
Recientemente conocimos el Informe secreto de Toma/Stiuso (2002) origen de la Historia Oficial nacida en los sótanos de la SIDE, que contó con el apoyo de Estados Unidos e Israel y que el Estado nacional sigue pregonando. Toma explicó su sentido político: sacar del ámbito jurídico la acusación de responsabilidad local en el atentado y fundar una acusación internacional.
El Gobierno sigue negando el acceso irrestricto a pruebas y archivos porque revelan las operaciones de inteligencia que el Estado nacional facilitó para cometer el ataque a la AMIA y encubrirlo por 30 años. Nos amenazan con la Ley de Inteligencia y un rosario de decretos presidenciales que vedan su conocimiento al conjunto de la población.
Las maniobras y fraudes que articularon no son producto de funcionarios inexpertos o negligentes. Evidencian un Pacto de Impunidad, una decisión política de exculpar al Estado argentino por ser el artífice de un plan criminal y sostener la impunidad. De esto hablan los archivos secretos de la SIDE, que también dejan ver una continuidad de la dictadura inscripta en la estructura institucional.
El ataque a la AMIA fue una bisagra en la construcción de la historia reciente del país, de su transición a la democracia fundada en acuerdos institucionales con los esbirros de la dictadura. El Estado se preocupó por borrar cualquier rasgo de continuidad.
La Memoria de los crímenes del Terrorismo de Estado y la continuidad de “la mano de obra desocupada” en democracia, se anestesia con una Historia Oficial construida junto a las direcciones de AMIA/DAIA e Israel.
El relato oficial es un cuento para orientar la opinión pública hacia una responsabilidad extranjera. Los documentos oficiales permiten cuestionar esa tesis, mientras el Fiscal niega hasta el absurdo cualquier responsabilidad local.
Es esta trayectoria de 30 años la que sostiene el Pacto de Impunidad para no esclarecer el ataque a la AMIA. Un futuro proyecto de ley no terminará con lo pactado.
La trama de lo sucedido sigue oculta en los archivos del Estado. Para reconstruir la Verdad histórica necesitamos de toda la sociedad, de sus organizaciones sociales, estudiantiles, políticas, de derechos humanos y con ellos conformar una Comisión Investigadora Independiente con acceso irrestricto a los archivos.
Es un momento especial. Por un lado, la Historia Oficial y el Pacto de Impunidad. Por el otro, la posibilidad de establecer la Verdad histórica. Nuestra lucha y la condena de la Corte IDH son la oportunidad.
Abramos las pruebas para terminar con esta pesadilla política.
“JUICIO EN AUSENCIA”: UNA NUEVA VIOLACION DE NUESTRO DERECHO A LA VERDAD
A. P. E. M. I. A.
ASOCIACIÓN
POR EL ESCLARECIMIENTO DE
LA MASACRE IMPUNE DE LA AMIA
apemia2002@yahoo.com.ar
“JUICIO EN AUSENCIA”:
UNA NUEVA VIOLACION DE NUESTRO DERECHO A LA VERDAD
A pocos días de cumplirse 30 años de la masacre impune de la
AMIA, el gobierno convocó a una conferencia de prensa en la Casa Rosada para presentar un proyecto de ley que no
presentó.
Los ministros Cúneo Libarona y Bullrich se turnaron para
elogiar un proyecto que profesionales y representantes del Colegio de Abogados
repudiaron varias veces por anti constitucional, pero que DAIA/AMIA quieren
hacer pasar desde hace 9 años. Bullrich reconoció que es un proyecto con
“apellido” para condenar a iraníes o libaneses acusados de responsabilidad por
el atentado a la AMIA.
Cúneo Libarona lo dijo textualmente: el gobierno tiene
nuevos “Principios rectores sagrados”. Los
acusados extranjeros “se burlan de la administración de justicia, la sociedad y
la verdad…”.
La Corte Interamericana de DD. HH. (Corte IDH) piensa al
revés. Sentenció al Estado por usar su institucionalidad para desviar la
investigación, cometer delitos y ocultar pruebas. Es el Estado nacional quien
se burló de todos nosotros porque no investigó y generó impunidad
deliberadamente.
El Presidente y sus ministros lo saben. La conferencia no alcanza para
embanderarse en supuestos “nuevos tiempos” y reivindicar viejas fórmulas. Siguen encubriendo el papel del Estado en
la comisión del crimen de la AMIA.
Ya antes de la sentencia de la Corte IDH, los fiscales
habían reconocido que la SIDE sabía que el atentado se iba a producir. El juez
Lijo le ordenó al gobierno acordar con los fiscales el acceso a la base de
datos de la AFI para poder continuar su trabajo. Pero el gobierno se opuso y apeló lo resuelto. Sigue ocultando documentos de
Estado que son prueba judicial. ¿De qué nuevos tiempos hablan los
ministros?
El auspicio del gobierno al nuevo proyecto de Juicio en Ausencia, no cambiará la historia. Al
contrario: vienen a sostener una Historia
Oficial y un Pacto de Impunidad que llevan 30 años. Sin permitir el
acceso a las pruebas, las futuras condenas de esos supuestos juicios no pasarán de ser una nueva burla a la sociedad
y a las víctimas.
El futuro Proyecto de
Ley no terminará con la impunidad de la masacre de AMIA. Es el Estado nacional
el que continúa sin reconocer su responsabilidad criminal buscando responsables
a miles de kilómetros. El gobierno niega el acceso irrestricto a los
archivos secretos de la SIDE porque esos documentos revelan las operaciones de
inteligencia que el mismo Estado nacional facilitó para cometer el ataque a la
AMIA y encubrirlo durante 30 años.
Desde APEMIA seguimos comprometidos en la lucha por Verdad y
Justicia. La condición para dar lugar a la verdad histórica sobre este crimen
político es abrir los archivos secretos y ponerlos en manos de una Comisión
Investigadora Independiente del Estado.
Hacemos un llamado especial a debatir y repudiar esta
iniciativa de “Juicio en ausencia” impulsada por AMIA, DAIA, Stolbizer, Carrió,
Stilman, Pichetto y viejos diputados opositores y oficialistas que impiden el
esclarecimiento del crimen de la AMIA.
El próximo 18 de julio a las 18 hs. en Uruguay 485, Caba,
sede de la Asociación de Abogados, expondremos públicamente las primeras
conclusiones de nuestro trabajo de investigación sobre los archivos oficiales
del caso AMIA.
Buenos Aires, 11-07-2024
APEMIA
Asociación Por el Esclarecimiento
de la Masacre Impune de la AMIA
ABRIR LOS ARCHIVOS Y TERMINAR CON EL PACTO DE IMPUNIDAD
(Opinión publicada en CLARIN el 21/06/2024)
La sentencia de la Corte Interamericana que condenó a Argentina por
diferentes delitos cometidos en el manejo del caso AMIA era esperada desde 2022,
cuando el Estado se declaró culpable.
El resumen oficial de la sentencia dice que “el Estado utilizó su propia
capacidad e institucionalidad para desviar la investigación a través
de una serie de irregularidades… y el abandono deliberado de algunas
líneas de investigación”. Por ello “todavía no se tiene claridad sobre lo
acontecido, sus responsables, ni las razones por las cuales el Estado
utilizó su aparato judicial para encubrir y obstaculizar la investigación. (…) Las
múltiples falencias del Estado en la determinación de la verdad
histórica sobre el atentado y su responsabilidad directa en
las maniobras de encubrimiento han quedado establecidas…”.
Reconocieron 30 años de impunidad por la responsabilidad y acción
deliberada del Poder Ejecutivo, el Judicial y la Fiscalía. El Estado
puso toda su capacidad para obstaculizar y encubrir “la verdad histórica sobre
el atentado”. Nada de ello podría haberse hecho sin la colaboración del
Congreso nacional, y la complicidad de sus socios de DAIA/AMIA y de otros
Estados (Israel, USA, etc.).
Si Argentina actuó así, ¿cómo no pensar que la acusación
internacional es una Historia Oficial, una construcción falaz para
ocultar la responsabilidad criminal local, tal como se comprueba en los
archivos secretos de la SIDE a disposición del juez?
La sentencia evidencia que el pueblo argentino es víctima de un pacto de
impunidad que lleva 30 años. Aunque la Corte ordena remover obstáculos, para
el Estado no es vinculante. Aun así les será difícil levantar la lápida.
Las reacciones contra la condena que se avecinaba empezaron antes de conocerla.
En abril, Casación negó la responsabilidad del Estado en el
encubrimiento del atentado y acusó a Irán de su autoría. Con esta orientación, exculparon a
Galeano, los exFiscales, la dirección de SIDE y de la Policía Federal por el
encubrimiento al que habían sido condenados.
En paralelo, la Fiscalía reconoció en un informe también secreto, que
la SIDE fue alertada por agencias amigas y sabía que el atentado se iba a
cometer.
Ahora, el ex jefe de la SIDE Miguel A. Toma, que ocupó distintos cargos
ejecutivos y legislativos siempre vinculados a los “sótanos” del sistema, se
atrevió a defender la Historia Oficial. Reivindicó su viejo informe
-secreto hasta hace días- atribuyéndole un cambio del encuadre jurídico del
atentado para sacarlo del análisis de la responsabilidad local y ponerlo en la
órbita del supuesto terrorismo mundial.
Es exactamente lo que la Corte criticó: el abandono deliberado de
pistas… Para colmo, Toma defendió que las pruebas de su informe siguieran
siendo secretas.
La reacción del gobierno permanece oculta, pero está en la misma frecuencia.
Horas antes de conocerse la sentencia, la AFI apeló lo resuelto por el
juez Lijo tratando de evitar el acceso de los Fiscales a información de los
archivos secretos en poder del organismo.
La Corte IDH puso de relieve la necesidad de acceder a los archivos
secretos. La restricción para conocerlos es una política deliberada del
Estado argentino para obstaculizar la búsqueda de la verdad. Los
archivos oficiales son prueba irrefutable de lo acontecido y permitirán develar
la verdad de tamaño crimen.
Vemos difícil que el Estado nacional remueva realmente los obstáculos que
pone, cuando amenaza con sanciones penales o nos niega cualquier
investigación independiente para conocer la verdad.
Desde APEMIA nos proponemos entregar de manera pública las primeras
conclusiones del análisis de los documentos oficiales. El trabajo realizado en
los últimos 2 años respalda la hipótesis sobre la responsabilidad del Estado
argentino en la masacre de nuestros familiares y amigos en la AMIA, y muestra
la construcción de una Historia Oficial contra la Verdad en este crimen de
terrorismo de Estado en democracia.
Abrir los archivos secretos es la condición para terminar con este pacto de
impunidad.
APEMIA
REPUDIAMOS EL FALLO DE LA CASACIÓN
LA SENTENCIA CONSAGRA LA VIEJA HISTORIA OFICIAL
Y EL PUNTO FINAL
Los jueces del Tribunal de Casación dictaron una sentencia que tira abajo la evidencia acumulada a lo largo de 30 años y varios Juicios Orales que se hicieron en la llamada causa AMIA. Sin embargo, las pruebas son concluyentes: el Estado argentino sabía del atentado antes de su realización y organizó el encubrimiento político posterior.
En un fallo cargado de prejuicios negaron hasta lo evidente: la responsabilidad del Estado nacional en el encubrimiento del atentado, cuando así lo reconoció el Poder Ejecutivo hace casi 20 años en el Decreto 812/05 y lo reafirmó hace 2 años ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El fallo del máximo tribunal penal no sólo no aporta al esclarecimiento del atentado, sino que niega cualquier posible responsabilidad o participación del Estado argentino en la comisión de este crimen político.
Con esta orientación, no debe sorprender que hayan resuelto no condenar y exculpar a Galeano, los Fiscales, la dirección de SIDE y de la Policía Federal por el delito de encubrimiento. Por esta razón, les bajaron las penas que impuso el Tribunal Oral hace 5 años, cuando ya entonces eran reducidas para condenar crímenes de Lesa Humanidad.
El juez Mahiques, autor de la sentencia por la mayoría, sabía que en los fallos que tenían a consideración nunca se discutió la autoría ni la responsabilidad criminal del atentado cuya investigación sigue pendiente. Reconoció también que sigue pendiente se desclasifique y digitalice la información de los archivos secretos de Inteligencia que los jueces no leyeron.
Aun así se atrevieron a construir una versión antojadiza y prejuiciosa acerca de que “el ataque a la AMIA fue organizado, planificado, financiado y ejecutado bajo la dirección de las autoridades del Estado Islámico de Irán” (pág. 201). Presentaron una versión que no solo no se sostiene en pruebas sino que tampoco fue materia del debate en juicios previos.
Mahiques explicó su convicción y cómo llegó a la conclusión de que Irán era un Estado terrorista y responsable de los ataques en Argentina: “El acto tiene una matriz entre ideológica y religiosa, y responde también a un programa escatológico, apocalíptico, que pretende instalar una especie de califato universal” (Infobae, 12/04/24).
El caso AMIA le dio la oportunidad de presentar su opinión acerca de lo conveniente de replantear “desde el punto de vista de la seguridad pública, el concepto de seguridad nacional”, en un guiño al debate de la reforma de las leyes de Seguridad y Defensa para facilitar la militarización en materias de Seguridad.
Estamos frente a una campaña política y de comunicación que se viene gestando desde hace años. Pretende negar cualquier responsabilidad del Estado nacional en la comisión del crimen y su encubrimiento, en medio de un contexto internacional abrumador: el nuevo alineamiento de Argentina con Estados Unidos e Israel en sus políticas de guerra y genocidio en Medio Oriente. Resulta evidente que la sentencia de Casación se inscribe en esa perspectiva. El Estado argentino y sus socios internacionales vuelven a poner el tema AMIA al servicio de una política de agresión contra los pueblos.
La sentencia de Casación no es un “Fallo Histórico” como lo presentan los medios… Es un fallo miserable camino del punto final y cierre de una causa judicial.
Desde APEMIA, queremos hacer un llamamiento urgente al pueblo argentino, a sus partidos políticos, a las organizaciones sociales y de Derechos Humanos para repudiar y denunciar el fallo de los jueces de Casación, exigir la apertura y el acceso irrestricto a las pruebas y documentos del Estado y conformar una Comisión Investigadora para esclarecer este crimen de Estado e impulsar la lucha por Verdad y Justicia.
En vísperas del 30° aniversario, nos proponemos entregar de manera pública las primeras conclusiones alcanzadas con la lectura y análisis de los documentos oficiales del Estado.
El trabajo, realizado en los últimos 2 años, respalda la hipótesis sobre la responsabilidad del Estado argentino en la masacre de nuestros familiares y amigos en la AMIA, y muestra la construcción de una Historia Oficial contra la Verdad en este crimen de terrorismo de Estado en democracia.
13 de Abril de 2024
A.P.E.M.I.A.
Asociación Por el Esclarecimiento
de la Masacre Impune de la AMIA
Los archivos hablan de verdad
Artículo publicado en el diario Clarín el 18/07/2023
Los documentos evidencian que, deliberadamente, las instituciones han negado y/o simulado el esclarecimiento del ataque a la AMIA para sostener intereses geopolíticos nacionales e internacionales ajenos a la Verdad y la Justicia.
El ataque sufrido hace 29 años en la AMIA no fue esclarecido por las políticas de Estado ni encontró remedio en las promesas de “Verdad y Justicia” que todos los gobiernos hicieron. Fueron años de lucha contra el encubrimiento oficial. Buscamos el esclarecimiento fundado en el debate de evidencias y archivos oficiales, no en relatos ni fabricación de pruebas. Así logramos pequeños grandes avances.
Aún es difícil admitir como sociedad que padecemos un acuerdo político para no saber, no investigar y mantener en tinieblas la verdad sobre por qué se cometió este crimen de Estado, el más importante desde el comienzo del régimen democrático próximo a cumplir 40 años.
Las alianzas que compiten por llegar al gobierno evitan ser salpicadas por su responsabilidad en este acuerdo para eludir la verdad. Pero ninguna de ellas impulsa una investigación del caso, ni aun sabiendo que la Corte Interamericana condenará en breve al Estado nacional que reconoció su responsabilidad encubridora y la falta de justicia en dos oportunidades (2005y 2022).
Los principales bloques del Congreso, de “derechas” a “izquierdas”, rehúsan formar una Comisión Investigadora, mientras el juez reconoció no tener la fuerza política necesaria para hacerse cargo de realizar una investigación seria que la Unidad Fiscal no logra aparentar. Es el punto final al discurso del Estado que presenta la política de Derechos Humanos como su razón de ser y misión institucional.
También es difícil admitir que los documentos secretos del Estado, desclasificados hace años, revelan la colaboración internacional de Estados Unidos, Israel y otros países de la OTAN, para desviar cualquier responsabilidad local en la comisión del crimen y construir culpables del ataque entre los musulmanes.
Los sucesivos gobiernos imaginaron que esta política colocaba al país a la vanguardia de un nuevo Orden Global que debía ir a la guerra contra el terrorismo para reemplazar la vieja lucha contra el comunismo.
Las instituciones del Estado democrático se comprometieron con este planteo que las vincula al pasado. Sus maniobras de tantos años nos alejaron de la Verdad y dan cuenta de la profundidad de la crisis que sigue arrastrándonos.
Los archivos oficiales también revelan la trama y la evolución de las negociaciones internacionales que explican el ataque y su encubrimiento. Al inicio, se reconoció la existencia de una conexión local enquistada en las filas de Defensa y Seguridad. Más tarde, los Fiscales –desde Nisman para acá- se encargaron de diluirla, convirtiéndola en una conexión de amigos o parientes locales de sospechosos extranjeros.
Por último, el informe de Israel (07/2022) abandonó cualquier reclamo anterior. Ahora no ven responsabilidad alguna del Estado nacional ni de sus ciudadanos: amnistiaron a la conexión local. Mientras tanto, la DAIA sigue de campaña por una ley de “juicio en ausencia” para sellar los acuerdos entre Estados.
Los documentos evidencian que, deliberadamente, las instituciones han negado y/o simulado el esclarecimiento del ataque a la AMIA para sostener intereses geopolíticos nacionales e internacionales ajenos a la Verdad y la Justicia. Fueron las instituciones las que consintieron el ataque y su encubrimiento y se niegan a una investigación real.
Los diputados votaron un proyecto de ley perverso: poner la bandera a media asta en nombre del luto por las víctimas, cuando expresamente defienden las políticas de todos los gobiernos desde hace 29 años y su alineamiento internacional.
Así bajaron las banderas del esclarecimiento, la Verdad y la Justicia. En las actuales condiciones, solo una investigación independiente podrá explicar lo elemental y necesario: qué papel jugó el Estado nacional en el crimen y porqué siguen protegiendo a los responsables.
Asociación Por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA
Mesa de Debate “Ataques Terroristas en Democracia: el crimen de la AMIA y los Derechos Humanos”
Invitación a participar de la Mesa de Debate “Ataques Terroristas en Democracia: el crimen de la AMIA y los Derechos Humanos”
En esta oportunidad podremos exponer y debatir las responsabilidades del Estado argentino en el crimen de la AMIA en 1994, sus antecedentes, la continuidad y los vínculos entre el Terrorismo de Estado y el ataque a la AMIA en plena democracia.
Es un tema bisagra de la historia y la impunidad en materia de derechos humanos en nuestro país.
Compartiremos la relevancia que tiene analizar los archivos aún secretos en poder de la Fiscalía y el Poder Ejecutivo para comprender las circunstancias que hicieron posible el ataque terrorista. Existió un hilo de continuidad y ocultamiento que vinculó los relatos nacionales o internacionales que hacen a nuestra historia reciente.
Te esperamos el miércoles 17 de mayo, a las 18 hs., en Uruguay 485, sede de la Asociación de Abogados de Bs. Aires
APEMIA
Te invitamos a participar del Foro Mundial
Entre el 20 y el 24 de marzo próximos se realizará en Buenos Aires el III° Foro Mundial de Derechos Humanos patrocinado por la UNESCO.
APEMIA presentará e integrará un panel en este evento internacional, titulado: “Ataques terroristas en democracia: el crimen de la AMIA y los Derechos Humanos”.
Tendremos la oportunidad de exponer y debatir las responsabilidades del Estado argentino en el ataque a la AMIA en 1994, sus antecedentes, la continuidad y los vínculos entre el Terrorismo de Estado y el ataque a la AMIA en plena democracia. Es un tema bisagra de la historia y la impunidad en materia de derechos humanos en nuestro país.
Compartiremos la relevancia que tiene analizar los archivos aún secretos en poder de la Fiscalía y el Poder Ejecutivo para comprender las circunstancias que hicieron posible el ataque terrorista. Existió un hilo de continuidad y ocultamiento que vinculó los relatos nacionales o internacionales que hacen a nuestra historia reciente.
Casi 30 años después del atentado, el Estado nacional sigue negando su propia responsabilidad en el crimen y se revela incapaz para esclarecerlo, acompañado por el negacionismo de los políticos locales y la complicidad o silencio de los principales socios internacionales.
El panel estará integrado por el juez Daniel Rafecas (a cargo de la causa AMIA), la Dra Diana Kordon (psiquiatra, y perito en juicios de Lesa Humanidad y en el juicio por encubrimiento de AMIA), el Dr. Juan Besoky (investigador del atentado a la AMIA de La Plata en los ’70) y Laura Ginsberg y Pablo Gitter (integrantes de APEMIA).
Los organizadores aún no establecieron el día, hora y sede del panel. Tan pronto tengamos esa información te la haremos llegar.
Te esperamos
APEMIA
Una condena al Estado de los derechos humanos
La Corte IDH será escenario este viernes de una audiencia sobre el atentado a la AMIA
el 13 de octubre de 2022 12:05 por Pablo Gitter y Laura Ginsberg
REPUDIAMOS EL NUEVO INFORME DEL MOSSAD
Buenos Aires, 22/07/22 19 hs.
Un periodista israelí, investigador y analista del terrorismo y la política militar de su país, publicó a nombre del Mossad un informe en el prestigioso New York Times de los Estados Unidos, referido a los atentados en Argentina.
“PASARON COSAS” dice Alejandro Bercovich (programa de Radio con Vos FM 89.9) del 18-07-2022
El reconocido periodista Alejandro Bercovich (“Berco”) que conduce el programa “Pasaron Cosas” en las tardes de “Radio con Vos”, eligió palabras “prestadas” por nuestros compañeros de APEMIA, para hacer su comentario editorial y compartir como propias las ideas y reflexiones que le provocamos con el artículo de opinión publicado por Clarín el domingo 17 de julio. Seguir leyendo...
28 años del atentado a la AMIA: RELATOS QUE OCULTAN LA VERDAD.
Al cumplirse 28 años del atentado a la AMIA y frente a un país sumergido en una de sus peores crisis, el gobierno nacional no puede mostrar noticias de último momento o alentar esperanzas en la búsqueda de Justicia como lo hacía en el pasado.
Después de años de fabricar acusaciones y pruebas para vender la historia oficial de un esclarecimiento, oficialistas y opositores borran cualquier grieta que pueda separarlos y siguen ocultando la responsabilidad del Estado nacional y sus estructuras en este crimen de Estado que nos recuerda las peores prácticas terroristas de la dictadura.
El Poder Ejecutivo negó tener archivos secretos hasta 2015. Después “desclasificó” un fondo documental muy importante que no termina de entregar y que tampoco incluye los archivos más sensibles. Éstos siguen cerrados con 7 llaves.
Resulta evidente que al Poder Ejecutivo no le interesa terminar con los sótanos de la democracia como prometió.
La Fiscalía ya no sabe cómo hacer para que estas pruebas encajen en su raquítica acusación contra terceros países. Llegaron a afirmar que la conexión local de responsables sería la de algún familiar de los acusados que vivía en el país y no de las estructuras del Estado nacional. Si los documentos oficiales desmienten y no se ajustan a sus viejas teorías, los descartan. Esconden los papeles, dificultan su entrega y análisis.
Bajo responsabilidad del Procurador y su Secretaría contra el terrorismo, la Fiscalía se está vaciando de objeto y personal para transformarse en un “observatorio” de los movimientos migratorios de los iraníes, al servicio del Mossad y el FBI.
Hasta los jueces reconocen que el proceso judicial está en crisis. Las pocas novedades que hay vienen de nuestro aporte.
Meses atrás, evitamos que el Fiscal sobreseyera a los integrantes de la “conexión local”. Una provocación armada con el visto bueno de AMIA y DAIA -que hasta hoy los apoyan- y que la entonces jueza Capuchetti paró, ordenando que antes de sobreseer a nadie entregaran las pruebas. Pocos días después renunció...su pedido cayó en saco roto.
Ahora, el juez Rafecas dio otro paso. Le ordenó a la Fiscalía y al Ministerio de Justicia que, además de proveer escaners y entregarnos la documentación de la exSide, la analicen sin mirar “la realidad sesgada de la información existente” limitada a la acusación contra Irán o Líbano, dejando “fuera del expediente un sinnúmero de información que se descarta sin control de las partes”, cuando al Fiscal no le sirve porque cuestiona los fundamentos de su acusación sin sustento.
“Es una obligación del Estado asegurar a las querellas el ejercicio de sus garantías constitucionales…y así, el reconocimiento del derecho a la verdad.” Hace años hacemos lo posible para que esta declaración sea realidad, aunque el Poder Judicial poco ayuda.
La verdad histórica y el relato oficial son antagónicos. Los documentos del Estado desmienten su acusación, la muestran sin sentido y hasta la menosprecian. La negativa Fiscal a reconocerlo y encarar una investigación objetiva es terminal. El proceso judicial está agotado.
Sea por el secreto que impone el Ejecutivo a la documentación o porque los fiscales prefieren ignorarla, el Estado resguarda a sus propios servicios de Inteligencia y no investiga su participación en el crimen.
El Presidente elige respaldarse en las cloacas de los “sótanos”. Nada puede ser más perturbador.
Interesados en un futuro con Memoria, Verdad y Justicia, impulsamos una investigación independiente, junto a figuras representativas de los derechos humanos, académicos y organizaciones sociales y políticas.
Después de 28 años de un esfuerzo implacable del Estado para no esclarecer su responsabilidad en el ataque a su población, este aniversario interpela nuestro presente y la crisis.
LAURA GINSBERG
PABLO GITTER
Asociación Por el Esclarecimiento de la
Masacre Impune de la AMIA – APEMIA
(Artículo publicado en el diario Clarín el Domingo 17/07/2022, Tribuna, Pagina 45)
“EL JUEZ RECONOCIÓ EL RECLAMO DE APEMIA”
Buenos Aires, 2 de Julio de 2022
El Dr. Rafecas, a cargo de la causa AMIA, dictó una resolución que merece ser destacada.
No sólo reconoció nuestro derecho de acceder a la prueba documental oficial que tiene la Fiscalía, sino también de acceder de manera directa y sin mediación, al grupo de profesionales designado para analizarla.
Se trata de las toneladas de documentación oficial que el Estado puso a disposición de esa Fiscalía, originada en varios Ministerios y en la ex SIDE. Hasta hoy, la Unidad Fiscal retaceó o negó el acceso a esa documentación y a su análisis.
Tan importante como lo anterior, el juez también le indicó a la Fiscalía que de esa documentación oficial y de su análisis debe surgir “con claridad” qué elementos de convicción relevantes tiene para apoyar la hipótesis que acusa a terceros países de la responsabilidad criminal del atentado, tanto como los motivos que pudiera tener para descartar otras hipótesis. Se trata de una clara alusión a la hipótesis que sostenemos en disidencia con la versión oficial y que acusa al Estado por su responsabilidad criminal y encubridora.
Por último, el Dr. Rafecas exhortó al Ministerio de Justicia y al Ministerio Público Fiscal a cumplir el compromiso previo y suministrar “los recursos humanos, tecnológicos, materiales” para preservar la documentación y digitalizarla.
Este pedido del juez, hecho con toda delicadeza, aparece en medio de una noticia que nos conmueve: el Ministro de Justicia oculta que como producto del irresponsable trabajo de refacciones edilicias que ordenaron, se expuso el ambiente de trabajo y la documentación allí preservada a la contaminación y acción corrosiva del polvo de asbesto, imposibilitando cualquier trabajo humano sin el debido equipamiento especial. La situación exige ahora tomar medidas serias para superar la emergencia que compromete el trabajo futuro con esa documentación. De esto son conscientes tanto el Ministro de Justicia como el Procurador General de la Nación que hasta hoy ocultan, niegan y se muestran incapaces para resolver de modo serio como urgente lo expuesto.
A pocos días antes de cumplirse 28 años del atentado a la AMIA, la resolución del Juez evidencia el estado de situación, la falta de pruebas de la raquítica acusación Fiscal después del intento Fiscal por desprocesar a los acusados de ser la “conexión local” del atentado, y hasta el agotamiento mismo del proceso judicial.
A esta situación se ha llegado después de muchos años de un esfuerzo deliberado de los poderes del Estado para no esclarecer el crimen impune de la AMIA. Para superar el “relato” oficial, nos comprometemos a trabajar en el análisis de la documentación probatoria.
APEMIA
Para defender nuestros derechos.
IMPORTANTE AUDIENCIA CON EL Dr RAFECAS
“En la decisión que tome el juez se juega la posibilidad de impulsar un trabajo de investigación serio por Verdad y Justicia…”
El Dr. Rafecas, juez federal a cargo de la
causa AMIA, realizó el pasado martes 7 de junio una audiencia para escuchar y
resolver los reclamos que le habíamos anticipado.
Le pedimos que proteja nuestros derechos, ante los obstáculos que ponen los
Fiscales para facilitarnos la prueba documental de la causa y ante su negativa
a permitirnos una relación directa con el grupo interdisciplinario de profesionales
que pudo analizar parte de esa documentación.
Con la audiencia el juez buscó
destrabar un conflicto que lleva ya muchísimo tiempo y vació concretamente la
“causa AMIA”, poniéndola al borde de su agotamiento formal.
De la reunión participaron la Fiscalía, el Ministerio de Justicia (en
representación del PEN) y los familiares querellantes, junto al juez y sus
secretarios.
El juez intentó sin éxito superar los obstáculos y la negativa de los fiscales
a cargo de la UFI AMIA para facilitar lo pedido.
El Fiscal llegó a reconocer que disolvió al grupo especial de profesionales que
fue organizado especialmente hace ya 7 años para colaborar y analizar la
documentación de los servicios de inteligencia del Estado por resolución de la
Procuración General, poniendo como excusa que su labor sería reemplazada por
tecnología con Inteligencia Artificial.
Increíblemente, confunde el análisis de la documentación con los desarrollos
técnicos que pueden facilitar ese análisis.
Tampoco informó quién sería el proveedor de esa tecnología. ¿Otra vez están
pensando en proveedores como la israelí Pegasus, denunciados en Europa y
Estados Unidos por espionaje ilegal?
El juez pudo constatar también la inoperancia del Ministerio de Justicia que
sigue sin terminar las reparaciones y los trabajos de mantenimiento en oficinas
al servicio de la Fiscalía, poniendo en serio riesgo a la documentación que
custodian, además de no comprometerse con fecha cierta a reponer los elementos
técnicos faltantes desde hace años que permitan continuar con la tarea de
digitalizar la enorme cantidad de fondos documentales que son prueba en esta
causa y están abandonados.
La audiencia finalizó sin acuerdos. La situación es verdaderamente dramática…
Desde la Fiscalía se comportan en defensa de los secreto de Estado, como si
fueran un servicio de Inteligencia más y no como responsables de investigar el
crimen y las pruebas en su poder. Bloquean y segmentan la información. No
permiten que circule.
Hace un año ya, entre gallos y medianoche, los fiscales pidieron desprocesar a
todos los acusados de ser la “conexión local” del atentado (Kanoore Edul, Haddad,
Monjo, etc), mostrando su voluntad para vaciar la investigación criminal de
cualquier contenido concreto. DAIA y AMIA siguen manteniendo su silencio
cómplice con esta maniobra.
Nos opusimos entonces a su pedido y la jueza entonces a cargo nos dio la razón:
No hay sobreseimiento alguno si antes no se entregan las pruebas.
En estas condiciones, desde
APEMIA le solicitamos al Dr. Rafecas que
garantice nuestros derechos y no permita que lo conviertan en papel mojado.
Pedimos que supere los obstáculos deliberados y ordene: 1°) salvar los fondos
documentales, incluyendo audios y videos y facilitar nuestro acceso a ellos y 2°)
recuperar al equipo especial de profesionales para ponerlo a nuestra disposición
y trabajar en el análisis de los archivos secretos ya digitalizados.
Laura Ginsberg cerró su pedido afirmando: “En la decisión
que tome el juez se juega la posibilidad de impulsar un trabajo de
investigación serio por Verdad y Justicia o el inexorable cierre formal de la
causa AMIA, después de 28 años de un esfuerzo implacable del Estado por
liquidar la investigación de su responsabilidad criminal en el atentado”.
Buenos Aires, 10 de
junio de 2022
27° aniversario - AMIA: UN CRIMEN DE LESA HUMANIDAD DEVALUADO
Este aniversario de la masacre de la AMIA se produce en un momento muy especial: el Gobierno abandona sus promesas, el valor de su palabra y compromiso.
En la Asamblea Legislativa de 2020, el Presidente aseguró ante la Nación que
“apostamos a una democracia profunda y a una mejor calidad institucional” que
asoció al esclarecimiento del atentado. “Solo se logrará si todos ayudamos a
conocer la verdad… tenemos la decisión irreversible de terminar para siempre,
para siempre, con los sótanos de la democracia”, agregó.
Un año después reconoció que su propuesta fracasó al
recordar que “Esperaba que con eso se iniciara un derrotero que echara luz en
los sótanos de la democracia… Pero
lamentablemente no fue así”.
¿Qué se lo impidió si es un área de su responsabilidad? Los archivos secretos siguen
cerrados: no hay investigación, ni verdad, ni justicia. Su confesión abruma.
No fue la primera vez que esclarecer el crimen de AMIA había
sido puesto en el centro de la escena como materia política pendiente. Lo
novedoso es que lo declara frente al despliegue de pruebas halladas en los
archivos de la participación del Estado y la complicidad internacional de sus
aliados en el atentado.
Esto cuestiona cualquier proyecto institucional como el pregonado. Si para
investigar hay que conocer las pruebas – y los archivos secretos lo son- la
conclusión más elemental es que todavía la investigación no comenzó.
En el camino quedaron fallos judiciales y Decretos que reconocieron el
encubrimiento oficial. ¿Qué encubrieron si no fue el atentado mismo?
Resulta evidente que el Estado no quiere asumir la decisión política de investigar
porque teme reconocer cuán involucrado estuvo en la comisión del atentado y no
sólo en su encubrimiento. Sin esta decisión, pretende que las huellas evidentes
de su participación criminal se diluyan en el tiempo, con el acuerdo del
Legislativo y del Poder Judicial. Para colmo, los Fiscales se apuran para
sobreseer lo que queda de la conexión local. La DAIA/AMIA y la embajada de
Israel le hacen el aguante a esta política.
Los archivos siguen siendo “secreto de Estado” por estar
llenos de esas huellas de la acción del terrorismo de Estado amparada en los
pliegues de la democracia. ¿El Presidente y la Interventora de la AFI no lo
saben?
Aún sin reconocer la participación del Estado en el
atentado, hasta la CIDH reclamó abrir los archivos y un acceso efectivo a
ellos, mientras negocia con el gobierno las condiciones de una eventual condena
de la Corte Interamericana.
La masacre impune de la AMIA y su falta de investigación real
siguen siendo la piedra en el zapato para cualquier intención de “democracia
profunda” y/o “calidad institucional”.
Las viejas y gastadas promesas acerca de “recobrar el rol activo del Estado en
el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad” parecen no alcanzar cuando se
trata del atentado cometido en democracia.
Por eso nos niegan la apertura de los archivos y establecen
una diferenciación política difícil de explicar. El ejemplo es la Res. 467/21 de
la AFI que propone analizar los archivos de la dictadura en su poder con
organismos de derechos humanos.
Casi 45 años después, lo que puede ser un paso adelante para
el esclarecimiento de esos crímenes se nos niega expresamente frente a la
masacre de la AMIA. ¿No es acaso el mismo reclamo? Para el gobierno ¿el
atentado a la AMIA es o no un crimen de lesa humanidad?
Hoy, a 27 años de este crimen del terrorismo del Estado
argentino contra su población, se hace urgente superar la impasse. Sin una
investigación real sólo queda rediseñar la impunidad.
La lucha de nuestro pueblo contra los crímenes de la
dictadura es el motor para esclarecer los crímenes cometidos en democracia. Renovamos
nuestro pedido para abrir los archivos, terminar con el secreto y constituir
una Comisión Investigadora Independiente integrada por personalidades
intachables, organizaciones políticas,
sociales, académicas y de derechos humanos. Es el camino de Memoria, Verdad y
Justicia.
PABLO GITTER
Integrantes de la Asociación Por el Esclarecimiento
de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA)
Buenos Aires, 18/07/2021
Nota: se podrá leer una versión reducida de este artículo, en el diario Clarín del 18/07/2021 https://www.clarin.com/opinion/amia-crimen-lesa-humanidad-devaluado_0_XonzWbNSD.html
REPUDIAMOS LA ABSOLUCIÓN DE TELLELDÍN
QUEREMOS UNA COMISIÓN INVESTIGADORA INDEPENDIENTE
La Agrupación Por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA) repudia el fallo de los jueces del TOF N° 3 Basso, Ríos y Canero que absolvieron de culpa y cargo al imputado Carlos Telleldín como partícipe necesario del crimen de nuestros familiares y amigos en la AMIA.
Casi 27 años después del atentado, después de 3 juicios y 8 años de audiencias llegamos a este resultado porque no hubo ni hay una investigación para esclarecer el crimen y encontrar a todos los responsables. El fracaso de esta búsqueda es no sólo el fracaso del Poder Judicial sino también del Estado argentino todo, que pretendió y aún pretende resolver un verdadero crimen político por la vía judicial. Por eso no se esclarece: están involucrados todos los órganos del poder.
Esta es la razón por la cual el gobierno nacional y los partidos de la oposición se niegan a abrir los archivos secretos e impulsar una investigación seria: se trata de un crimen imputable al Terrorismo de Estado en democracia. En este derrotero cuenta con el apoyo formidable de sus relaciones internacionales, en particular de Israel y Estados Unidos.
Los archivos que el gobierno de Fernández mantiene cerrados son la prueba de los acuerdos políticos profundos de los distintos gobiernos que, desde 1994 hasta hoy, construyeron la impunidad que garantizó la absolución de Telleldín, el primer eslabón de la cadena de las responsabilidades criminales del ataque a la AMIA.
Sólo una Comisión Investigadora puede investigar la responsabilidad que le cupo a los tres poderes del Estado argentino en la producción del ataque y su encubrimiento posterior.
Con tanto fracaso institucional deliberado y tanta impunidad acumulada, nos dirigimos a la sociedad toda, a sus organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles, de derechos humanos, a los grupos de familiares de las víctimas, para que de una buena vez conformemos una Comisión Investigadora Independiente con acceso irrestricto a los archivos secretos.
El Estado argentino es el principal responsable de la masacre impune de la AMIA!
Apertura inmediata de los archivos secretos y entrega a una Comisión Investigadora Independiente!
Juicio y castigo a todos los culpables!
APEMIA
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2020
A 26 años del atentado a la AMIA: ¿Rediseñar la Impunidad?
A 26 años de la masacre de la AMIA, las iniciativas del Gobierno revelan cuál es su interés real por esclarecer el mayor crimen del terrorismo de Estado del período democrático. No se trata de lo que dice, sino de lo que hace.
Este gobierno continúa la orientación de los anteriores: mantiene cerrados los archivos de la SIDE y no responde a lo solicitado por los fiscales hace 3 años, aunque hable de “desclasificación total y absoluta”; en su viaje a Israel reiteró el compromiso de poner la investigación en manos de sus aliados y sostener una acusación internacional sin pruebas, mientras se niega a investigar la responsabilidad criminal de las fuerzas de seguridad locales y ratifica el decreto de Macri y M. Pompeo contra Hezbollah.
Después de varios gobiernos de diferente signo y de tres largos juicios sin un solo sospechado por el crimen, es evidente el esfuerzo del Estado nacional por no investigar ni esclarecer nada, y poner el atentado en el tablero geopolítico internacional para obtener algún beneficio económico o diplomático de su alineamiento y no para su esclarecimiento y castigo a los culpables.
El Poder Judicial es parte de esta estrategia. La Cámara Federal dictó un fallo que le pide al Ejecutivo apelar al Consejo de Seguridad de la ONU para obligar al Líbano, sanciones mediante, a declarar “terrorista internacional” a Hezbollah con base en una Resolución del Consejo que no incrimina a esa organización. Se trata de la Resolución 1373/01, que tampoco fue pensada para aclarar el atentado a la AMIA ni tanto encubrimiento oficial.
Los jueces quieren “determinar … las actividades de los miembros de la organización… en la ‘Triple Frontera’”, lo cual es un objeto de estudio ajeno al atentado y a la causa judicial.
En lo sustancial, lo que les importa es retomar la orientación que Nisman y la SIDE imprimieron a la Fiscalía, bajo la influencia de la dirección judía local, Estados Unidos e Israel.
El Estado nacional entrega su obligación y mandato de investigar para robustecer sus compromisos internacionales. De gobierno en gobierno, el esfuerzo por responsabilizar a los malos del mundo por el atentado hace imposible cualquier investigación. Tenemos intereses diferentes.
Años atrás, la ex Presidenta reconoció su “ingenuidad” por haber impulsado el Memorando para mediar entre las grandes potencias al servicio de un tratado con Irán. Ahora usan la causa AMIA para servir a los intereses de Trump y Netanyahu en el Consejo de Seguridad.
¿No es este otro intento de poner la causa en un limbo internacional?
Las políticas del Gobierno y el fallo judicial nos alejan de esclarecer el atentado. Los jueces son incapaces de superar los obstáculos del Ejecutivo y la Fiscalía para abrir los archivos secretos, conocer su contenido y orientar la investigación hacia las responsabilidades del Estado ya debatidas en juicios anteriores.
Se empeñan en mantener la ficción de “justicia”, mientras el Ejecutivo hace planes de rediseño institucional. No esclarecer el atentado a la AMIA habla de la impunidad provocada desde las instituciones. No habrá rediseño que valga si siguen sosteniendo la impunidad. Nosotros luchamos por superarla… no seremos sus cómplices. Para nosotros, esclarecer el atentado no es lo de menos.
El ataque a la AMIA es un crimen de Lesa Humanidad. El Estado tardó mucho en reconocerlo. Por definición, son los crímenes cometidos por el Estado contra su población y no los que comete un individuo de paso por el país. Para conocer la verdad e impulsar el juicio y castigo a los culpables, hay que estudiar la documentación que sigue secreta incluso para jueces y partes, pese a tanta promesa. Para eso, es necesario aumentar la cantidad de profesionales que la organizan y que les provean las condiciones necesarias para facilitar y agilizar la tarea.
No es el paso del tiempo lo que impide conocer la verdad y esclarecer el crimen… La impunidad y el encubrimiento podremos superarlos. Se trata de cambiar el rumbo. Pensamos en una Comisión Investigadora Independiente con acceso irrestricto a los archivos. La imaginamos integrada por personalidades intachables y representativas de los derechos humanos, la cultura, la política y la sociedad nacional.
Debatir estas ideas y superar los relatos del pasado es el desafío que nos anima. ¿Qué queremos legar a la nueva generación? ¿El rediseño de la impunidad o verdad, juicio y castigo a los culpables?.
Artículo publicado en Clarín on line el 16/07/2020 18:07
El decreto 213/20 dice “DESCLASIFICACIÓN ABSOLUTA” pero los archivos seguirán cerrados
Buenos Aires, 09/03/2020
El gobierno de Alberto Fernández dictó el Decreto 213/20 referido a una supuesta apertura / desclasificación de documentación vinculada al atentado a la AMIA que, en nombre de la transparencia institucional, mantiene la saga de 18 años de decretos de “desclasificación” que ahora presenta como “absoluta” (Art. 3°).
El Decreto 213 se fundamenta en la Ley de Inteligencia 25.520/01 y en sus modificaciones de 2015, en particular en el artículo 16 bis, inciso c), que clasifica toda la información obtenida por la Secretaría de Inteligencia dándole distintos grados de secreto.
En el Art. 1° del Decreto, establece “el carácter de PÚBLICO…a toda aquella información brindada desde el Estado Nacional para los procesos judiciales que ya cuentan con sentencia, relativos al atentado…incluyendo… la totalidad de la información brindada desde el Estado Nacional en las audiencias de los juicios realizados”. O sea que solamente permite el acceso y la difusión de todo el material que haya formado parte como prueba en los juicios relativos al atentado a la AMIA y su encubrimiento, y que hayan tenido sentencia.
Al resto de la información documental no se le da carácter “público”, no se la libera de su condición de secreto, ratificando que no será accesible. Nos referimos a las cajas de documentación que están a disposición de la Fiscalía AMIA, que son parte de la causa que tramita en el juzgado de Canicoba Corral, y que no fueron prueba en ningún juicio hasta el día de hoy. Son los 2 km de cajas que logramos rescatar de la privatización impulsada por el gobierno de Macri, privatización que contaba con apoyo de varios senadores K, hoy en el oficialismo.
Cuando el art. 3 declara “la desclasificación absoluta de la totalidad de la información y documentación relacionada con el atentado… “, lo que hace es confundir al lector desprevenido. La llamada “desclasificación” sólo servirá para impedir el conocimiento público de los archivos secretos.
Por último, y bordeando el absurdo, el Artículo 5° ordena conformar “una mesa de diálogo” en la cual la AFI, el Ministerio de Justicia, el de Seguridad y el de Relaciones Exteriores “dialogarán” junto a la Fiscalía, las víctimas o querellantes “… a fin de procurar transparencia y eficacia en la recolección, tratamiento y difusión de la información estatal…”. Nos proponen dialogar para sortear los “problemas institucionales que impidan el adecuado acceso al derecho a la verdad y a la información”, según se afirma en el texto y no acerca de cómo comenzar una investigación abriendo los archivos.
El Decreto no explicita plazos para su convocatoria ni cuál es la propuesta del gobierno para resolver “lo que luce contradictorio con los alcances del derecho a la verdad en un Estado democrático”, según sus Considerandos.
La “mesa de diálogo” estará integrada por los mismos organismos que debieran ser investigados por el crimen y su encubrimiento. Es una mesa puesta para conciliar el derecho a la verdad con la no apertura de los documentos secretos. Resulta una clara concesión a las presiones de DAIA / AMIA y la Embajada de Israel para mantener el encuadre de la historia oficial e impedir cualquier investigación seria e integral.
Después de prometer un punto final para los “sótanos de la democracia”, en vez de abrir los archivos y entregarlos a una Comisión Investigadora Independiente, el gobierno se encamina a “dar vuelta la página” y poner punto final a cualquier posible investigación, reafirmando su intención de seguir manipulando el tema del atentado para preservar el sistema judicial e institucional. Es el camino contrario a Memoria, Verdad y Justicia con el que Alberto Fernández prometió poner al país de pie durante su discurso ante la Asamblea Legislativa.
El nuevo decreto nada cambió en relación a la apertura de los archivos que reclamamos desde hace décadas y que continúan en secreto. Por ello no constituye un paso en la dirección de nuestro reclamo de apertura de archivos y creación de Una Comisión Investigadora del crimen de la AMIA.
APEMIA
apemia2002@yahoo.com.ar
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